La seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial le costaría a los países del Sur en desarrollo, solo este año, 1,2 billones (millones de millones) de dólares, de acuerdo con un reporte difundido este jueves 17 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese monto, equivalente a 3,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los más de 130 países en desarrollo, incluye un déficit adicional de 30 por ciento causado por la covid-19, que incrementó la demanda de servicios de asistencia sanitaria y de ingreso para los trabajadores que perdieron su empleo en el contexto de la pandemia.
En la actualidad, solo 45 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto, más de 4000 millones de personas, está completamente desprotegida.
“Subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial”, advirtió en esta ciudad suiza Shahrashoub Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT.
La situación es particularmente grave en los 29 países de ingresos bajos (según el Banco Mundial, los de menos de 1035 dólares per cápita al año), de ellos 23 en África subsahariana, que necesitarían gastar 16 por ciento de su PIB, unos 80 000 millones de dólares, para subsanar el déficit.
Por regiones, la carga más pesada del déficit corresponde a América Latina y el Caribe, donde se requerirían 333 000 millones de dólares para subsanar la brecha, 7,5 por ciento del PIB regional.
Asia meridional y oriental necesitarían, cada una, 190 000 millones de dólares, África subsahariana 137 000 millones, Asia sudoriental 94 000 millones, el norte de África 55 000 millones y los demás Estados árabes 25 000 millones de dólares.
Las estimaciones se basaron, en parte, en cálculos de los costos y las brechas en el financiamiento para establecer un conjunto de prestaciones universales para los niños, de maternidad, por discapacidad, de vejez y de salud, que en conjunto pueden constituir un piso nacional de protección social.
El déficit se agudizó con la pandemia, pero ya antes la comunidad mundial no estaba cumpliendo con los compromisos jurídicos y políticos en materia de protección social asumidos tras la crisis financiera de 2008, según la OIT.
La entidad planteó que los países deberían insistir con medidas para promover el tránsito de las economías informales a las formales –que ofrecen mayor protección a sus trabajadores- y “ampliar el espacio fiscal” para hacerse con recursos con los cuales atacar la brecha social ensanchada con la pandemia.
Entre las medidas fiscales está procurar una mayor recaudación de impuestos, aumentar la base contributiva para financiar la seguridad social, reducir los flujos financieros ilícitos internacionales, reasignar el gasto público y adoptar un marco para una gestión macroeconómica flexible.
De todas maneras se precisará de cooperación internacional para financiar los proyectos y programas que atiendan la brecha, y la OIT considera que los países industrializados deben cumplir con sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo, en particular dirigiendo recursos a los países de menores ingresos.
Un ejemplo mencionado en el reporte de la OIT es que la cooperación internacional podría dirigirse a financiar parcial y temporalmente programas de protección social, con base en los principios internacionales sobre la materia y los derechos humanos.
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