La Caravana Migrante 2021 procedente de Honduras y con destino a Estados Unidos se mantiene sin avanzar las últimas 24 horas ya que elementos de la Policía Estatal de Guatemala lograron bloquear su avance en el punto conocido como Vado Hondo, mientras que organizaciones no gubernamentales pidieron el respeto hacia sus derechos humanos.
Autoridades mexicanas se instalaron en Ciudad Hidalgo y Suchiate, en el fronterizo y sureño estado de Chiapas, y El Ceibo, en Tabasco, ante la posibilidad de que parte de la caravana logre ingresar al país desde el país centroamericano.
Se calcula que esta Caravana está compuesta por más de 3000 personas, quienes partieron el 15 de enero de la estación de autobuses de San Pedro Sula, en Honduras, con dirección hacia el norte. Ese mismo día, los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras desplegaron un operativo policiaco militar en sus fronteras y carreteras, para impedir el avance de la caravana de miles de migrantes.
El Instituto Migratorio de Guatemala comunicó que desplegaría un operativo el sábado para contener la caravana si no respetaban los protocolos sanitarios y migratorios, lo que llevó a un enfrentamiento entre ambas partes por algunas horas. La caravana decidió asentarse en el lugar con la esperanza de avanzar.
Desde la tarde del sábado hasta la mañana de este lunes 18, la Caravana se encuentra detenida en Vado Hondo, un paraje del departamento de Chiquimula que queda a casi nueve horas a pie del cruce fronterizo entre Guatemala y Honduras.
La mayoría de los integrantes de la Caravana han decidido quedarse a esperar que puedan avanzar, unos cuantos han decidido tomar otras vías alternas como ir hacia El Salvador o avanzar en reducidos grupos a México.
Reacciones
Más de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras llamaron a los gobiernos de la región a garantizar la no detención de solicitantes de asilo y, de la niñez y adolescencia migrante, frente a posibles éxodos centroamericanos, así como la cooperación entre países.
Las organizaciones puntualizaron que las personas huyen de la violencia y persecución de sus países de origen o por las condiciones derivadas de los impactos ambiental y social ocasionados por los huracanes Eta e Iota.
Señalaron que la situación económica que enfrenta gran parte de esta población se amplió y profundizó de manera considerable en el último año debido a la crisis económica, resultado de la pandemia por covid-19. Aunado a ello se encuentra la amenaza de violencia y la represión estatal.
Lo expuesto se suma a los retos en materia de violencia sexual y género, abuso y discriminación contra comunidades indígenas, prevención del delito e impartición de justicia, debido a su debilidad institucional y problemas de corrupción.
Las personas que salen de Centroamérica, agregaron las organizaciones, tienen necesidades de protección internacional, que los gobiernos de la región tienen la obligación de atender con base a su legislación interna y derecho internacional.
Las organizaciones acentuaron que, a partir del programa “Permanecer en México” desde enero de 2019, seguido por el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos en junio de ese mismo año, y los Acuerdos de Cooperación para el Asilo de Estados Unidos con Honduras, El Salvador y Guatemala, han observado con preocupación una serie de políticas y acciones de gobiernos de la región, que ponen en riesgo la seguridad, bienestar y vida de la migrante, además limitan la posibilidad de buscar protección internacional.
“Recibimos con preocupación los anuncios hechos hasta el momento por los gobiernos tanto de manera individual (México, Guatemala y Estados Unidos), como conjunta, sobre la respuesta que darán a las caravanas o éxodos centroamericanos. Si bien en todos sus comunicados reconocen la necesidad de dar una respuesta apegada a derechos humanos, las acciones específicas y el mensaje que envían es de contención, disuasión y criminalización”, expusieron las organizaciones.
A las organizaciones les preocupa que los gobiernos basen la respuesta que darán en estrategias que han seguido en el último año, cuando ya han sido señaladas con preocupación por organismos internaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En particular nos preocupa que no se tomen acciones especificas para evitar la no devolución, ni para atender necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género, edad y condiciones de viaje”, mencionaron las organizaciones.
Por lo que, reiteran su preocupación por el papel de las fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Nacional (GN) mexicana, en la detención de personas migrantes, ya que, son cuerpos militares y no cuentan con capacitación en atención a poblaciones vulnerables.
La primera recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a la Guardia Nacional, destacaron, fue por su actuación en respuesta a la caravana de migrantes del pasado enero de 2020, donde además señalaron al Instituto Nacional de Migración (INM) por violar los derechos de las victimas al revisar el estatus migratorio de las personas y las detuvieran.
La CNDH consideró que la GN había usado de manera arbitraria y desproporcionada la fuerza contra personas migrantes, y que estos junto a la INM omitieron salvaguardar los derechos de las y los niños que viajaban en la caravana.
