Argentina debe legalizar el aborto para conjurar el riesgo a la vida y salud de las mujeres, niñas y personas gestantes, insistió la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado este lunes 31 en esta capital.
José Miguel Vivanco, director regional de HRW, dijo que “desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto de ley de 2018, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos”.
Ese año, recordó la oenegé, el Ministerio de Salud de la nación del Cono Sur americano reportó 35 muertes causadas por abortos, y en otro año reciente, 2016, ingresaron a hospitales 39 025 mujeres y niñas, 16 por ciento menores de 19 años, por complicaciones de salud relacionadas con abortos.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley de despenalización del aborto, con 128 votos a favor, 125 en contra y una abstención, con impulso de la “marea verde”, multitudinario movimiento femenino que apoyó en las calles esa reivindicación, pero la propuesta se estrelló en el Senado.[pullquote]3[/pullquote]
Esa otra cámara del Congreso legislativo rechazó el texto, por 38 votos en contra versus 31 a favor, con dos abstenciones, en agosto de 2018.
Dos años después, HRW trata de imprimir nueva urgencia a la legislación que despenalice el aborto y favorezca la asistencia a las mujeres que necesiten acceder al procedimiento de modo seguro y a los cuidados post-aborto.
En Argentina está permitido el aborto solo en caso de violación sexual o de riesgo de vida o salud de la mujer, y en otros casos es penado con hasta cuatro años de cárcel para las mujeres.
En un informe titulado “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, HRW documentó casos de mujeres y niñas que enfrentan barreras para acceder al aborto legal y a la atención médica subsiguiente.
Por ejemplo, el caso de Leticia (seudónimo), de 19 años, quien fue a un hospital público en el norte de Argentina para interrumpir un embarazo producto de una violación 17 semanas antes.
En el hospital le negaron la posibilidad de practicar el aborto valiéndose de una práctica informal que carece de fundamento legal, según la cual el hospital solo realiza abortos hasta la semana 16 del embarazo.
La joven tomó medicamentos para inducir un aborto por su cuenta, pero el aborto se produjo de forma incompleta y generó un riesgo de infección. En un hospital demoraron en ayudarla y Leticia se desmayó varias veces en los pasillos de espera.
O Carmela, enterada de que gestaba un feto con anencefalia, una patología que limita seriamente las posibilidades de supervivencia, y los médicos en un hospital público de la provincia de Buenos Aires rehusaron atender su pedido de aborto diciéndole que la ley no había sido aprobada y esa práctica era ilegal, lo que es falso.
HRW sostuvo que el acceso al aborto legal y a la atención post aborto depende, en gran medida, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica, con “multiplicidad de prácticas” que perjudican de manera desproporcionada a las personas con escasos recursos o información limitada sobre sus derechos.
También destacó que el confinamiento dispuesto para evitar la propagación de la covid-19 ha hecho más difícil obtener servicios de salud reproductiva, y la necesidad de visitar múltiples centros de salud y viajar, a veces durante horas, para acceder a servicios de aborto, también multiplica el riesgo de contagio.
“Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca”, dijo Vivanco, y recordó que el presidente Alberto Fernández se ha manifestado públicamente a favor de despenalizarlo.
En América Latina solo en Cuba, Guayana Francesa, Guyana y Uruguay el aborto es plenamente legal, al igual que en la autónoma capital de México, mientras que en parte del resto solo esta despenalizado en escasos supuestos terapéuticos parecidos a los argentinos.
Además, en otro grupo de países, la interrupción voluntaria del embarazo está duramente penalizada en todos los supuestos y la prohibición ha pasado a incluirse dentro de la propia Constitución durante los últimos años, en lo que los grupos a favor de los derechos de la mujer califican como la contrarreforma conservadora, en la región del mundo con reglas más rígidas del mundo.
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