En América Latina y el Caribe es “altamente probable” que la pandemia covid-19 repercuta en un incremento del hambre y la pobreza, indicó un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Haití, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Guatemala son los cinco países con un mayor porcentaje de su población en situación de inseguridad alimentaria y están expuestos al fuerte impacto de la pandemia sobre el acceso a los alimentos.
En números absolutos, para 2018 más de la mitad de las personas subalimentadas o con hambre se concentraban en cinco países: Venezuela, con 6,8 millones, Haití (5,4), México (4,7), Perú (3,1) y Guatemala, con 2,6 millones.
En 2019 el hambre afectó a 18,5 millones de personas en la región, según la FAO, y más de la mitad estuvo asociada al deterioro de Venezuela, estimándose que 9,3 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria en el país y 1,2 millones como migrantes en Colombia y Ecuador.
El resto de la población regional en inseguridad alimentaria aguda se concentraba en los países de América Central (4,4 millones), especialmente en el llamado “corredor seco” de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en Haití, con 3,7 millones de afectados.
Pero según la FAO manifestaciones de hambre y malnutrición también afectan territorios dentro de otros países, como Belice, Colombia, Guyana, Honduras, México, Panamá y Perú, en los cuales la desnutrición infantil es más del doble que la media nacional.
En áreas rurales de esos países, así como en algunas zonas de Bolivia, Paraguay y Surinam, los retrasos en el crecimiento de los niños con respecto a los de las ciudades llegan a alcanzar diferencias de más de 50 por ciento.
En conjunto, para 2018 el hambre afectaba a 42,5 millones de personas, 6,5 por ciento de los habitantes de la región, lo que indicaba un retroceso pues había disminuido desde 11,9 por ciento (62,6 millones de personas) el año 2000, hasta 6,1 por ciento (38 millones) en 2014.
La FAO actualizó sus estudios por encargo de México, que ejerce la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Esa presidencia mexicana busca, aliada con la FAO, ”dar herramientas a los Estados miembros con el objetivo de que reduzcan los efectos de la pandemia en la alimentación”, dijo Efraín Guadarrama, coordinador por México en la CELAC, órgano de concertación política de los gobiernos regionales.
Julio Berdegue, representante regional de la FAO, dijo que “es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público (…) para que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria”.
El principal desafío en el corto plazo, según el informe, es “garantizar el acceso a los alimentos de la población que está cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria, especialmente para quienes han perdido su fuente de ingresos”.
Una cuádruple recomendación a los Estados es reforzar los programas de apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco años, asegurar la alimentación escolar, expandir los programas de protección social y promover hábitos de consumo saludable.
Para garantizar la oferta de alimentos, la FAO recomienda facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos), así como a maquinaria e infraestructura.
Otra clave es sostener las explotaciones agropecuarias, con atención a la agricultura familiar, y apoyar el transporte, procesamiento y envasado de los productos agropecuarios y pesqueros, así como cuidar los puntos de venta al por menor.
Finalmente, la FAO recomienda que se mantenga un fluido comercio internacional, pues en la región hay países cuyos ingresos dependen significativamente de la exportación de alimentos y otros cuyo abastecimiento alimentario se basa en importaciones del mercado internacional.
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