Cinco semanas de protesta con más de cuatro millones de indignados en las calles han desnudado las carencias del modelo neoliberal de Chile tras una explosión social con más de 23 muertos, 220 tuertos por balines policiales, miles de heridos, detenidos, procesados y millones de dólares en daños.
La movilización social aparentemente no cesará hasta que aumenten los salarios y las pensiones, mejoren los planes de salud, baje el precio de los medicamentos y se ponga una lápida a la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha representado y representa una rémora para la democracia del país.
Están abiertas varias interrogantes sobre el futuro político, económico y social que no se dirimirían hasta que este país de unos 19 millones de habitantes cuente con una nueva carta fundamental, según coinciden especialistas y actores de diferentes lados de la crisis institucional abierta en octubre.
Un punto alto del estallido social se vivió con 1,2 millones de personas protestando en el centro de Santiago el 25 de octubre. Siguió con cientos de marchas y cabildos autoconvocados (asambleas de debate) y manifestaciones pacíficas en todo el país.
En forma simultánea se producen, hasta ahora, actos de pillaje, saqueos, vandalismo e incendios que afectan a grandes centros comerciales, iglesias, cuarteles de policía, bancos y pequeños comercios en ciudades del norte y sur.
Efectivos de Carabineros (policía) han sido sobrepasados, coinciden alcaldes de todas las tendencias, quienes lamentan saqueos y robos en sus comunas (municipios).
Las organizaciones sociales y algunos partidos de izquierda, como el comunista, exigen cambios estructurales a un modelo neoliberal que se aplicó hasta el exceso y que fue la espita de la explosión social. Anuncian que seguirán movilizados.
Presionados por la multitudinaria movilización de la calle, el derechista presidente Sebastián Piñera, partidos y legisladores de izquierda, centro y derecha apuraron el paso y tramitan varias de esas demandas, a fin de responder a la movilización social, aunque, al menos por ahora, sin cambiar el modelo que originó el estallido social.
Y hay una tercera línea más dura, de extrema derecha, que en las redes sociales pide una represión mayor para mantener incólume el modelo socioeconómico y volver al que llamaban oasis chileno previo al 18 de octubre.[pullquote]1[/pullquote]
Carolina Espinoza, portavoz de la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 200 organizaciones populares (sindicales, poblacionales, medioambientales, feministas y estudiantiles), contó a IPS que en estas semanas avanzó la reconstrucción del tejido social y político chileno para reparar el déficit de democracia que persiste casi 30 años después de acabarse la dictadura.
Un grupo de análisis de esa Mesa, que coordina la movilización social, ya recibió más de 1 150 actas de cabildos realizados en 180 comunas (de un total de 346) en los que unas 20 000 personas debatieron una nueva constitución. La Mesa impulsa una Asamblea Constituyente paritaria, multiétnica y plenamente elegida por los chilenos.
La opción de una nueva Constitución y el mecanismo para elaborarla se definirán en un referendo en abril del 2020, si se concreta un acuerdo logrado por parlamentarios y líderes políticos de todos los sectores, con excepción del izquierdista Frente Amplio y del Partido Comunista.
La socióloga Lucía Dammert, de la pública Universidad de Santiago, elogió la realización de cabildos “en un país cuyo debate político había sido invisibilizado. Se había despolitizado la conversación cotidiana, la mitad de la gente votaba y muchos eran escépticos de la política, pero escépticos sin acción”.
Los cabildos “tienen que seguir avanzando, pero no solamente en términos de proveer propuestas, sino también en el entendimiento de lo que significa esta toma de decisiones”, dijo a IPS.
“Un gran desafío es que estos cabildos no repliquen los niveles de segregación socioterritorial de Chile. Porque, finalmente, los cabildos terminan siendo conversaciones entre gente muy similar y homogénea y eso puede perder la riqueza del debate”, advirtió, en un país signado no solo por la desigualdad sino por el clasismo.
Espinoza subrayó que la Mesa seguirá bregando por una Asamblea Constituyente y por otras demandas económicas y sociales, entre las cuales un salario mínimo equivalente a 625 dólares y no a solo 430 como propone Piñera.
