Los generales de Myanmar dieron un golpe para impedir que Aung San Suu Kyi, la popular líder civil del país, mantuviera el poder político y 16 días después, comenzó el proceso judicial en su contra, en una audiencia a puerta cerrada, por videoconferencia y sin abogados, en un juicio con el ostensible propósito de impedir su participación en las próximas elecciones, cuando las haya.
El juicio contra Suu Kyi y el presidente formal los últimos cinco años, Win Myint, se calcula que durará seis meses, y analistas en el país y en sus vecinos descuentan que serán declarados culpables, porque la Junta Militar que desde el 1 de febrero gobierna la antigua Birmania no permitirá otro veredicto.
La que fue hasta entonces presidenta del Consejo de Estado está acusada de violar las restricciones de importación después de que se encontraron walkie-talkies y otros equipos extranjeros en el complejo de su villa. Fueron descubiertos durante un registro en su residencia el mismo día del golpe, cuando ya quedó en arresto domiciliario.
Los militares de este país del sudeste asiático se apoderaron también de todos los poderes del Estado, incluido el judicial y el legislativo, dejando el mando absoluto en manos del comandante en jefe, el mayor general Min Aung Hlaing.
La Premio Nobel de la Paz 1991 también está acusada de contravenir una ley de gestión de desastres naturales al interactuar con una multitud en un mitin electoral, en medio de la pandemia de covid-19. Un cargo que se agregó después de su arresto original y solo se reveló públicamente durante su audiencia. De algo similar se acusó a Win Myint.
Diferentes informaciones aseguran que los dos acusados comparecieron en la sesión digital del martes 16 sin representación legal durante la apertura del proceso.
Los militares prometieron que habrá elecciones en algún momento del próximo año después de que se levante el estado de emergencia que impusieron al dar el golpe.
Las autoridades myanmas siguen investigando acusaciones más graves contra Suu Kyi, relacionadas con la recepción de fondos extranjeros, que podrían equivaler a cargos de traición, y condenarla así a una larga pena e inhabilitación política perpetua.
Suu Kyi y la NLD, espinas a arrancar
Los comandantes militares también parecen decididos a preparar un caso contra su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), para declararlo ilegal y eliminarlo de la escena política.
La LND, que ganó abrumadoramente las elecciones del 8 de noviembre, sigue siendo una espina clavada en los militares, más después de que desde el golpe cientos de miles de manifestantes han salido a la calle para defender la democracia y rechazar el golpe, en un movimiento en que la Liga sería clave en su organización.
“El movimiento de desobediencia civil es una campaña no violenta iniciada por jóvenes médicos en todo el país: fue una respuesta espontánea contra el golpe, mientras estaba aún en desarrollo”, dijo a IPS la destacada activista Thinzar Shunlei Yi, involucrada en la protesta en Yangón, la antigua capital birmana y la ciudad más poblada del país.
“Ha crecido diariamente a medida que los funcionarios públicos han inspirado a otros a defender nuestra democracia”, agregó.
Los manifestantes se mantienen desafiantes frente a las fuerzas de seguridad, pese a que la represión aprieta. Se enfrentan diariamente a intimidaciones, amenazas y hostigamientos a manos de la policía y los soldados están estratégicamente estacionados para desalentar y dispersar las protestas.
La creciente presencia en las calles de las tropas, los tanques y los cañones de agua no han disuadido las protestas, que aumentan día a día. Pero la fuerza del movimiento es que abarca a todas las generaciones, de adultos mayores a adolescentes, funcionarios y trabajadores.
Todos apoyan la democracia, y en gran proporción también a la LND.
“Esto es muy diferente de las manifestaciones a favor de la democracia de 1988, cuando el movimiento estudiantil aspiraba a la democracia pero no sabía realmente lo que significaba”, dijo a IPS Nyein Chan Aung, una mujer de 88 años. “Esta vez saben lo que quieren, saben lo que están perdiendo y están muy, muy enojados”, aseguró.
Volver el reloj atrás
Mientras tanto, los militares avanzan en el desmantelamiento de la incipiente estructura democrática del país, para retroceder el reloj histórico a la larga etapa en que ostentaron un gobierno militar directo.
En este país multirracial y multiétnico de mayoría budista y cerca de 55 millones de habitantes, en 1988 una revuelta en favor de apertura política desembocó en otro golpe castrense, y los militares se negaron a abandonar el poder pese a que en las elecciones más libres en tres décadas, en 1989 la LND ganó cómodamente los comicios.
En 2008, una reforma de la Constitución, promovida por los militares, que en 1989 cambiaron el nombre del país y transfirieron la capital a Naypyitaw, se estableció una “democracia con disciplina”, un concepto que faculta el tutelaje militar de los gobiernos, estén o no al frente.
Tras largos años en arresto domiciliario y una nueva Constitución, en 2008, redactada con vetos específicos a que Suu Kyi gobernase –como prohibir la presidencia a quien tuviese hijos nacidos en el extranjero-, en 2015 la LND volvió a ganar las elecciones, comenzando un proceso democrático titubeante y con puntos oscuros, ahora interrumpido.
El hecho más oscuro en que Suu Kyi gobernó de facto desde el Consejo de Estado, fue el de las masacres contra la minoría musulmana rohinyá, en operaciones militares de “limpieza étnica”, que forzaron su masivo éxodo a Bangladesh y otros países, y que la política avaló, hundiendo su imagen internacional, mientras la interna permaneció incólume.
De hecho, en las elecciones del 8 de noviembre la LND arrolló en las urnas y humilló a la fuerza política instrumental de los militares, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), que solo obtuvo 33 escaños, frente a los 346 de la Liga, lo que garantizaba a Suu Kyi cinco años más en el gobierno.
