La cuestión ambiental concentra muchas de las dificultades del actual gobierno de Brasil para convivir con la realidad y evitar justificadas acusaciones de cinismo, especialmente al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
Tantas medidas y actitudes contra el ambiente adoptó Salles, que el Ministerio Público Federal (fiscalía general) decidió en julio denunciarlo por improbidad administrativa y pedir a la Justicia su destitución.
El hecho no le impidió intentar un nuevo golpe el 28 de septiembre, cuando reunió el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama) para revocar cuatro resoluciones que protegían los manglares, dunas y restingas, vedaban la quema de basura tóxica en hornos de la industria de cemento e imponían normas de eficiencia a la irrigación.
Pero una jueza de Río de Janeiro, Maria Amelia de Carvalho, suspendió la revocación debido a los posibles “daños irreparables al medio ambiente”, en fallo preliminar que debe ser ratificado o anulado por una instancia superior.
Los manglares son ecosistemas costeros esenciales para la vida marina y en Brasil se estima que ya perdieron la mitad de su área original. Además el año pasado un derrame petrolero contaminó buena parte de sus áreas en el noreste brasileño, con daños aún sin terminar de evaluar.
El Conama es un órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), pero sus resoluciones sobre permisos y control ambiental tienen fuerza legal.
La revocación de las normas fue posible porque, desde mayo de 2019, al Consejo se le redujeron sus miembros de los anteriores 96 a solo 23, la mayoría provenientes del sector empresarial y del gobierno. La sociedad civil, antes representada por 22 miembros, ahora solo cuenta con cuatro, además reemplazados cada año.
Esa reducción de la representatividad se hizo por decreto presidencial, en coincidencia con lo que parece ser la misión de Salles, la de desmantelar el sistema de protección ambiental de Brasil.
Los dos institutos que ejecutan la política ambiental, el del Medio Ambiente (Ibama) y el de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), sufrieron la disminución de personal, presupuesto y poder, desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió la presidencia el 1 de enero de 2019.
En abril de este año el ministro despidió a dos coordinadores de inspección del Ibama después que ellos comandaron operaciones de expulsión de mineros ilegales que habían invadido tierras indígenas en la Amazonia oriental.
Eso culminó un proceso de sustitución de muchos experimentados funcionarios de ese instituto por policías militares de São Paulo, que poco conocen, por ejemplo, la Amazonia y otros biomas. El mismo Salles confesó que nunca había visitado las tierras amazónicas antes de hacerse ministro.
Otras de sus medidas ya habían sido anuladas por la Justicia, cuando intentó anular las multas y flexibilizar las reglas ambientales para la Mata Atlántica, el bioma forestal de gran parte del este costero brasileño que en algunas puntos avanza centenares de kilómetros al interior.
Hubo una alta caída de las multas y castigos a infractores ambientales durante la gestión de Salles, que suele justificarse diciendo que faltan recursos financieros y humanos a sus institutos, sin reconocer su propia responsabilidad en la baja capacidad operativa del ministerio que dirige hace 21 meses.
La actuación del ministro ha tenido como una de sus respuestas una campaña por redes sociales, bajo la etiqueta #Tchausalles, que en breves días ha generado ya 244 702 mensajes, que solicitan a un juez de especial que destituya a Salles del cargo.
Pero la degradación de la política ambiental brasileña, que perdió el prestigio internacional que disfrutaba en el reciente pasado, es una sobre todo una hazaña del presidente Bolsonaro.
Percibido como potencia ambiental, Brasil era un protagonista en las negociaciones globales y fue elegido sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 (Rio-92) y en su repetición en 2012.
En la Amazonia, bioma de fuerte repercusión internacional, el país logró reducir la deforestación de 27 772 kilómetros cuadrados en 2004 a 4571 kilómetros cuadrados en 2012, según los datos del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).
