El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador desea ampliar la generación eléctrica de energía nuclear, a pesar de los riesgos de la tecnología y de que no contribuye a la lucha contra la crisis climática.
La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el 10 de diciembre de sus planes de construir otra planta, preferiblemente donde opera la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el sudoriental estado de Veracruz, a unos 250 kilómetros de la capital mexicana.
Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de la oficina mexicana de la no gubernamental Greenpeace, calificó el plan de “pésima idea”.
“Lejos de ser una solución al problema climático, es una falsa solución. Es una tecnología o apuesta política que desvía la atención de lo que realmente se tiene que hacer, reducir los combustibles fósiles, descarbonizar procesos productivos y promover energías renovables.
Es una visión obsoleta”, dijo a IPS.
La intención inicial de la CFE es edificar dos reactores de 1.400 megavatios (Mw) de capacidad cada uno, a un costo de unos 7.000 millones de dólares por unidad, en el terreno de la CNLV, que posee dos generadores con capacidad conjunta de 1.600 Mw. La Unidad 1 inició operaciones en 1990 y la 2, en 1995, para las cuales la empresa inició en 2015 el trámite de renovación de licencia por otros 30 años.
Para delinear la estrategia y el diseño de la obra, la CFE pidió al no gubernamental Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI, en inglés), con sede en California, la elaboración de un estudio técnico-económico sobre costos, opciones tecnológicas y ubicación para instalar la generadora, que estaría listo en 2020.[pullquote]1[/pullquote]
El argumento del gobierno a favor de la nucleoelectricidad gira en torno a las cuantiosas importaciones de gas natural de Estados Unidos y su poca inclinación hacia las alternativas renovables. El plan de López Obrador es fortalecer a la CFE y la también pública Petróleos Mexicanos (Pemex) y profundizar la explotación y quema de combustibles fósiles.
Pemex, en el puesto 12 como productor mundial de petróleo y en el 17 de gas natural, y sus socios privados obtuvieron hasta noviembre pasado un promedio diario de 5.015 millones de pies cúbicos de gas, cinco por ciento más que el volumen extraído en el mismo mes de 2018. Mientras, el país importó 1.024 millones, principalmente de Estados Unidos, el mismo nivel que en 2018.
En esa línea, la adición de energía nuclear podría minimizar la dependencia mexicana del gas natural y diversificar la cartera energética del país, según EPRI.
México necesita satisfacer una demanda eléctrica que crece cuatro por ciento al año y que a inicios de 2020 se ubica en 32.046 megavatios (Mw).
En el primer trimestre de 2019, la generación bruta totalizó 80.225 gigavatios-hora (Gwh), por encima de los 78.167 del mismo periodo del año anterior. Las plantas de ciclo combinado a gas aportaron 40.094, la termoeléctrica convencional, 9.306 y la carboeléctrica, 6.265.
Las hidroeléctricas contribuyeron con 5.137 Gwh, los campos eólicos, con 4.285; CNLV con 2.382, 32 por ciento menos que el año anterior, y las estaciones solares con 1.037. Las variantes renovables mostraron el mayor repunte.
La Ley de Transición Energética de 2015 estipula que la energía limpia debe representar 25 por ciento de la generación para 2018, 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024. La generación nucleoeléctrica puede ayudar a alcanzar esas metas, según el gobierno mexicano.
La CNLV, que representa cuatro por ciento de la generación eléctrica y dos por ciento de la capacidad instalada, enfrenta problemas técnicos, paros forzados no programados, riesgo de saturación de desechos radiactivos y exposición de trabajadores a emisiones radiactivas, según documentos de CFE y de la gubernamental Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
Si bien la energía atómica no genera dióxido de carbono, la minería del uranio, que México importa de Estados Unidos y Rusia, es contaminante y el carburante requiere de transporte desde su lugar de origen.
Además, la energía nuclear no puede competir económicamente con las energías fotovoltaica y eólica, cuyo costo ha caído en años recientes.
El índice Global de Infraestructura 2018, una encuesta realizada en 28 países por la Asociación de Inversionistas en Infraestructura Global y el Instituto de Investigación Social Ipsos MORI, con sede en Londres, halló que solo 30 por ciento de los consultados en México considera buena o muy buena la infraestructura de generación nuclear en el país, en línea con la percepción global, y 51 por ciento respondió “mala o muy mala”.
Esa visión concuerda con la visión social mexicana respecto de la viabilidad de la nucleoenergía, aversión que el gobierno tendrá que vencer. De hecho, desde 2006 se registra un incremento paulatino de oposición a la variante atómica.
Una encuesta realizada por la CFE y el también estatal Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares concluyó que 61 por ciento de los consultados se oponían a la construcción de más centrales atómicas y 50 por ciento, a su uso para producir fluido.
“El rechazo social siempre ha sido un elemento que complementa otros esfuerzos e información técnica y científica existente. Es un elemento que puede hacer que el plan nuclear no prospere. Tendríamos que estar discutiendo el plan de cierre y contención” de la CNLV, planteó Ampugnani.
Desde la administración del conservador Enrique Peña Nieto (2012-2018), este país latinoamericano consideró la ampliación de la capacidad nuclear. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030 (Prodesen) incluyó la construcción de tres reactores para 2028 en Veracruz y uno de los temas electorales de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 era definir el alcance del programa atómico.[related_articles]
Ese apartado contempló la expansión de Laguna Verde, elaborar estudios para la construcción de centrales nucleares y fortalecer a la CNSNS, el regulador nuclear. Pero la versión 2019-2033 del Prodesen no incluye más capacidad nuclear.
La CNSNS calcula que la construcción de una estación nuclear podría llevar menos de cuatro años, pero podría extenderse a ocho, si se toma en cuenta el tiempo necesario para organizar licitaciones públicas.
La estatal pero autónoma Comisión Reguladora de Energía dibujó un escenario energético alterno, en el cual el abandono de combustibles fósiles implica que la nucleoenergía llegue a casi cuatro por ciento. En el decenio 2017-2027, las inversiones nucleares tendrían que alcanzar casi 6.400 millones de dólares.
El “Reporte ambiental” de la instalación, que forma parte del expediente de renovación de licencia consultado por IPS, indica que el reemplazo por una nueva estación es posible, pero inviable, pues la autorización, la construcción y los costos de arranque no son comparables con los de la continuación de la generación de la CNLV.
Su sustitución por una planta alimentada con fósiles es técnicamente posible, pero inviable por razones ambientales y operativas. También son inviables las alternativas renovables, pues no hay suficiente irradiación solar ni condiciones climáticas para una granja fotovoltaica o un campo eólico.
Para legitimar sus megraproyectos, López Obrador ha recurrido a consultas públicas que no cumplen con estándares internacionales, y la construcción de una planta nuclear no sería la excepción.
