Myanmar mira hacia atrás con ira y miedo tras el golpe militar

Los bancos volvieron a abrir sus puestas el martes 2 en Yangón, la ciudad más poblada de Myanmar, después de permanecer cerrados en día anterior, cuando se consumó un golpe militar en el país. Foto: Periodista de IPS en Yangón

La noche del martes 2 y la madrugada del miércoles 3, tras el nuevo golpe militar en Myanmar, se repitieron dos escenas familiares en este país del sudeste de Asia y otro lugar opuesto del mundo.

En Nueva York, la comunidad internacional no logró ponerse de acuerdo, otra vez, sobre una respuesta contundente a la nueva acción de fuerza del Ejército birmano, en una reunión por videoconferencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Mientras, en la capital de la antigua Birmania, Naypyitaw, la gobernante de hecho, Aung San Suu Kyi, de 75 años, volvió a estar bajo arresto domiciliario, al igual que el saliente presidente, Win Myint, y otras figuras políticas prominentes, sin duda bajo la presión de los militares para que cedieran a sus demandas.

Observando y esperando señales importantes está el pueblo de Myanmar, extremadamente preocupado y enojado y ya organizando movimientos de desobediencia civil a través de las redes sociales, en especial en Rangún, su antigua capital y la ciudad más poblada del país, y Naypyitaw.

En este país de 55 millones de habitantes, el 8 noviembre, en medio del agravamiento de los impactos sanitarios, económicos y sociales por la covid,  los birmanos votaron en forma abrumadora para que la Liga Nacional Democrática (NLD), el partido de Suu Kyi, siguiese gobernando otros cinco años.

Pero al amanecer del 1 de febrero, cuando debía inaugurarse la nueva legislatura del parlamento y comenzar la selección de su nuevo presidente, el proceso democrático fue interrumpido abruptamente por los militares, que nunca han dejado de tutelar la gobernabilidad del país.

El golpe tiene su origen en la humillación que los electores infringieron al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), la fuerza política instrumental de los militares. Su argumento es que en los comicios hubo un “grave fraude electoral”, pese a que todos los observadores internacionales aseguraron que fueron transparentes y con todas las garantías.

El PSUD obtuvo solo 33 puestos en el nuevo parlamento, frente a los 346 del NLD.

Win Htein, veterano patrocinador de la NLD y exoficial de la Fuerza Aérea birmana, ha pedido al pueblo que se oponga pacíficamente al golpe.

“Lo que quiero decir ahora mismo, mientras todavía tengo tiempo, es que todos en el país deben oponerse en la medida de lo posible a las acciones que buscan para llevarnos a cero destruyendo nuestro gobierno”, dijo a periodistas en el capital, según registró la revista Frontier Myanmar.

Las tiendas minoristas en Sule Square, en el centro de Yangón, permanecían cerradas un día después del golpe militar en Myanmar. Foto: Periodista de IPS en Yangón
Las tiendas minoristas en Sule Square, en el centro de Yangón, permanecían cerradas un día después del golpe militar en Myanmar. Foto: Periodista de IPS en Yangón

Una historia de poder militar

Sin embargo, si la historia sirve de guía, Myanmar podría estar en el comienzo de otro período prolongado de oscuridad y dictadura.

En 1990, la junta militar de la época celebró elecciones relativamente libres dos años después de una brutal represión de las protestas dirigidas por estudiantes que vieron a Suu Kyi, inesperadamente para todos, incluida ella misma, entrar en el escenario político.

Su LND arrasó en las elecciones, pero los militares anularon los resultados y la mantuvieron bajo arresto domiciliario. La LND boicoteó las elecciones de 2010, pero en 2015 se convenció de que los militares se tomaban en serio la idea de compartir el poder mediante una hoja de ruta hacia la democracia, aunque tenía muchas brumas.

La LND ganó de manera aplastante gracias al poder estelar de su líder, la ira generalizada contra la exjunta y su partido títere, y asistida por el sistema electoral “first-past-post”, que asegura puestos claves a los militares en el parlamento y el gobierno.

Para cuando la ícono de la democracia en Myanmar formó su gobierno a principios de 2016, con tres ministerios clave para los generales, había pasado un total de 15 años bajo arresto domiciliario, durante los cuales recibió el Premio Nobel de la Paz 1991.

El país estaba saliendo a la superficie, cansado y agotado, de casi medio siglo de duro gobierno militar junto con el aislamiento y las constantes guerras de bajo nivel en sus fronteras.

Esa primavera de 2015 vio el florecimiento de medios impresos relativamente libres, incluida la sala de redacción gloriosamente multiétnica del Myanmar Times, el primer diario no estatal en inglés del país, y una explosión de telecomunicaciones abiertas y redes sociales, dominadas por Facebook.

Los inversores extranjeros acudieron en masa, aunque al igual que los turistas llegaron más que nada para observar de cerca a un país con una historia reciente “exótica”. El  “proceso de paz” respaldado por las Naciones Unidas comenzó de nuevo con grupos étnicos armados. El primer establecimiento de Kentucky Fried Chicken en Yangon fue todo un acontecimiento.

Fue un momento de esperanza y muchas personas, incluidas bandadas de activistas de oenegés y de trabajadores humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llegaron a Myanmar ignorando señales de advertencia sobre lo frágil del proceso democrático interno.