Siguió luego un incremento gradual que culminó con un explosivo aumento en 2019, cuando la deforestación afectó a 9672 kilómetros cuadrados, 29,5 por ciento más que en el año anterior. Especialistas ambientales consideraron este dato un reflejo del discurso y las medidas de Bolsonaro, de menosprecio o negación de la crisis ambiental y climática.
Lo que dicen el presidente y el ministro Salles reflejan una visión sesgada, fuera de la realidad. Parecen vivir en un Brasil paralelo, expresión incluso elegida por una empresa que produce documentales de apoyo al gobierno, que busca revisar la historia del país con una mirada derechista.
Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), asociadas a otros entes no identificados, “comandan los delitos ambientales en Brasil y en el exterior”, acusó, por ejemplo, el presidente en su mensaje por teleconferencia a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad del miércoles 30 de septiembre.
Ya en 2019 el mandatario había atribuido a las ONG los incendios amazónicos que alanzaron una dimensión preocupante y volvieron a despertar la atención mundial. El actor estadounidense Leonardo Di Caprio sería uno de los financiadores de esos grupos incendiarios.
Bolsonaro sostuvo que la Operación Verde Brasil-2, protagonizada por los militares, estaría reduciendo la deforestación y los incendios en la Amazonia este año. Los datos satelitales indican el contrario.
Pero el gobernante, su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, y los otros generales de su gabinete, que son sus ministros más allegados, tampoco creen en los datos sobre deforestación del Inpe, basados en el monitoreo de satélites.
En julio de 2019, Bolsonaro acusó el entonces director de ese Instituto de Estudios Espaciales, Ricardo Galvão, de difundir datos falsos, “quizás a servicio de alguna ONG”, para denigrar a Brasil ante el mundo.
El físico, bajó al ring para tildar la actitud presidencial de “pusilánime, cobarde”, al usar términos inaceptables de parte de un presidente y en relación a una institución científica respetada internacionalmente. Dos semanas después Galvão fue despedido.
Ahora es el vicepresidente Mourão el encargado de conducir el combate a la deforestación como jefe del Consejo de la Amazonia, un nuevo órgano militar, que quiere crear un centro de monitoreo castrense ante la desconfianza del gobierno en el Inpe.
Bolsonaro sostuvo que “la codicia internacional sobre nuestra Amazonia” promueve “las informaciones falsas e irresponsables” que “desconsideran las importantes conquistas ambientales que alcanzamos en beneficio de Brasil y del mundo”, una convicción al parecer compartida con sus generales.
En el discurso inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre y también en un mensaje pregrabado, Bolsonaro negó la magnitud de los incendios amazónicos. Los admitió solo en la periferia ya deforestada, en pequeña escala debido al uso “cultural” del fuego por parte de “indígenas y caboclos” (mestizos de indígenas que viven en áreas silvestres).
Con los incendios que destruyen también los bosques y pastizales del Pantanal, el humedal en el centro-oeste de Brasil que se extiende por Bolivia y Paraguay, la cuestión ambiental y climática se tornó dramática.
El récord de sequía en el mayor humedal del mundo facilitó la propagación de las llamas en el Pantanal, del que Brasil contiene 62 por ciento del territorio y donde se han producido la mayoría de los incendios, Bolivia 20 por ciento y Paraguay el restante 18 por ciento.
Esa situación sin precedentes puede ser consecuencia de la deforestación de casi 20 por ciento de la Amazonia brasileña. Esa ecorregión es reconocida actualmente como la fuente de buena parte de las lluvias en el centro-sur de Brasil y partes de Argentina y Paraguay.
Es un conocimiento científico nuevo, rechazado por el bolsonarismo, los militares y el ministro Salles incluidos, y que tiende a identificar conspiraciones antinacionales en los avances de la ciencia, del periodismo, de la cultura y la moral desde el ocaso de la dictadura militar (1964-1985), cuya supuesta grandeza quieren emular desde el poder.
ED: EG
