El gobierno de extrema derecha de Brasil se escudó en un artículo del Acuerdo de París para mantener su participación en las negociaciones climáticas que se desarrollan en la COP25, aunque las posiciones ambientales oficiales lo han sumido en el descredito internacional.
Los países ricos, que más emitieron gases del efecto invernadero y deforestaron sus territorios en el pasado, tienen que proveer recursos para que países que tienen muchos bosques y biodiversidad puedan protegerlos, sostuvo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles en Madrid, donde se realiza la cumbre climática.
Esa interpretación del artículo 6, sobre la “cooperación voluntaria” entre países para mitigación y adaptación al incremento de las temperaturas, parece ser el único objetivo que ha llevado al ministro a estar dos semanas en Madrid, donde entre el 2 y el 13 de diciembre se realiza la 25 Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Las palabras del ministro se contradicen con su decisión de dejar perder el Fondo Amazonia, creado en 2008 con donaciones de Noruega que desde entonces superaron 1 000 millones de dólares y aportes menores de Alemania.
Salles cuestionó la gestión de esos fondos que financiaron centenares de proyectos de conservación forestal y desarrollo sustentable en la Amazonia brasileña y seguirían ayudando gobiernos locales, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales a ejecutar sus iniciativas ambientales.
Noruega y Alemania suspendieron sus aportes en agosto, tras meses de negociación en que el ministro no aclaró sus sospechas de irregularidades administrativas y pretendió alterar las reglas del fondo, para financiar la legalización de propiedades rurales.
Tal finalidad estimularía la invasión de tierras públicas, un factor de la deforestación amazónica, según ambientalistas.
El presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro reaccionó con grosería a la suspensión de las donaciones. A Alemania le dijo que el dinero tendría mejor uso en la reforestación del propio país europeo. A Noruega buscó descalificarla como el país que “mata ballenas en el Polo Norte”.
“Salles vino a su primera COP a decir que cobraría miles de millones de los países ricos para la Amazonia. Pero su plan se hizo humo ante los temas que dominaron las conversaciones sobre Brasil”, destacó a IPS Carlos Rittl, coordinador ejecutivo del Observatorio del Clima, una coalición de 26 organizaciones ambientalistas brasileñas.
“Explosión de la deforestación en la Amazonia, crecida de la violencia contra los indígenas y criminalización de la sociedad civil” son las llagas brasileñas presentes en las discusiones de Madrid, acotó desde la capital española, donde participa en la COP25 y en la paralela Cumbre Social.
Ante la atmósfera adversa, Salles pasó a criticar a la misma COP en un rápido discurso en una plenaria de ministros, agravando “la ya tan negativa imagen internacional de Brasil”, señaló Rittl.
Es difícil que Brasil tenga un buen desempeño en esta conferencia, representado por un ministro que “no conoce el proceso de negociación y es un ‘negacionista’ climático”, concluyó.
Pese al conocido antiambientalismo del gobierno, que solo se echó para atrás en su plan de eliminar el Ministerio de Medio Ambiente por presiones de su propia base de respaldo dentro del poderoso sector agroexportador, Salles aceptó dialogar el 9 de diciembre con cerca de 200 activistas brasileños que participan en la COP.
Fue en ese escenario que expresó su reclamo por recursos de los países ricos y su defensa de la “monetización de los recursos ambientales”, mediante el pago de los servicios ecosistémicos y el desarrollo de una economía que beneficie a la población local y mantenga los bosques en pie.
Pero se fue pronto del primer encuentro que ha tenido con ambientalistas en un año como ministro, antes de que llegasen las ráfagas de críticas más duras, que expresaron incluso sus antecesoras Marina Silva (2003-2008) y Izabella Teixeira (2010-2016), que lograron bajar significativamente la deforestación amazónica y ven ese esfuerzo perdido por la nueva política.
Silva resumió el sentir colectivo al indicar que Brasil «pasó de ser una solución a representar un problema en las negociaciones climáticas» para contener la emergencia del recalentamiento planetario.
El gobierno de Bolsonaro niega que la deforestación y los incendios forestales en la Amazonia hayan aumentado destacadamente este año, pese a los datos del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) que si comprueban un brutal incremento.
El área deforestada alcanzó 9 762 kilómetros cuadrados entre agosto de 2018 y julio de 2019, un crecimiento de 29,5 por ciento en comparación con los 12 meses anteriores, estimó el INPE.
Las autoridades suelen argüir que esa extensión está por debajo del promedio de los últimos15 o 16 años. Pero omiten que eso ocurre por la gran deforestación en la década pasada. Un esfuerzo de control la redujo de 27 772 a 4 571 kilómetros cuadrados entre 2004 y 2012, una caída de 83,5 por ciento.
En 2012 se invirtió la tendencia y la deforestación creció este año, debido a la flexibilización del control ambiental y el estímulo del mismo gobierno a las actividades ilegales que más destruyen y explotan recursos naturales, como la invasión de tierras públicas, la minería informal y la nada productiva ganadería extensiva.
El menosprecio de Bolsonaro por los temas climáticos e indígenas lo llevó a llamar “mocosa” (pirralha, en portugués) a Greta Thunberg, por la crítica de la de la activista sueca de 16 años al asesinato de indígenas brasileños que “intentan proteger la selva”.
“Es una vergüenza que el mundo permanezca callado sobre eso”, escribió Thunberg en el Twitter, en referencia a dos indígenas que fueron asesinados el 7 de diciembre en el este de la Amazonia brsileña, 35 días después del asesinato de otro miembro del mismo pueblo originario, el guajajara, que ejerce un importante papel de “guardián forestal”.
En realidad, se acumulan actos de hostilidad de Bolsonaro y su gobierno contra el ambientalismo, despreciado como cosa de “izquierdistas” y de “enemigos del desarrollo nacional”.
Por eso sorprendió la disposición del ministro Salles de concurrir al encuentro de activistas en Madrid, la mayoría representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que Bolsonaro califica de “enemigos” y que acusó de “posiblemente” haber provocado la ola de incendios forestales en agosto.
Esas opiniones del presidente ya tuvieron efectos dramáticos. Dificultan y hacen más peligroso el trabajo de los ambientalistas y probablemente propiciaron el encarcelamiento de cuatro voluntarios de brigadas antiincendios en Santarém, interior de la Amazonia, a fines de noviembre, por una decisión de la policía local sin pruebas concretas.
En esas circunstancias, para algunos pareció una actitud valiente la decisión de Salles de dialogar con los activistas en Madrid, después de tantas medidas antiambientales, como desactivar servicios completos de su ministerio. De los 120 altos cargos de ese despacho, 25 están vacíos, según destacó el diario O Estado de São Paulo el 6 de diciembre.
Cinismo o necesidad de abrir un diálogo con su sector son otras interpretaciones del acortado encuentro.
Lo que parece más probable es que el ministro no tiene idea de sus funciones ni de la repercusión de sus actos. En los últimos días anunció haber obtenido fondos de Alemania y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos ambientales, hechos pronto desmentidos por las supuestas fuentes de los recursos.
Edición: Estrella Gutiérrez