Encantadora en sus entrevistas con la BBC y otros medios internacionales pero muy reacia a hablar con la prensa local, Suu Kyi era conocida por ser autocrática y terca y al principio se entregó a sí misma un puñado de ministerios, al no poder acceder a la presidencia por ser sus hijos ciudadanos extranjeros, según uno de los anómalos artículos de la Constitución de 2018.

También es una nacionalista y budista bamar, el grupo religioso y étnico mayoritario en Myanmar, que, según quienes la conocieron en sus primeros años de lucha a favor de la democracia, cree que los musulmanes rohinyás no forman parte del tejido histórico de Myanmar y no son parte del país, aunque sea una minoría asentada hace muchas generaciones.

El general en jefe Min Aung Hlaing, jefe de la junta militar que desde el lunes 1 controla todos los poderes del Estado, comparte mucho de ese pensamiento, aunque la relación con la líder civil se ha caracterizado como muy tensa, hasta volverse como imposible tras los comicios que consolidaban el respaldo popular a la líder civil.

Es pese a que Suu Kyi destruyó su impecable imagen internacional al negarse a condenar o intentar detener la brutal limpieza étnica de la Tatmadaw, el nombre oficial de las Fuerzas Armadas birmanas,  de cientos de miles de rohinyás en 2017 y luego al defender al país contra las acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, en una audiencia en diciembre de 2019 en La Haya.

La hija del legendario mártir de la independencia y fundador de las Fuerzas Armadas de Myanmar consolidó aún más su posición entre los nacionalistas de la mayoría budista de bamar, pero persistieron las tensiones con Min Aung Hlaing sobre el futuro del país, y en particular el militar.

Pero, ¿por qué actuaron los generales ahora? Después de todo, la constitución de 2008 que redactaron asigna 25 por ciento de los escaños en el parlamento a los militares, suficiente para bloquear los intentos de cambiar la Constitución, más tres ministerios clave y la nominación de uno de los dos vicepresidentes.

El Tatmadaw también se ha aferrado con éxito a sus enormes intereses económicos que van desde empresas de cerveza hasta de joyería. Controlan el llamado proceso de paz Suu Kyi los defendía en la arena internacional.

Abundan las especulaciones al respecto en estos tensos días en Myanmar.

El momento fue dictado claramente por la necesidad de Aung Hlaing de evitar que el parlamento iniciase sus funciones y designase a un presidente, un proceso que habría validado las elecciones que los militares alegan que fueron defectuosas así no presenten evidencia alguna sobre ello.

El general ahora todopoderoso habría considerado “inevitable” el golpe, porque estaba furioso  ante una imagen de debilidad e intrascendencia en que lo dejaba la negativa de la comisión electoral y el  gobierno de atender las acusaciones militares de fraude.

También se rumorea que Aung Hlaing, de 64 años, con una edad que lo enfrenta a la jubilación este mismo año, había exigido seguir el camino de los anteriores jefes de las Tatmadaw y que lo nombraran para un cargo político de alto nivel, como presidente del ejecutivo o del parlamento.

Se asegura que Suu Kyi,  gobernante de facto desde el Consejo de Estado, se negó a esas pretensiones, lo que dio el ultimo pistoletazo para el golpe.

¿Qué sigue? El ejército ha puesto en libertad a algunos de los detenidos, incluidos antiguos activistas estudiantiles e intelectuales, y ha formado un gobierno interino con la intención declarada de celebrar elecciones multipartidistas tras un año de “reordenamiento” de los poderes internos.

En el frente internacional, el Tatmadaw teme poco a las sanciones selectivas que probablemente impongan los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Sin embargo, una retirada de la ayuda y las inversiones japonesas tendría un impacto mucho mayor.

Las relaciones con China son complejas y, a veces, tensas, pero el Tatmadaw puede razonar que Beijing continuará ofreciendo cierta protección en el frente diplomático y no interrumpirá sus inversiones por razones estratégicas a largo plazo.

La agencia estatal de noticias de China, Xinhua, se refirió al golpe como una “reorganización importante del gabinete”. El gobierno de Tailandia respaldado por el ejército también puede estar dispuesto a seguir cooperando.

La NLD insiste en que se reconozcan los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. Pide calma pero también desobediencia civil. Los trabajadores de la salud han comenzado a ir a la huelga, en medio de la pandemia de covid y con el programa de vacunación recién comenzado.

La población, en tanto, espera con ansia que Suu Kyi sea liberada y se dirija al país.

Pero los generales tienen buen ojo para apañar la historia y tomar decisiones que sostengan su legado de artífices de poder birmano, como evidenció su decisión de 2006 de trasladar la capital de Yangon a Naypyitaw.

También son conscientes de que de que el último gran estallido popular, la llamada“revolución azafrán”, liderada en 2007 por los monjes budistas, tuvo como detonante el alza de los combustibles.

La economía actual está gravemente debilitada por los confinamientos y cierre de actividades forzadas por la pandemia, lo que ha sumido a buena parte de la población en la pobreza extrema.

Los generales han elegido un momento extremadamente difícil para imponer de nuevo un gobierno militar directo sobre un pueblo resistente al que se le ha dado una muestra de libertad política y quiere más.

Antes de pasar a colaborar con IPS, Guy Dinmore fue editor de noticias de The Myanmar Times en 2015 y 2016. La identidad del periodista que reporta para IPS desde Yangón se mantiene bajo reserva por su seguridad.

T: MF/ED: EG

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