Honduras ha sido noticia este principio de año por la caravana de migrantes que partió hacia Estados Unidos. Sin embargo, ha pasado desapercibido que los legisladores del país aprobaron una reforma que hará prácticamente imposible legalizar el aborto ahora y en el futuro.
Mientras Argentina, tras una larga lucha feminista, celebra la legalización del aborto, Honduras se sitúa en las antípodas. Hoy es el país latinoamericano que más represiones acumula contra la medida. El 21 de enero de 2021, 88 congresistas aprobaron la reforma que prohíbe absolutamente el aborto.
La reforma al artículo 67 está orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro en Honduras y la llaman «el escudo contra el aborto».
Surgió como respuesta al imparable movimiento verde feminista que, por toda América Latina, está buscando defender los derechos de la mujer y legalizar el aborto libre en todos los países de la región.
El aborto en Honduras es ilegal en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación e incesto y de peligro para la salud de la madre o el feto. El Código Penal hondureño establece que «el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto».
La prohibición es tal, que cualquier persona que ayude a una mujer a abortar puede ser acusada penalmente y encarcelada. Asimismo, el gobierno también prohíbe tomar la pastilla «del día después».
Para las activistas feministas, esta iniciativa es un precedente regresivo que podría replicarse en el resto de la región. La nula voluntad para suavizar la ley en Honduras se vio en 2017 cuando se intentó aprobar una ley que despenalizara el aborto en casos de incesto y violación y solo ocho de los 128 congresistas la apoyaron.
Beatriz Valle, ex congresista hondureña, afirma que «vivimos en una sociedad conservadora en extremo, pero esto es un tema de salud pública».
La nueva reforma constitucional también excluye la posibilidad que una sentencia judicial la limite o que una nueva constitución pueda cambiarla. Esto hace que sea un candado absoluto para evitar que las mujeres puedan acceder a abortos seguros.
La Línea
Como respuesta a la penalización del aborto, en Honduras nació un servicio clandestino llamado «La Línea» que, por muchos años, ayudó a mujeres que necesitaban ayuda y carecían de lugar al que acudir.
Mencionada discretamente entre amigas y conocidas a través de volantes que se repartían en universidades y escuelas secundarias en Tegucigalpa, la capital, La Línea era un simple número telefónico al que cualquier hondureña podía llamar y pedir información sobre el aborto.
Las mujeres que administraban La Línea eran anónimas y voluntarias. En un país católico y en el que cada barrio tiene su iglesia evangélica, cualquier cosa relacionada con el aborto y cualquier iniciativa para apoyarlo se considera algo pecaminoso. A pesar de ello, La línea nació en 2016 y se hizo tan popular que, en 2018, decidió ampliar su alcance.
En una movida arriesgada, sus creadoras intentaron poner un aviso en el popular diario La Tribuna con el teléfono al que las mujeres podían llamar. El periódico se negó a publicarlo y, poco después, el teléfono de la organización dejó de funcionar.
Así, las dueñas de La Línea entendieron que La Tribuna había denunciado el número, lo que las puso en una situación precaria ya que, si cambiaban de tarjeta SIM, miles de mujeres que necesitaban su ayuda y tenían ese número quedarían a la deriva.
Por eso, unos meses más tarde, en octubre de 2018, las dueñas de La Línea compraron otro teléfono y, para su sorpresa, pudieron retomar el servicio con el mismo número.
La Línea se mantiene activa en la clandestinidad y sin certeza de hasta cuándo podrá seguir activa.
Cifras del horror
En Honduras existe un agudo problema de delitos violentos. El país tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo, y cada 22 horas una mujer muere de forma violenta.
Asimismo, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de abuso sexual.
Según una encuesta gubernamental, además, 40 % de los embarazos no deseados del país son producto de violaciones, mientras que más de 30 000 adolescentes entre los 10 y 19 años han sido madres en el último año. Los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en Honduras necesitan urgentemente una revisión profunda que lleve a acciones políticas concretas.
Según un informe de 2019 de Humans Right Watch (HRW), cada año se practican entre 50 000 y 80 000 abortos en el país centroamericano. Todos esos abortos se hacen ilegal y clandestinamente, por lo que es urgente abordar esta problemática más allá del ámbito represivo, para que incluya temas como educación sexual, educación reproductiva y formas de anticoncepción.
La covid-19 trae más violencia
El confinamiento fruto de la crisis de la covid-19 solo empeoró la situación de las mujeres en Honduras.
Para finales de 2020, más de 800 niñas entre los 10 y 14 años dieron a luz y la línea de emergencia recibió más de 100.000 llamadas de mujeres víctimas de abuso doméstico, que incluye abuso sexual y falta de atención y educación reproductiva.
Frente a esto, la postura del presidente Juan Orlando Hernández y de su partido, el Partido Nacional, sigue siendo la misma que expresó en 2017 frente a la posible despenalización del aborto en casos de incesto, violación y malformaciones del feto: «el único que puede dar y quitar la vida es Dios».
Este es el contexto en el que se votó la nueva reforma que condena a las hondureñas a seguir buscando ayuda clandestina y a soportar abortos ilegales, peligrosos y, en muchos casos, mortales.
El movimiento feminista latinoamericano, y todos aquellos que trabajan por los derechos humanos, tienen un reto colosal si quieren que esta gravísima injusticia no se perpetúe en el tiempo, cuando entramos ya en la tercera década del siglo XXI.
Este artículo fue publicado originalmente por DemocraciaAbierta.
RV: EG
