La CIDH pide a Bolivia debido proceso al juzgar crisis de 2019

Vista tranquila de la Asamblea Legislativa en La Paz, uno de los ejes de la crisis constitucional de noviembre de 2019 que ahora procesa la justicia boliviana, bajo advertencias y recomendaciones de organismos de derechos humanos. Foto: Hasán López/ONU
Vista tranquila de la Asamblea Legislativa en La Paz, uno de los ejes de la crisis constitucional de noviembre de 2019 que ahora procesa la justicia boliviana, bajo advertencias y recomendaciones de organismos de derechos humanos. Foto: Hasán López/ONU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes 16 a Bolivia para que “observe los estándares interamericanos de acceso a la justicia y debido proceso”, en los juicios iniciados por la crisis constitucional de 2019 y en el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez y varios de sus ministros.

También el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, recordó “la importancia de respetar las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos judiciales”, al conocer la detención y proceso contra Añez bajo cargos de “terrorismo, sedición y conspiración”.

Entre las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) expuso que “lamentablemente, las detenciones de Añez y otros exfuncionarios del gobierno interino parecen continuar con un patrón de uso parcial de la justicia que contribuye a perpetuar la impunidad para las violaciones a los derechos humanos”.

Ello porque en paralelo con el juicio a Añez y otros responsables políticos y militares “se ha sumado el Decreto Supremo 4461 que concede indulto o amnistía a personas simpatizantes del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido en el poder)”, advirtió la responsable de AI para el hemisferio, Érika Guevara Rosas.

Añez, quien era subsecretaria en el parlamento, asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019, con apoyo de las fuerzas militares y policiales, en el marco de una crisis de gobernabilidad que implicó a salida del poder y del país del hasta entonces mandatario Evo Morales, fundador y líder del MAS.

Al cabo de un año como presidenta interina, Añez entregó el poder el 8 de noviembre de 2020 a Luis Arce, dirigente del MAS y exministro de Morales, quien ganó ampliamente la elección presidencial realizadas tres semanas antes.

Añez y sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía,  fueron encarcelados el lunes 15, en tanto tribunales en La Paz están tras otros responsables de los sucesos de noviembre de 2019 y del gobierno interino, algunos de los cuales han buscado refugio en legaciones diplomáticas

La CIDH pidió a la justicia boliviana “investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los sucesos en el marco de la crisis, así como a garantizar la reparación de las víctimas”.

En un largo mes de crisis y manifestaciones, en contra y a favor de Morales, hubo al menos 35 muertos y 800 heridos, según reportes de la Fiscalía, medios locales y AI.

Por eso, la CIDH expresó “su completo compromiso con la defensa y protección de los derechos de las víctimas y sus familiares”, y pidió “reparación integral en relación con las graves violaciones de los derechos humanos”.

AI lamentó que se procese a Añez y sus colaboradores por sedición, conspiración y terrorismo, “y no por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su gobierno y que deben ser investigadas de manera independiente, imparcial y con respeto a las garantías del debido proceso”.

La CIDH dijo estar informada de que Añez y sus colaboradores “han denunciado ser víctimas de persecución y, en el caso de las personas aprehendidas, no haber sido notificadas oportunamente, entre otros aspectos relacionados con el debido proceso”.

También recibió información de la Defensoría Pública de Bolivia en el sentido de que verifica el debido proceso y los detenidos no han sufrido torturas ni malos tratos, y de la Fiscalía General, según la cual sus acciones “no responden a una persecución política sino a los actos propios de una investigación ante una denuncia”.

La CIDH insistió en que “los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno, deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia”.

A-E/HM

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