“Eso significa seguir en la calle, realizar actividades culturales y usar todas las herramientas que la historia de la humanidad entrega para alcanzar justicia social. Por supuesto hay que racionalizar y focalizar porque no podemos vivir todos los días marchando y tocando cacerolas, pero la calle no la vamos abandonar”, declaró.
Espinoza advirtió que es crucial “la investigación, justicia y reparación a las graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas en estas semanas.
Según el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante las protestas al menos cinco personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad (del total de 23 víctimas) y más de 2 300 resultaron heridas, de las cuales más de 1 400 por disparos de armas de fuego y 220 con trauma ocular severo y pérdida de visión.
En el mismo lapso, la Fiscalía registró más de 1 100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
La movilización social deberá, empero, superar la violencia desatada en todas las regiones por grupos de delincuentes o vinculados a barras bravas, otros ligados al narcotráfico, anarquistas y otros que saquearon, destruyeron y quemaron supermercados, plazas públicas, señaléticas, centro comerciales y hasta pequeños negocios.
Hay más de 17 000 detenidos y formalizados por esos saqueos y delitos violentos.
Katy Barriga, alcaldesa de la poblada comuna de Maipú, al oeste de Santiago, denunció que allí las protestas son pacíficas hasta las nueve de la noche, pero entonces aparecen grupos violentos que saquean y roban porque escasea la vigilancia policial.
La también dirigente de Unión Democrática Independiente, parte de la alianza gobernante, acusó al Estado de fracasar en proveer seguridad, al igual que el alcalde de la ciudad de Valparaíso, Jorge Sharp, del izquierdista Frente Amplio, en denuncias que se repiten por las comunas afectadas por las acciones de los violentos.
Según Espinoza, para frenar la crisis se requiere un tercer eje de acción: “un paquete de medidas sociales, urgentes, respecto del cual no tenemos ningún acercamiento”.
Criticó el plan social con el que Piñera busca dar respuesta a la calle: que incluye además de los 430 dólares de salario mínimo, congelar las tarifas de electricidad y transportes e incrementar en 20 por ciento las pensiones más bajas.
“Las medidas planteadas por el Presidente Piñera significan migajas, absolutamente insuficientes”, aseveró la vocera de la Mesa.[related_articles]
“Son todas a cargo de impuestos generales, sin tocar el poder económico, sin cambiar el modelo y claramente un engaño. No se ha detenido la agenda legislativa para seguir profundizando un modelo económico neoliberal fracasado”, aseveró.
La socióloga Dammert, por su parte, cree que para salir de la crisis los caminos serán de largo plazo y “jamás mirando al retrovisor, a lo que fue la normalidad anterior. El gran desafío es la construcción de una nueva normalidad, un nuevo margen político, social e incluso económico”, aseveró.
“El tema constitucional va a abrir un espacio de discusión y reflexión respecto a los temas más profundos de la distribución del poder en el país, pero también se va a requerir una agenda social que debería demostrar una forma distinta del desarrollo económico y social”, sostuvo.
Se necesita también una agenda de seguridad y justicia para discutir “los temas de policía y violación de derechos humanos”, dijo.
“Eso no quiere decir que vamos a estar en un proceso constante de miles de movilizaciones y actos de violencia. Pero, no hay que pensar que porque no hay movilización dos días o una semana eso significa que salimos de la crisis”, subrayó.
Según Benjamín Sáez, investigador de la Fundación SOL, el estallido social se produjo porque se acumularon y profundizaron tensiones debido a una creciente desigualdad.
“Explotó en la cara a la clase política y a la elite económica porque hay una indolencia e insensibilidad absoluta sobre las consecuencias de un orden social y económico que permitió que el uno por ciento más rico en la actualidad acumule 33 por ciento de los ingresos”, afirmó a IPS.
“Los 1 800 súpermillonarios que hoy ganan salarios por sobre 576 millones de pesos mensuales (unos 720 000 dólares), son el grupo que construyó un orden social, una forma de entregar derechos y servicios que contribuye a una tremenda desigualdad y acumulación en manos de pocas personas”, precisó.
“La distancia entre el cinco por ciento más rico y el cinco por ciento más pobre que en los 90 era de 103 veces en la actualidad ha superado las 250 veces”, aseveró.
Edición: Estrella Gutiérrez
