El presidente Jair Bolsonaro anticipó que nombrará, tan pronto como le sea posible, a un juez “terriblemente evangélico” como miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en uno de los gestos con que trata de asegurar el apoyo religioso a su gobierno de extrema derecha.
Su expresión recuerda a la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, quien declaró en su investidura el 2 de enero que “el Estado es laico, pero esta ministra es terriblemente cristiana”. Ella es pastora de la iglesia evangélica Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, capital del sureño estado de Minas Gerais.
El anuncio, hecho el 10 de julio, durante un acto religioso de esa confesión en la Cámara de Diputados, provocó polémicas y críticas al uso de la religión como un criterio para la elección de un magistrado del máximo tribunal, del que Bolsonaro no dio nombre, pero resaltó su conocimiento jurídico y su reputación.
La llamada bancada evangélica cuenta con 104 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados, y 10 de los 81 puestos de la Cámara Alta, según cálculos de marzo.
Esa anticipada designación, en todo caso, requiere la aprobación del Senado, que ya ha rechazado varias polémicas medidas del gobierno.
El presidente podrá designar a dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), para sustituir a los que se jubilarán en noviembre de 2020 y julio de 2021, al cumplir el límite de edad, 75 años.
Bolsonaro es católico, pero políticamente más allegado a las iglesias evangélicas, cuyo respaldo le granjeó 69 por ciento de los votos, en las elecciones presidenciales de octubre de 2018, según las encuestas.
Su mujer actual, sus tres hijos parlamentarios y varios de sus ministros siguen esa confesión religiosa.
“Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos”, fue su consigna electoral y sigue siéndolo en los actos políticos. Como presidente, Bolsonaro participa frecuentemente de celebraciones evangélicas, como la multitudinaria Marcha a Jesús, el 20 de junio en São Paulo, cuando admitió que buscará su reelección en 2022.
Los religiosos conservadores, incluso católicos, fueron un factor decisivo de su triunfo electoral y llevaron al gobierno sus banderas moralistas, como defensa de la familia tradicional y rechazo a lo que denominan “ideología de género”, al feminismo y al derecho al aborto, incluso en supuestos actualmente legales, como el de violación o anencefalia.
Las acciones a favor de los grupos evangélicos contrastan con medidas y hostilidades que el gobierno de Bolsonaro dedica a los institutos científicos o de gestión ambiental, que son estatales pero de gestión autónoma y cuyos responsables son designados por el gobierno, pero a partir de ternas presentadas avaladas por sus funcionarios.
En el ataque más reciente, el 19 de julio, el presidente acusó el director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el ingeniero Ricardo Galvão, de divulgar datos que “no reflejan la realidad” sobre deforestación amazónica, al parecer “a servicio de alguna ONG (organización no gubernamental)”.
Su queja es que la divulgación del gran aumento del área afectada daña la imagen externa de Brasil.
El INPE monitorea la situación forestal de la Amazonia hace más de tres décadas y sus servicios son internacionalmente reconocidos. Los resultados inmediatos sirven de alerta y de orientación al combate a la deforestación ilegal. Datos más precisos, revisados, consideran la destrucción anual, de agosto a julio.
En junio detectó la deforestación de 920 kilómetros cuadrados, con un aumento de 88 por ciento sobre junio de 2018.
Son datos “manipulados”, reaccionó pronto el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira, uno de los varios generales retirados que integran el gobierno y muy cercano a Bolsonaro.
Si se suma la deforestación ya divulgada hasta hoy “la Amazonia ya sería un desierto”, desdeñó el general, que como muchos militares retirados, incluido Bolsonaro, el mismo un excapitán del Ejército, consideran que la soberanía brasileña sobre las riquezas amazónicas es amenazada por la codicia internacional, de la que las ONG serian un instrumento.
El ataque de Bolsonaro representa “una actitud pusilánime y cobarde”, contrarrestó Galvão, al defender los estudios del INPE y recordar casos anteriores en que el presidente descalificó a otras autoridades, para presionarlos a dimitir. “No renunciaré”, desafió.
Los directores del Instituto, un centro de conocimiento científico y tecnológico avanzado de Brasil, tienen mandato de cuatro años. El del actual termina el próximo año.
Galvão recibió la solidaridad de otras instituciones científicas y dijo que las presiones contra el INPE ocurren desde que comenzó el gobierno, el 1 de enero. Pero procedían del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo titular, Ricardo Salles, aseguró que los datos del instituto como “imprecisos” y descartó dar prioridad a la Amazonia.
Ante las masivas reacciones críticas, Bolsonaro moderó sus críticas. Los datos de deforestación pueden afectar negociaciones internacionales, por eso autoridades superiores, empezando por el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, deberían conocer tales datos antes de su divulgación, matizó.
Pero no es la primera respetada institución en producción de conocimientos científicos que ha sufrido ataques similares del presidente o sus ministros.
La Fundación Oswaldo Cruz, un centro estatal de referencia en investigaciones en salud, produjo un estudio sobre el uso de drogas ilícitas en Brasil rechazado por el gobierno. El Ministerio de la Ciudadanía consideró inadecuada su conclusión de que no hay una epidemia de drogadicción en el país.
La epidemia es evidente en las calles de grandes ciudades como Río de Janeiro, el estudio tiende a favorecer la liberación de las drogas, sentenció el ministro de la Ciudadanía, el médico Osmar Terra.
Un recorte presupuestario de órganos que financian investigaciones científicas puso en situación crítica a la academia brasileña y obligó a la interrupción de muchos estudios y a la suspensión de muchas becas de posgrado.
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística se vio forzado a reducir la amplitud del censo que ejecutará en 2020, en desmedro de algunos datos que perderán su serie histórica.
Los órganos ambientales también están perdiendo capacidad de gestión y manejo de sus conocimientos, ante la acción aparentemente deliberada del ministro Salles, que paralizó sus funciones, vaciando prácticamente de jefes a las instituciones de protección ambiental o administración de unidades de conservación en el país.
Además pretendió alterar la gestión del Fondo Amazonia, que financia proyectos ambientales y sociales en la norteña región con donaciones de Noruega y Alemania. Habló de irregularidades no comprobadas y generó un conflicto con los donadores que podrá echar a perder esos recursos contra la deforestación.
Otro blanco de destrucción es el Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores, un centro de formación y ejercicio de una diplomacia de carrera también reconocida internacionalmente. Al nombrar como canciller a Ernesto Araújo, sin experiencia como embajador, Bolsonaro ignoró la jerarquía y el conocimiento de diplomáticos sénior.
Su decisión de designar como embajador en Washington a su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado de 35 años y evangélico, cuya única experiencia anterior fue en el área policial, humilla a los diplomáticos brasileños.
Pero la repercusión fue tan negativa, incluso dentro del Senado que tendrá que aprobar el nombramiento, que podría abortar una designación que muchos consideran puro nepotismo.
Edición: Estrella Gutiérrez