Eso, hasta que el día que debía instalarse el nuevo parlamento, los militares dieron el golpe.
Cambios de los poderes a toda marcha
Durante las últimas tres semanas, la Junta ha desarrollado una nueva administración: de nacional, provisional a distrital y distrital. En todos los poderes quitó a los titulares electos y colocó a personas cercanas al Ejército.
El Tribunal Supremo se transformó, al reemplazar a los jueces por otros leales a los militares. Los integrantes de la Comisión de Elecciones de la Unión también fueron cambiados por miembros promilitares, y similares medidas se adoptaron en los altos niveles de los ministerios, en un plan que se asemeja al del régimen militar anterior.
Pero la administración pública se transformó profundamente en los últimos 10 años, mediante una reforma integral, que ahora pone a los funcionarios en la primera línea del combate contra el régimen militar.
“Me temo que la militarización de la burocracia está en marcha nuevamente”, dijo a IPS un antiguo diplomático birmano bajo condición de anonimato.
Recordó que “en el pasado, se destruyó la moral de los funcionarios públicos, la eficiencia y la experiencia del servicio civil, y se convirtió a la burocracia en otro brazo de las fuerzas armadas: despojada de la iniciativa y el pensamiento independiente, lo que la hizo impotente para hacer otra cosa que seguir órdenes y recrear un Estado verdaderamente autoritario”.
La Junta militar también ha asestado un golpe mortal al desarrollo de ideales y prácticas democráticas, siendo lo peor los cambios masivos en las leyes y los nuevos edictos.
Los activistas y grupos de derechos humanos en Myanmar han condenado estas medidas como inaceptables y una grave erosión de los derechos humanos y civiles básicos, especialmente los cambios en las leyes de protección y seguridad ciudadana.
Esa nueva legislación permite la negación de un abogado a los presos, como le sucede a Suu Kyi desde su detención.
También incluye el derecho a detener a los presos de forma ilimitada, el derecho a arrestar a personas sin una orden judicial y registrar los hogares sin impedimentos, realizar vigilancia sin restricciones, interceptar cualquier forma de comunicación y solicitar información de los usuarios a los operadores del sector.
La Junta también ha promulgado una ley cibernética draconiana que esencialmente les permite acceso completo a la información digital y a todas las redes sociales con el derecho de enjuiciar a cualquier persona que consideren que ha cruzado una línea que no está especificada.
“Los cambios en las leyes equivalen a la eliminación de todos los derechos de libertad de expresión, asociación y libertad, así como los derechos asociados al estado de derecho y un juicio justo”, dijo a IPS el abogado británico Stephen McNamara, quien trabaja con colegas en Myanmar desde 2007.
Aseguró que “estos cambios en las leyes básicas de Myanmar son más amplios que cualquier enmienda desde el siglo XIX. Refleja un Ejército que pretende mantenerse en el poder por mucho tiempo”.
El hecho de que los militares vuelvan a dar un golpe cuando no se salen con la suya “jugando” a la apertura democrática refleja claramente la mentalidad y las prioridades de los militares myanmas. Les resultó inaceptable la aplastante victoria de la LND por segunda vez en cinco años, gritaron “fraude masivo” y retomaron el poder directo.
Estaban conmocionados por lo arrollador del triunfo de la LND, porque según los analistas birmanos aspiraban a un resultado que obligara a establecer una coalición multipartidista, con participación de los militares y grupos étnicos aliados, en un escenario que ni siquiera la Liga de Suu Kyi preveía el alcance de su victoria.
Modelo tailandés
Los militares prevén un futuro político en el que el Ejército es una parte integral de la estructura del poder y de la administración, en una fórmula muy similar a la que existe en Tailandia, uno de sus vecinos, del que Bangkok es su capital.
De hecho, al comandante en jefe y ahora presidente de la Junta, Min Aung Hlaing, no esconde su atracción por ese modelo, donde el Ejército tiene un rol determinante, se protegen los intereses económicos militares, se promueve una economía autosuficiente y se implanta una democracia tutelada, que excluya “todas las veleidades izquierdistas”.
Una democracia pluralista no cabe en esa concepción del poder y de su papel dominante.
Por supuesto, los líderes golpistas también ven como modelo a seguir la hoja de ruta hacia la democracia desarrollada en 2003 por el entonces jefe de inteligencia y primer ministro, el general Than Shwe.
Esta figura proyectó avanzar a una apertura democrática, mediante gobiernos de coalición y unidad nacional, con presencia de civiles y militares, que hacía hincapié en una democracia tutelada por el Ejército. Pareciera ser hacia ese modelo hacia el que quieren retroceder los militares ahora, una vez limpiados los elementos “negativos” de los últimos cinco años.
“Los soldados, la policía y sus matones contratados salen por la noche y libran una guerra de terror contra las personas que se perciben como líderes del movimiento de protesta y realizan su campaña de intimidación, hostigamiento y arrestos”, dijo Nyein Chan Aung.
Pero, aseguró, “esto es diferente de 1988, y las nuevas tácticas nuevas generaciones han provisto a los manifestantes con armas que ayudarán a derrotar a los militares a largo plazo. Con los teléfonos móviles, Internet y las redes sociales, el movimiento de desobediencia civil tiene una voz que se escucha en todo el mundo. Las tácticas militares están condenadas al fracaso esta vez”.
Mientras el futuro de Myanmar se sigue dirimiendo en las calles, el juicio contra Suu Kyi se espera que prosiga el 1 de marzo, inyectando eventualmente gasolina al descontento social.
T: MF/ ED: EG
