La Amazonia, envuelta en una cantidad de incendios que se creía un drama del pasado, sufre en Brasil un recrudecimiento de su invasión agrícola, cuando ya no rigen las razones originales, demográficas y productivas, que la provocaron.
Al contrario de lo imaginado, el presidente Jair Bolsonaro pierde apoyo de buena parte de la agroindustria, uno de los pilares de su triunfo electoral, al promover una nueva campaña por la ocupación supuestamente económica de áreas forestales, incluso las reservadas a los pueblos indígenas y a la conservación ambiental.
Su prédica contra el ambientalismo, las tierras indígenas que considera excesivas y el monitoreo científico de la deforestación, sumada a la desmovilización de la inspección ambiental, prendieron el fuego en la Amazonia, coinciden analistas.
Brasil “había avanzado mucho, ganado la confianza del mercado (externo), pero con el discurso del gobierno volvimos al punto de partida”, se quejó Blairo Maggi, propietario de la empresa Amaggi, la mayor exportadora brasileña de soja, en entrevista con el diario Valor Econômico.
La consecuencia será la pérdida de mercados y posiblemente la no aprobación o la dilación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur, bloque de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), teme Maggi, quien fue ministro de Agricultura entre 2016 y 2018.
El mismo temor manifestó el presidente de la Asociación Brasileña del Agronegocio, Marcello Brito, quien sostuvo que la mayoría del sector agrícola reconoce la necesidad de preservar el ambiente, para asegurar exportaciones y disponer de las necesarias lluvias, que dependen de bosques.
La acción y el discurso antiambientalista puede erosionar más aún el poder de Bolsonaro, cuya popularidad viene en descenso desde el inicio de su gobierno el 1 de enero.
La reprobación a su gobierno de extrema derecha ascendió a 38 por ciento en encuesta hecha por el Instituto Datafolha el 29 y el 30 de agosto. Ese índice fue de 30 por ciento en abril y 33 en julio.
La aprobación cayó de 32 por ciento en abril y 33 en julio a 29 por ciento ahora.
La encuesta recogió opiniones sobre su responsabilidad en los incendios amazónicos. El 51 por ciento condenó la actitud presidencial hacia la deforestación y los incendios forestales y solo 25 por ciento la aprobó. Del resto, 21 por ciento calificó de “regular” su actuación.
Sobre la reducción de las reservas indígenas, insistentemente defendida por Bolsonaro, 65 por ciento de los entrevistados discreparon. Además, 55 por ciento rechazó su opinión de que el ambientalismo obstaculiza el desarrollo.
Tiene también poco eco la forma como Bolsonaro entiende la soberanía nacional sobre la Amazonia. Si 40 por ciento de los entrevistados dijeron que la región debe ser administrada exclusivamente por Brasil, 35 por ciento cree que se debe oír a gobiernos y organismos internacionales y 22 por ciento acepta incluso una gestión internacional.
Además 75 por ciento considera legítimo el interés de otros países en la Amazonia y 66 por ciento opinó que Brasil debería aceptar los 20 millones de dólares ofrecidos por el Grupo de los Siete (G7) países más ricos y rechazado por Bolsonaro como un gesto “colonial”.
El nacionalismo amazónico de Bolsonaro se hizo más contundente ante la sugerencia del presidente francés, Emmanuel Macron, de debatir la conveniencia de establecer un “estatuto” internacional para la Amazonia.
Las medidas desmovilizadoras de la política ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y los discursos de Bolsonaro contra las áreas indígenas y de protección ambiental enfrentarán un nuevo acto de resistencia, el Sínodo para la Amazonia, que reunirá 102 obispos de los países de la cuenca, del 6 al 27 de octubre en Roma.
Convocado por el papa Francisco para discutir el papel de la Iglesia católica en la PanAmazonia, el Sínodo busca identificar “nuevos caminos para la evangelización de los pueblos” que la habitan, según comunicado de un grupo de religiosos que preparan el encuentro católico.
“Defendemos de modo intransigente la Amazonia y exigimos medidas urgentes de los gobiernos ante la agresión violenta e irracional a la naturaleza”, afirma el manifiesto.
La Amazonia se convirtió en combustible de resistencia al gobierno ultraderechista, aunque la deforestación del último año, desde agosto de 2018 hasta finalizar julio de 2019, sea muy inferior, probablemente cerca de un tercio, de la ocurrida en 2004, cuando desaparecieron 27.772 hectáreas de vegetación.
La razón es que los incendios forestales aumentaron de manera impactante en agosto, cuando el estatal Instituto Nacional de Investigaciones Aeroespaciales (Inpe) registró 30.901 focos de fuego en la Amazonia.[related_articles]
Casi triplicaron los 10.421 focos de quemas en agosto de 2018, anulando avances en el control de esa forma superada de expansión agrícola y limpieza del área de siembras.
La deforestación ya no busca aumentar la producción, actualmente más basada en productividad que en la ampliación del área explotada, aseguran grandes líderes del llamado agronegocio brasileño.
El adueñarse ilegalmente de tierras, el “grillaje” según le llaman en Brasil, es el “corazón del problema”, según el geógrafo Ariovaldo Umbelino, profesor de la Universidad de São Paulo, especializado en temas agrarios, en una entrevista al diario digital Correio da Cidadania.
Entre 70 y 90 por ciento de la deforestación amazónica se destina a la ganadería, según diferentes estudios. Pero algunos años después muchas áreas deforestadas para esa actividad quedan ociosas u ocupadas por una res por hectárea, mientras las fincas pecuarias más productivas tienen el ya bajo promedio de tres o cuatro vacunos por hectárea.
Queda evidente que una producción competitiva de carne o leche no es el principal objetivo. El ganado sirve como un medio de asegurarse la propiedad, aunque sea en forma ilegal.
La mayoría de los supuestos hacendados de la Amazonia no poseen títulos regulares de propiedad. En el norteño estado Pará, en la parte oriental del bioma, los registros notariales de tierras sobrepasan en mucho su territorio.
Los gobernadores de los nueve estados amazónicos de Brasil señalaron la dificultad de castigar a los responsables de los incendios, porque no logran identificar el propietario.
Ese caos agrario deriva de la ocupación desordenada de ese territorio, promovida por la dictadura militar (1964-1985) como medida de seguridad nacional, contra supuestos intereses extranjeros en “internacionalizar” la Amazonia.
Tierras baratas, o gratis, fueron distribuidas a centenares de miles de campesinos del sur. Deforestar era obligatorio, bajo pena de perder la tierra. Así la Amazonia ya perdió cerca de 17 por ciento de sus bosques.
En aquella época la población crecía aceleradamente, a punto de escasear tierras en el centro-sur de Brasil, así que la Amazonia era la frontera natural para absorber el excedente campesino.
Además el país era importador neto de alimentos, exportaba café, azúcar y pequeñas cantidades de otros productos.
Desde entonces la agricultura brasileña multiplicó su producción, con baja expansión del área sembrada, y se hizo una potencia exportadora gracias a nuevas técnicas e investigaciones.
Ya no tiene sentido volver a las viejas prácticas de talar y quemar, ni acusar a las tierras indígenas y de protección ambiental de entrabar e “inviabilizar” la economía nacional, como hace Bolsonaro, en una política que tras los fuegos de agosto se le ha vuelto en contra.
Edición: Estrella Gutiérrez
