IUna guerra de las vacunas merma las esperanzas de pronta superación de la pandemia en Brasil, cuando una segunda ola de la covid-19 vuelve a aumentar las muertes en el país y Reino Unido empieza a vacunar a su población.
El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro rechaza la vacuna Coronavac debido a su origen chino, por lo tanto “comunista”, y a la importación patrocinada por un “enemigo” interno, el gobernador del estado de São Paulo, João Doria, un probable adversario en las elecciones presidenciales de 2022.
El gobierno brasileño apuesta al éxito de la inmunización británica, desarrollada por la Universidad de Oxford y asociada a la empresa farmacéutica AstraZeneca, cuyas pruebas clínicas comprobaron la eficacia de 70 por ciento, como promedio, según lo publicado en la revista médica The Lancet, también británica, el 8 de diciembre.
La politización del tema que especialistas temen que retrasará y dificultará la inmunización de los brasileños, pese a que este país es el tercero en el mundo en contagios de covid -solo detrás de Estados Unidos e India- y el segundo en muertes, según los datos de este miércoles 9 de la estadounidense Universidad John Hopkins.
El ministro de Salud, el general en activo Eduardo Pazuello, informó el 2 de diciembre que la vacunación solo empezará en marzo y que, de las numerosas alternativas divulgadas, “solo una, dos o tres compañías” tendrían capacidad de atender la demanda de Brasil, un país con 212 millones de habitantes.
Prácticamente descartó la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNtech, estadounidense y alemán respectivamente, por exigir una conservación a 75 grados Celsius negativos, que dificultaría la distribución por un país de dimensiones continentales.
Pero Doria anunció el 7 de diciembre que São Paulo empezará a administrar la Coronavac el 25 de enero.
La guerra así declarada, movilizó a los gobernadores de 15 de los 26 estados brasileños a una reunión el día siguiente con el ministro de Salud, en que le pidieron urgencia y un plan concreto de inmunización.
El ministro adelantó para “fines de febrero”, es decir solo en algunos días, la disponibilidad de vacunas en Brasil, alegando que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador, necesita 60 días para evaluar los pedidos de aprobación y registro de medicamentos.
Tanto Oxford-AstraZeneca como Sinovac, la empresa china que desarrolló la Coronavac, deben presentar este mes de diciembre a Anvisa sus solicitudes y datos de las pruebas finales, con decenas de miles de voluntarios, que comprobarían la eficacia de sus productos.
El plazo dejó insatisfechos a los gobernadores que enfrentan la ansiedad de su población, ante el aumento de 93 por ciento en el promedio diario de muertos, medido semanalmente, del 11 de noviembre al 7 de diciembre.
Las cifras absolutas subieron de 319 a 617, aún por debajo del largo apogeo de la primera ola, de más de 1000 muertes diarias entre junio y agosto.
Pero el recrudecimiento actual alarma los epidemiólogos porque el contagio crece en todo el país, no solo en las grandes ciudades como en el inicio, el aislamiento social se aflojó de forma difícilmente reversible y en muchos hospitales ya hay cola de espera, especialmente para los centros de tratamiento intensivo.
La urgencia se acentuó ante las noticias sobre Margaret Keenan, de 90 años, como la primera a recibir la vacuna de Pfizer-BioNtech en Reino Unido, el martes 8, seguida de William Shakespeare, de 81 años. (Su tocayo, el genio de la dramaturgia, tendría 456 años).
También repercutió en el país la vacunación en Londres de una primera brasileña, Maria Lúcia Possas, de 55 años, elegida por el riesgo de trabajar en un hospital, como investigadora del británico Servicio Nacional de Salud, y tener baja inmunidad al vivir gracias a un riñón trasplantado.
Doria, un político conservador que ganó la gobernación de São Paulo en 2018 como un aliado de Bolsonaro, autoapodado “BolsoDoria”, pasó a oponerse agresivamente al manejo irracional de la pandemia por parte del gobierno central de extrema derecha.
