Los gobiernos y los parlamentos de África deben emplearse a fondo en elaborar marcos legales destinados a combatir el cambio climático en sus países y atender impactos como catástrofes naturales y emergencias humanitarias, que ya diezman sus presupuestos.
«Los países africanos están gastando hasta el 3,9 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en emergencias climáticas, que en muchos casos no se han presupuestado», dijo James Murombedzi, jefe del Centro de Política Climática de África dentro del la Comisión Económica para África, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante un encuentro paralelo, en el marco de la 25 Conferencia de las Partes (COP25) sobre cambio climático que se celebra en Madrid, expertos, instituciones regiones, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la ONU coincidieron que los legisladores africanos deberían incorporar la crisis climática en todos los planes de desarrollo, para mitigar y adaptarse a los impactos del recalentamiento planetario.
El llamado dentro de la COP llega mientras África Oriental sufre inundaciones sin precedentes por precipitaciones superiores en 300 por ciento por encima del promedio, que se producen durante lo que habitualmente es una corta temporada de lluvias.
En las dos semanas que han precedido a la inauguración de la COP25, el lunes 2 de diciembre, las inundaciones ocasionaron más de 100 personas muertas solo en Kenia, forzando el desplazamiento de cientos de familias, destruyendo riberas de los ríos, represas e incluso muchas viviendas.
Según los científicos meteorológicos que participan en las negociaciones climáticas de Madrid, que se prolongarán hasta el viernes 13, esto se debe a la oscilación o variación irregular de las temperaturas de la superficie del mar, un fenómeno conocido como el Dipolo del océano Índico, también llamado El Niño indio.
Las inundaciones en el este de África están ocurriendo solo unos meses después de que los ciclones Idai y Kenneth arrasaran la región del sur de África y afectaran a más de 2,2 millones de personas en Mozambique, Zimbabwe y Malawi.
Un análisis de la organización internacional Save the Children muestra que solo en 2019, más de 1 200 personas murieron como resultado de ciclones, inundaciones y deslizamientos de tierra en Mozambique, Somalia, Kenia, Sudán y Malawi, dejando al menos 33 millones de personas en niveles de emergencia climática e inseguridad alimentaria.
Esto ha tenido enormes consecuencias financieras para los países, las agencias humanitarias, así como para las comunidades y las familias afectadas.
«¿Qué le vamos a decir a nuestra gente?» preguntó Roger Nkodo Dang, presidente del Parlamento Panafricano durante el encuentro en uno de los pabellones de la Feria de Madrid, que acoge a la COP25. «Como legisladores africanos, debemos desempeñar nuestro papel y luego hablar con una sola voz para pedir fondos para desarrollar la resiliencia», dijo.
Según Gareth Phillips, gerente de Finanzas Ambientales y del Clima del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), los políticos africanos pueden aprovechar oportunidades de fácil alcance siempre que existan marcos legislativos claros y sólidos en materia climática.
«Podemos comenzar promulgando leyes que fomenten la energía renovable y cumplan con las metas del consumo de fuentes no fósiles, eliminando los subsidios a los combustibles contaminantes y traspasándolos a las fuentes limpias”, dijo.
En resumen, para Philips, las legislaciones deben contribuir a cumplir con los estándares de eficiencia energética, de construcción y de otros sectores, que permitan controlar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
En el caso de África, cuya emisión de GEI resulta marginal en el plano mundial pero que es altamente vulnerable a sus consecuencias, el funcionario del BAFD instó a centrarse en la adaptación a las alteraciones climáticas más que en la mitigación.
En ese sentido, llamó a que los gobiernos africanos aprovechen el Mecanismo de Beneficios de Adaptación, un nuevo instrumento del banco multilateral, diseñado para facilitar fondos a proyectos que cuenten con su certificación en ese punto.
Los delegados africanos entre los más de 25.000 que negocian en esta COP considerada de transición, intermedia en el argot de la ONU, también analizan los cumplimientos de los países del continente del histórico Acuerdo de París, suscrito en diciembre de 2015 en la COP21, y que va a entrar en vigor el año próximo.
Según el Acuerdo, se suponía que todas las partes debían presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), para contener el recalentamiento del planeta. Se trata de las medidas voluntarias de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse a los impactos del cambio climático.
Sin embargo, los primeros hallazgos de un estudio en curso encargado por la Alianza Panafricana de Justicia Climática, en los ocho países objeto de la investigación todavía no se ha avanzad mucho en las NDC sugeridas dentro del Acuerdo. Esos países son: Botswana, Etiopía, Gabón, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria, Tanzania y Zambia.
«Está claro que muchos países no tienen marcos legales sobre el cambio climático, que deberían ser el principal vehículo para la implementación del Acuerdo de París», dijo a IPS el secretario ejecutivo de la Alianza, Mithika Mwenda.
Entre los resultados preliminares del estudio, se observó que los países como Kenia, que cuentan con una Política Marco Nacional de Cambio Climático, han progresado más en sus respuestas al incremento de las temperaturas de los que no cuentan con instrumentos similares.
«Con esta política, hemos podido incorporar el cambio climático en todos los planes nacionales de desarrollo, y esto facilita la asignación de fondos presupuestarios a actividades específicas directamente relacionadas con el cambio climático», dijo a IPS el keniano Charles Mutai, director de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de su país.
Con base en la legislación nacional, los gobiernos de los condados (municipios) kenianos han seguido su ejemplo. Seis de ellos ya promulgaron leyes específicas sobre el cambio climático, lo que les facilitó fondos directos para actividades de adaptación y otras vinculadas con el tema.
Sin embargo, según un informe lanzado en noviembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP), a menos que las emisiones de GEI se reduzcan en 7,6 por ciento cada año entre 2020 y 2030, el mundo no podrá conseguir el objetivo de contener el incremento de las temperaturas en 1,5 grados centígrados.
Esa es la meta principal del Acuerdo de París, que los científicos ya alertan que es muy insuficiente respecto al acelerado recalentamiento del planeta.
Si no se logra esa reducción, los desastres climáticos serán mucho más devastadores que lo que se experimentan en la actualidad.
T: MF