Por su parte, la CIDH señaló “episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional” en su respuesta a la Caravana, asimismo, los gobiernos guatemalteco y hondureño hicieron uso de corporaciones policiacas y militares para la disuasión y contención de los flujos migratorios en acciones carecidos de protocolos para identificar necesidades de protección y de enfoque diferenciado por género, edad o condición de viaje.
A las organizaciones les preocupan las medidas de “estado de prevención” emitidas por el gobierno de Guatemala de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa, y que junto al gobierno de Honduras condicionen la salida de menores de edad e ir en compañía de ambos padres.
Asimismo, que las medidas de “toque de queda” anunciadas por el gobierno de Honduras, para impedir a las personas abandonar su país, es un derecho codificado en el articulo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”, menciona el articulo 13.
Las organizaciones enfatizaron que, a finales de 2020, el INM emitió un comunicado alertando sobre la posibilidad de penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud a otro, medidas que van en contra de las consideraciones jurídicas emitidas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Dichos lineamientos reconocen que los Estados pueden implementar medidas como exámenes médicos previos al ingreso y/o cuarentenas, asimismo, enfatizan que estas no pueden resultar en la negación de una oportunidad efectiva de solicitar asilo o dar lugar a la devolución.
Aunque el destino de muchas personas migrantes sigue siendo Estados Unidos, debido a que cuentan con redes de apoyo y en donde sienten que su vida e integridad están seguras, las organizaciones resaltaron que México se ha convertido en un país distinto.
“México recibió 41 329 solicitudes en 2020, mientras que más de 100 000 personas solicitaron la condición refugiado en México en los dos años anteriores”, visibilizaron las organizaciones.
Hicieron un llamado a que la respuesta de cada gobierno de la región frente a caravanas de éxodo centroamericano, como la cooperación entre países permita garantizar el derecho de solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan como destino seguro.
Retorno
La persecución e intento por frenar la primera caravana de migrantes del 2021 ha provocado que miles de uniformados de México, Guatemala, El Salvador y Honduras hayan tenido que movilizarse en los pasos fronterizos donde migrantes de Honduras, El Salvador y otros de Nicaragua, principalmente, pretenden seguir su camino del sur hacia el norte.
Prensa Comunitaria de Guatemala reportó que unas 600 personas migrantes hondureñas, fueron detenidas en la frontera El Corinto, por el Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala; fueron trasladadas a uno de los puestos de control del Instituto Guatemalteco de Migración para el trámite de retorno a Honduras.
La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó que, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, realizan operativos de identificación de personas a bordo de vehículos y autobuses; localizaron a 10 hondureños que carecían de los documentos para transitar de manera libre en el país, por tal motivo serán remitidos a su lugar de origen asimismo se hace la prueba de covid-19.
Mientras tanto en la frontera sur mexicana, con la supervisión del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y del comandante de la 36 Zona Militar de Tapachula, general Vicente Antonio Hernández Sánchez, se presentaron en Ciudad Hidalgo, región fronteriza con Guatemala, a los agrupamientos organizados, equipados y entrenados, quienes auxiliarán para el rescate humanitario en frontera sur.
Por otro lado, el Instituto Guatemalteco de Migración emitió un informe a las 10:00 horas. Dieron a conocer que 815 adultos y 94 menores de edad acompañados retornaron a Honduras, mientras que 376 adultos y 98 menores de edad acompañados fueron remitidos a migración.
Informe que brindo el Instituto Guatemalteco de Migración.
Acciones realizadas en México
El INM realiza despliegue de personal en el punto fronterizo El Ceibo, en Tabasco, con el objetivo de mantener una vigilancia de 24 horas con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar una migración segura, ordenada y regular con respeto a Derechos Humanos y protocolos sanitarios.
Por su parte, el gobierno federal llamó a los países de la región para aplicar de manera responsable los protocolos migratorios y sanitarios establecidos de manera local, con el fin de evitar riesgos sanitarios derivados de la pandemia de covid-19 para las personas migrantes y la población de las comunidades de tránsito.
Reconoció la labor del gobierno de Guatemala, que ha actuado de manera firme y responsable en la atención integral de los contingentes de migrantes que vulneraron su soberanía, haciendo valer el cumplimiento de la ley migratoria y sus protocolos sanitarios para garantizar ingresos ordenados y regulares, salvaguardando la integridad y la vida de las personas migrantes y de su población.
Exhortó de manera respetuosa a las autoridades de Honduras para que atiendan el flujo irregular de personas migrantes, de tal manera de que prevengan nuevos desplazamientos.
Y la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se coordinó con dependencias de los tres órdenes de gobierno para definir acciones interinstitucionales para proteger a la población en movilidad internacional a través de la activación de refugios temporales y ayuda humanitaria.
Además, realizan recorridos en la estación migratoria Suchiate y la Estación Migratoria Siglo XXI, para revisar las condiciones existentes y emitir recomendaciones en materia de Protección Civil.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de de Página y Chiapas Paralelo, de México.
RV: EG