La “gripecita” no justifica el aislamiento social y la suspensión de las actividades, que destruiría la economía con daños más graves, incluso más muertes que las provocadas por la covid-19, repitió en la primera ola el presidente.
Además el boicoteó a las medidas adoptadas por las autoridades de estados y municipios y las recomendaciones epidemiológicas, con su prédica contraria, la promoción de aglomeraciones y la descalificación de las mascarillas.
Acabó por destituir a un ministro de Salud que se oponía a sus creencias y obligó otro a renunciar, porque no aceptó la imposición de la cloroquina como solución. Terminó por nombrar al general Pazuello, sumiso a sus determinaciones.
Doria acusó el gobierno de excluir la Coronavac de los recursos públicos aportados a las vacunas preferidas, la de Oxford-AstraZeneca y las que podrán resultar del mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de Salud y otras instituciones internacionales para promover el acceso a la inmunización.
El 20 octubre el ministro Pazuello firmó con el Instituto Butantan, el mayor fabricante de vacunas en Brasil y vinculado al gobierno de São Paulo, una carta de intenciones para la compra de 46 millones de dosis de la Coronavac.
Pero fue desautorizado algunas horas después por Bolsonaro, quien canceló el compromiso y aseguró por una red social, que “no compraremos la vacuna de China”. Tres semanas después, se corrigió y admitió la posibilidad de compra, si la vacuna es aprobada por la Anvisa.
Otro escollo para un consenso sobre las vacunas en Brasil, además de las disputas políticas que ocurren también entre los mismos gobernadores de estado, es la baja credibilidad del gobierno central, por sus acciones netamente anticientíficas, y de la misma Anvisa.
La agencia, que debería ser independiente y técnica, es presidida por Antonio Torres, un almirante de la Marina allegado a Bolsonaro. Aunque en su caso, al menos es médico. Otro militar nombrado como uno de los directores, el teniente coronel del Ejército Jorge Kormann, no tiene ninguna especialización relacionada con la vigilancia sanitaria.
Él es uno de las decenas de militares que ocupan cargos importantes en el Ministerio de Salud, sin tener formación ni experiencia en esa área, tal como el ministro Pazuello, un general especializado en logística.
En octubre la misma Anvisa suspendió los estudios clínicos de la Coronavac, a causa de un “evento adverso” con uno de los voluntarios de las pruebas. Se supo luego que se trató de un suicidio, sin relación con la vacuna.
La suspensión duró solo dos días, pero dejó la sospecha de que fue un intento de retardar los estudios y dañar la confianza en “la vacuna china de Doria”, como la tilda Bolsonaro.
Sin confianza de que el gobierno central se esforzará por asegurar vacunas a todos, con la urgencia necesaria, por lo menos ocho gobernadores empezaron a negociar con São Paulo formas de obtener la Coronavac, que será producida en el Instituto Butantan.
Bolsonaro y Pazuello sostienen que la vacunación en el país solo puede hacerse a través del Programa Nacional de Inmunización, centralizado en el Ministerio de Salud. Y que solo se puede usar vacunas certificadas por la Anvisa, un proceso que demanda por lo menos dos meses.
Pero una ley aprobada en el comienzo de la pandemia permite el uso de emergencia de las vacunas que ya fueron aprobadas por alguna de las agencias reguladores de Estados Unidos, Unión Europea, Japón o China.
Esa es una vía a que pretenden recurrir algunos gobernadores ante la omisión o la dilación del poder central y que podría usar también Doria, para inocular con Coronovac a las nueve millones de personas incluidas en una primera fase, que incluiría a los trabajadores de Salud del estado, mayores de 60 años, indígenas y residentes en quilombolas, los refugios de antiguos esclavos.
Un ejemplo de los vaivenes del gobierno es la vacuna de Pfizer y BioNtech. Ante las presiones nacionales y la oferta de las empresas de ayudar a su conservación y distribución, el ministro Pazuello dijo a los gobernadores que negocia la compra de 70 millones de dosis. Olvidó que había descartado esa opción por exigir temperaturas de menos 75 grados Celsius.
RV: EG
