El escenario tan temido por organizaciones ambientalistas y académicos se ha materializado en América Latina y el Caribe, pues los efectos de la pandemia de coronavirus han relegado la lucha climática en la región.
Muestra de ello es la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC en inglés), las metas voluntarias de reducción de emisiones y las medidas para alcanzarlas, para así cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015.
A la fecha, 190 miembros del Acuerdo de París han presentado su NDC. Doce países latinoamericanos y caribeños enviaron en 2020 a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) sus políticas climáticas, a pesar del clamor de su secretaria ejecutiva, la mexicana Patricia Espinosa, para que todas las partes del tratado lo hicieran en 2020.
Hasta ahora, solo Argentina, Granada y México remitieron una segunda versión de sus NDC, en una región que representa menos de 10 por ciento de la contaminación planetaria, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
“Ante los impactos de covid-19, los gobiernos de la región han priorizado el uso de sus presupuestos nacionales a las medidas sanitarias y económicas, interrumpiendo o reduciendo la implementación de políticas y medidas de acción climática”, dijo a IPS el brasileño Carlos Rittl, investigador del alemán Instituto de Estudios Avanzados en Sostenibilidad de Postdam.
El experto resaltó en diálogo desde Postdam que ningún gobierno ha establecido estrategias de recuperación económica basadas en un desarrollo sostenible bajo en carbono.
Aunque voluntarias, las NDC son una parte cardinal del Acuerdo de París, sobre las que pivota la meta deseable de contener el incremento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, considerada indispensable para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.
En ellas, las naciones deben establecer cuáles son sus metas para 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del recalentamiento planetario.
Para esas metas se toma como línea base un año especifico, la forma de conseguirlas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, vale decir absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.
Para contener la propagación del coronavirus y sus impactos, la región ha tomado decisiones económicas de emergencia, como apoyos a empresas grandes, medianas y pequeñas, así como a trabajadores vulnerables, pero esos paquetes carecen de componentes ecológicos, como compromisos de producción sostenible o de baja contaminación.
Las políticas climáticas serán el foco de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la CMNUCC, que tentativamente se realizará en noviembre próximo en Glasgow, en el Reino Unido, luego de ser pospuesta en ese mismo mes de 2020 por la pandemia.
La reunión también debatirá las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento a las políticas climáticas nacionales y los recursos del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños, diseñado en la COP19 para ayudar a las regiones azotadas por desastres climáticos.
Unos peor que otros
En el caso latinoamericano y caribeño, algunas naciones como Argentina y Chile mejoraron sus promesas, pero otras, como México, se estancaron.
Las medidas de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú son insuficientes para contener el recalentamiento global, según la plataforma Climate Action Tracker (Monitoreo de Acción Climática).
En el caso de las tres mayores economías latinoamericanas –Brasil, México y Argentina-, sus gobiernos priorizan el financiamiento de mayor explotación de hidrocarburos, señala.
Para Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de la no gubernamental Fiscalía de Medio Ambiente de Chile (Fima), la NDC del país andino contiene aspectos importantes, pero con faltantes fundamentales.
“Hay una meta de mitigación más ambiciosa, incluye contaminantes de vida corta, también un pilar social que todavía no se aplica, plantea cerrar las carboeléctricas, la neutralidad del carbono a 2050 y un pico de emisiones a 2025. Pero no hay nada de reparación de territorio”, analizó desde Santiago de Chile para IPS.
Entre 1999 y 2016, las emisiones de Chile avanzaron 115 por ciento y las del sector energético, 137 por ciento, el ramo más contaminante.
Chile aún no aprueba su proyecto de la Ley de Cambio Climático, que está vinculada a su NDC, que determina la neutralidad de emisiones a 2050, la Estrategia Climática de Largo Plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación al fenómeno climático, así como específicos planes hídricos.
En su NDC, México asumió la reducción de 22 por ciento de sus emisiones contaminantes para 2030, especialmente en la generación de energía. En 2018 el país lanzó a la atmósfera 462 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el gas generado por las actividades humanas y que ocasiona el recalentamiento del planeta.
El 29 de diciembre México divulgó su actualización de la NDC, sin incrementar la meta de reducción de emisiones, para decepción de organizaciones ambientalistas, y en contravención del Acuerdo de París y de su propia ley de cambio climático.
Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental, cuestionó el proceso de actualización de la NDC y su resultado.
“A partir de la nueva administración, las prioridades se basan en una política que busca recuperar la soberanía energética en hidrocarburos y generación eléctrica”, planteó a IPS.
Bajo ese argumento, “se han echado abajo una serie de políticas y regulaciones, que tienen como consecuencia el retraso de la transición energética. México no le dio importancia a actualizar su NDC”, criticó.
Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018, prioriza el apoyo público a las estales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, para apuntalar la extracción y quema de carburantes fósiles, y construye una refinería en el estado de Tabasco, en la costa sudoriental del país.
En América Latina, Brasil, el sexto mayor contaminador global, se ha transformado en el villano climático, pues desde que llegó al poder en enero de 2019 el gobierno de Jair Bolsonaro fomenta las industrias contaminantes y facilita la deforestación de la Amazonia, el mayor ecosistema de la región.
Desde 2009, Brasil tiene una Política Nacional de Cambio Climático, basada en acciones como la lucha contra la deforestación en la Amazonia, la inversión en agricultura sostenible y energías renovables.
Además, adoptó metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la tasa anual de deforestación en la Amazonia, la principal fuente de emisiones de Brasil, que deberían haberse cumplido en 2020.
“Lamentablemente, esta política nacional fue completamente abandonada por el gobierno, así como el plan para combatir la deforestación en la Amazonia. Más de 74 por ciento de las inversiones energéticas proyectadas por el gobierno para los próximos 10 años se destinarán a combustibles fósiles”, resaltó Rittl.
Para el investigador, “la gobernanza climática del país existe solo en papel”.
Ante ello, Rittl alertó: “Brasil corre el riesgo de ser el único país del mundo donde las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en 2020 a pesar de la recesión económica, debido al aumento de la tasa de deforestación en la Amazonia”.
Además, recordó, “también fue el único país que presentó peores metas climáticas en 2020 que las presentadas en 2015, violando el principio de no retroceso del Acuerdo de París”.
En Chile, la Fima y otras organizaciones instaron al gobierno a una reactivación sostenible.
“Proponemos generar inversión pública con beneficios socioambientales a largo plazo. Nos falta institucionalidad, que los compromisos sean obligatorios internamente, se necesita un plan de descarbonización más ambicioso y que esté amarrado a la ley climática. También hay que fortalecer la adaptación” a la crisis climática, planteó Burdiles.
En México, López Obrador enfrenta la presión del sector ambiental, pero no parece proclive a cambiar el curso.
“Hay varios aspectos preocupantes y esperaríamos que se retome el rumbo, de cómo tendríamos que dar respuesta a los compromisos internacionales, y también por nuestra responsabilidad como grandes emisores. No respondemos a la altura del desafío”, señaló Velasco.
“México puede verse en el espejo de Brasil”, que “es ahora un paria climático global. Y un mal ejemplo que puede influir en otros países para reducir también la implementación de sus políticas climáticas”, según Rittl.
Si bien la decisión del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, de reincorporar a su país al Acuerdo de París, luego de que su predecesor Donald Trump lo retirara en 2017, suscita optimismo de generar ímpetu en la lucha climática, su efecto en América Latina aún está por verse.
ED: EG
