Al incluir a Cuba en la lista de países que colaboran poco en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos agrega más tensión a las deterioradas relaciones bilaterales que parecen retornar a las viejas disputas de la Guerra Fría.
En los próximos meses “el escenario más probable en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos será el de maximización de la hostilidad”, declaró a IPS el politólogo Arturo López-Levy, profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la universidad Holy Names, en el estadounidense estado de California.
“La actual política de la administración del presidente estadounidense Donald Trump tiene que ver, fundamentalmente, con la movilización de su base dentro de la comunidad cubanoamericana en Florida, con la esperanza de ganar ese estado swing (péndulo) en los comicios presidenciales de noviembre”, reflexionó el experto cubano en las relaciones bilaterales desde la ciudad de Berkeley.
El 13 de mayo, este país insular caribeño fue incluido en un conjunto de naciones que, a los ojos del Departamento de Estado estadounidense, “no cooperan completamente” con los esfuerzos antiterroristas.
Alegó para ello la negativa de las autoridades a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, presentes en la capital cubana en enero de 2019, cuando el grupo guerrillero se adjudicó el atentado con coche-bomba en la Escuela General Santander de Cadetes de Bogotá. También acusó a La Habana de dar albergue a prófugos de la justicia estadounidense.
Desde mayo de 2018 y a pedido de las partes, Cuba funge como sede y país garante de los diálogos del ELN y el gobierno colombiano, cuyos protocolos hacen inviable jurídicamente cualquier extradición.
En junio de 2017, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó en Viena que “en uso de la ley nacional, el derecho internacional y la tradición latinoamericana, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles y estas personas no serán retornadas”, a Estados Unidos, que “carece de base legal, política y moral para reclamarlos”.
De acuerdo con analistas, pudiera ser el preludio para volver a incluir a Cuba en la llamada “lista negra” de naciones patrocinadoras del terrorismo, de la cual fue excluida en 2015 tras estar en ella 33 años, como parte del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017).
La medida restringiría aún más el comercio, la ayuda al desarrollo y los créditos a la isla, ya afectados durante la administración de Trump, que ha revertido el acercamiento bilateral impulsado entre fines de 2014 y 2017.
Desde que en enero de 2017 Trump llegó al poder, la Casa Blanca reforzó el embargo que aplica contra La Habana desde 1962, sobre todo con medidas dirigidas a restringir las posibilidades de acceso a créditos y otras fuentes de financiamiento.
Con especial énfasis, Washington ha dirigido las miras hacia la colaboración de salud de la isla en casi 60 naciones, pues la exportación de servicios profesionales, entre ellos los médicos, constituye el primer rubro de la economía insular.
La inclusión entre la lista de los poco cooperadores del Departamento de Estado ocurrió mientras las autoridades cubanas aguardaban explicaciones oficiales sobre el ataque armado del 30 de marzo contra su embajada en Washington, próxima a la Casa Blanca, sin que se produjeran daños humanos.
Durante una rueda de prensa el 13 de mayo, el canciller Rodríguez calificó el hecho de acción terrorista y aportó detalles sobre los presuntos vínculos del atacante, de origen cubano, con políticos y sectores de la extrema derecha cubanoamericana.
Consideró que la acción era “resultado directo de una política oficial de instigación al odio y a la violencia” contra Cuba.
Entre los años 60 y fines de los 80, las acciones violentas de grupos extremistas anti La Habana contra las misiones diplomáticas en Estados Unidos y otros países, cobraron la vida de 11 funcionarios del servicio exterior cubano, según los informes y datos oficiales.
La actual encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, expresó el día del incidente en su cuenta de Twitter que “Estados Unidos toma muy en serio sus responsabilidades con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas e insiste en una investigación completa y profunda”.
“La actitud grosera y descortés, de ni siquiera comunicarse con la embajada cubana en Washington y expresar rechazo y disposición a lanzar todo el peso de la ley contra el acto terrorista y cualquiera que se vinculase al mismo, ilustra la disposición de la administración Trump a llevar la hostilidad hacia Cuba al extremo, no importa cuán negativamente luzca de cara a la comunidad diplomática e internacional”, valoró el politólogo López-Levy.
Organismos internacionales y políticos han exhortado a Washington a levantar el embargo contra La Habana, al menos en la actual contingencia por la pandemia de la covid-19, pero el gobierno de Trump no parece dispuesto a ello.
“La Unión Europea (UE) se ha sumado al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiterado por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, de poner fin a sanciones durante la pandemia”, explicó a IPS el embajador de la UE en Cuba, Alberto Navarro.
El 6 de abril, Borrell enfatizó en Bruselas que “en el marco de las Naciones Unidas y de la UE está muy claro que nuestras sanciones no suponen problemas en cuanto a la facilitación de la ayuda humanitaria, pero pedimos que lo hagan otros países que han establecido sanciones”.[related_articles]
Los relatores especiales de la ONU sobre Derecho al Desarrollo, Saad Alfarargi; Investigación de Ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard; contra la Tortura, Nils Melzer; entre otros, consideraron el 30 de abril que el embargo contra Cuba impedía la respuesta humanitaria necesaria para luchar contra el coronavirus.
El 5 de mayo, en una carta a su gobierno, una veintena de miembros del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidenses pidieron confirmar si Cuba estaba impedida o no de recibir equipos médicos, alimentos, así como artículos e información de salud pública, atendiendo a las leyes, regulaciones o políticas de Estados Unidos.
El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, indicó el 31 de marzo que “las sanciones de Estados Unidos no impiden la adquisición de alimentos, medicinas y otros suministros necesarios para luchar contra el covid-19”.
En contraste, el Departamento del Tesoro anunció el 6 de mayo la aplicación de una multa a la compañía estadounidense Biomin America Inc., con sede en el estado de Kansas, por ventas no autorizadas de productos agrícolas a Cuba, entre julio de 2012 y septiembre de 2017.
La política de exenciones permitió al país insular en 2019 comprar a su vecino del norte alimentos y productos agrícolas valorados en 257,6 millones de dólares, mientras los insumos médicos no sobrepasaron 1,1 millones de dólares, según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, entidad que desde 1994 provee información y análisis sobre el intercambio comercial entre ambos países.
Autoridades cubanas deploran que estas compras, además de sortear engorrosos trámites burocráticos, deben efectuarse por adelantado y en efectivo, y en ocasiones hasta lo adquirido debe ser objeto de “verificaciones in situ” o inspecciones, algo atípico en el comercio internacional.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la economía cubana se contraerá 3,7 por ciento este año, debido a los efectos de la covid-19, a lo cual se sumarán los derivados del embargo estadounidense.
La respuesta a la crisis económica requerirá un enfoque integral, capaz de proyectarse en función del desarrollo económico y social de la nación, reconoció el 14 de mayo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
“Tales pasos, como se hagan y se presenten al mundo y a la diáspora cubana pueden profundizar el debate al interior de Estados Unidos y la comunidad cubana sobre la pertinencia de una política de aislamiento y acoso ante una Cuba en transición”, reflexionó López-Levy.
Ed: EG
