Urgida por un incremento de la producción de alimentos, aumentar las exportaciones y estimular fuentes de empleo, Cuba acaba de establecer una nueva Política para Impulsar el Desarrollo Territorial, que aspira a incentivar el crecimiento económico mediante el aprovechamiento de los recursos locales.
Aprobado el 22 de julio en el Consejo de Ministros, la iniciativa al desarrollo local en una política pública de importancia estratégica dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, aprobado en la misma instancia junto con el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.
“La autonomía, flexibilidad y diversidad de fuentes de financiamiento para proyectos de desarrollo local marcarán la implementación de esta política, algo muy prometedor”, explicó a IPS la socióloga cubana Mayra Espina, oficial nacional de Programas de la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo.[pullquote]3[/pullquote]
La coordinadora del portafolio de proyectos de desarrollo local y descentralización de esa agencia suiza resaltó la oportunidad que ofrece el diseño e implementación de estrategias de desarrollo con el empleo de todos los recursos disponibles en la localidad, “a menudo no identificados, subvalorados o incorrectamente aprovechados”.
Asimismo, dijo, “posibilitará ampliar la participación ciudadana e identificar, diagnosticar y encontrar soluciones a problemas económicos, sociales y ambientales, de forma rápida y con herramientas de proximidad de poco costo, debido a la cercanía y fuertes lazos que se establecen en la micro escala”.
Ello, analizó la experta, viabilizará “la identificación de situaciones de pobreza, desventajas y vulnerabilidades, así como dar protagonismo y voz de forma directa a los actores locales, especialmente a los que se encuentran en esas situaciones”.
Para 2021, cada municipio del país tiene que contar con una estrategia de desarrollo cuya gestión e implementación deberá articularse con los planes de la provincia, según lo dispuesto ahora.
La política para impulsar el desarrollo territorial es coherente con el artículo 168 de la Constitución, vigente desde abril de 2019, que regula la importancia y autonomía del municipio, conceptualizado como “la sociedad local” y “unidad política-administrativa primaria y fundamental de la organización nacional”.
Cuba está integrada por 168 municipios distribuidos en 15 provincias y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud, la segunda mayor isla de este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes.
Implementa además uno de los Lineamientos, como se denomina oficialmente al programa de reformas iniciadas en 2011 y actualizados en 2016 bajo el gobierno de Raúl Castro (2008-2018).
El lineamiento 17 propone el fortalecimiento y desarrollo de los municipios “como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva, y reduciendo las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades”.
El 30 de julio, el vice primer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, significó que la política incentivará la integración entre actores estatales y no estatales sobre la base de encadenamientos productivos que generen exportaciones y sustituyan importaciones.
Aunque concibe cinco tipos de iniciativas de desarrollo local -económico-productivos, socioculturales, ambientales, institucionales, y los vinculados con la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en esta primera etapa tendrán prioridad “los proyectos en la producción de alimentos”, subrayó Gil durante una comparecencia televisiva.
De acuerdo con las autoridades, la nueva política es resultado de años de investigación, debates, propuestas y experiencias de instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones sociales en varios proyectos locales.
Entre ellos sobresale el Programa de Innovación Agropecuaria Local (Pial) una iniciativa de agricultura ecológica y participación campesina enfocada en el autoabastecimiento alimentario, considerado un ícono de la cooperación internacional en Cuba desde su nacimiento en el 2001.
Coordinado por el estatal Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas y con el apoyo de la Cosude, el Pial actúa en 75 municipios de 12 provincias.
“El Pial ha permitido formar capacidades e introducir tecnologías de producción agropecuaria con enfoque sostenible y basado en la agroecología”, explicó Aramís Rivas, integrante del Grupo Municipal de Desarrollo Local del municipio Jesús Menéndez, a unos 645 kilómetros al este de La Habana.
Rivas aseguró a IPS desde esa localidad que el proyecto ha evidenciado “el valor de la agricultura familiar/sostenible en el desarrollo agrario local, así como de los encadenamientos productivos, la creación de infraestructura en comunidades rurales, el aprovechamiento de los recursos naturales y la disminución en el empleo de insumos agrícolas”.
Asimismo, el también profesor del Centro Universitario Municipal resaltó la creación en ese municipio de fuentes de empleo para mujeres y jóvenes asociados a labores tradicionales y no tradicionales del sector agropecuario.
Al aprobarse la política, el presidente Miguel Díaz-Canel insistió en la importancia de producir y comercializar los alimentos en la localidad, mediante la eliminación de obstáculos a los sistemas productivos para tratar de reducir los enormes gastos de importación.
Cuba compra en el exterior alrededor del 80 por ciento de sus alimentos, equivalentes a un desembolso anual de 2 000 millones de dólares, según datos oficiales.
De 600 a 800 millones de dólares podrían ahorrarse con una mayor productividad de las tierras, mediante adecuados estímulos, descentralización de los mecanismos de
comercialización e inversiones que capitalicen y modernicen la agroindustria, opinan analistas.
El propio mandatario ha reiterado que la producción de alimentos constituye un tema de seguridad nacional para un país que, además de recibir los impactos del cambio climático, arrastra una crisis económica de casi tres décadas con una agroindustria deteriorada, bajos rendimientos agrícolas y modelos de gestión poco eficientes.[related_articles]
A ello se suman las restricciones financieras derivadas del embargo que desde 1962 aplica Estados Unidos, el cual limita el acceso a dicho mercado, a unas 90 millas náuticas (unos 180 kilómetros) del país caribeño, y donde una política de exenciones autoriza a Cuba a adquirir alimentos solo mediante el pago en efectivo y por adelantado.
Si bien la política para impulsar el desarrollo territorial resulta un paso positivo para consolidar la descentralización y municipalización refrendada en el texto constitucional, contra ella podrían conspirar disímiles factores, advirtió Espina.
Señaló, por ejemplo, posibles “resistencias enmascaradas de actores que pierden poder en la cadena; falta de capacidades para la gestión descentralizada de los autoridades y funcionarios de todos los niveles; insuficiencia de recursos económicos para impulsar proyectos locales; así como lentitud en el completamiento del marco normativo necesario para habilitar la Constitución y la política”.
Para evitar esos posibles “frenos”, argumentó la especialista, sería necesario disponer en el más breve plazo de una Ley de Municipios que defina las competencias de los territorios y el rol articulador , “y no inhibidor”, de las provincias.
De manera adicional, dijo, deberían habilitarse mecanismos participativos y de control social de la ciudadanía, sobre los presupuestos, por ejemplo. También se deberá aprobar, detalló, una Ley de Empresas, prevista para abril de 2022, y avanzar en el reconocimiento jurídico de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 contempla la constitución de las mipymes y que puedan exportar a través de empresas estatales.
“Los vínculos entre el sector público y las mipymes y cooperativas a escala local son un elemento dinamizador del tejido productivo y de servicios municipales que pueden contribuir a la creación de empleo y al incremento de la disponibilidad de financiamiento territorial mediante los impuestos”, redondeó Espina.
ED: EG
