El temor a graves retrocesos en la política ambiental en Brasil, que el actual gobierno va confirmando con sus medidas, dificultará la puesta en marcha del nuevo acuerdo de libre comercio entre Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Un vuelco en el discurso del presidente Jair Bolsonaro en relación al Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado por 195 naciones en 2015, fue necesario para poner fin a 20 años de negociaciones y lograr el tratado comercial que aglutina un mercado de 780 millones de consumidores, 260 millones sudamericanos.
Brasil mantendrá sus compromisos climáticos, manifestó Bolsonaro, ante la exigencia explícita del presidente francés, Emmanuel Macron, para dar su visto bueno al acuerdo.
El nuevo tratado se firmó en Bruselas el 28 de junio y lo sellaron al día siguiente los presidentes de los dos bloques participantes en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) países industriales y emergentes en la ciudad japonesa de Osaka, entre ellos Bolsonaro y Macron.
En la campaña electoral del año pasado, Bolsonaro había amenazado con dejar el Acuerdo de París por considerarlo una amenaza a la soberanía nacional.
De hecho, la hostilidad del presidente de extrema derecha y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, hacia el ambientalismo ya provocaron daños, al cumplirse seis meses de su llegada al poder el 1 de enero.
La deforestación amazónica, el dato que más preocupa la humanidad, creció 57 por ciento en junio, en comparación con ese mes del año anterior, según el monitoreo del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). En junio empieza en esa norteña región la fase crítica para la protección forestal, por el comienzo del estiaje.
El Fondo Amazonia, que financia proyectos de conservación en esa región brasileña a fondo perdido, está paralizado ante la inexplicada intención del ministro Salles de alterar su administración y destino de los fondos, contra la posición de sus principales donadores, Noruega y Alemania.
Agroquímicos usados en exceso también amenazan el libre comercio. El Ministerio de Agricultura autorizó el uso de 239 nuevos agroquímicos en Brasil, con el argumento de que casi todos son nuevas fórmulas de principios activos ya producidos en el país.
Pero 30 por ciento de ellos están prohibidos dentro de la UE, según la organización internacional Greenpeace.
“La geografía del uso de agrotóxicos en Brasil y conexiones con Unión Europea”, un atlas de 150 mapas y gráficos, detalla desde 2017 la contaminación en los alimentos y el agua, en niveles no tolerados en Europa, en muchos casos.
La publicación fue lanzada en mayo en Berlín por su autora, Larissa Mies Bombardi, profesora de la Universidad de São Paulo, que eligió Alemania para darlo a conocer dentro de la UE por ser sede de las mayores industrias de insumos agrícolas, como los conglomerados Bayer y Basf.
“El acuerdo UE-Mercosur puede contribuir a establecer frenos en la manera como el gobierno brasileño trata el medio ambiente”, espera Adriana Ramos, asesora y socia del no gubernamental Instituto Socioambiental.
“Todavía hay incertidumbres sobre detalles y mecanismos del acuerdo, como los de control social activo”, pero en lo que ya se conoce hay puntos positivos, como las salvaguardias ambientales que “seguramente representarán trabas a los retrocesos pretendidos por el gobierno brasileño”, evaluó la especialista para IPS.
Presiones de los consumidores europeos demandarán una mejor regulación de las prácticas agrícolas para mantener la vigencia del libre comercio.
Los partidos verdes, que aumentaron de 50 a 75 sus miembros en el Parlamento Europeo, ya manifestaron su rechazo al acuerdo con un presidente brasileño que, según ellos, ataca mujeres, minorías sexuales y étnicas, además del ambiente.
En la cuestión ambiental también se oponen los agricultores, especialmente de Francia, que se quejan de una “competencia desleal” de quienes no cumplen las rígidas normas de la UE contra el abuso de hormonas y antibióticos en el ganado y de pesticidas en las siembras.
El tratado de libre comercio UE-Mercosur tendrá que pasar por revisiones técnicas y la ratificación parlamentaria de los bloques y de los 32 países involucrados, siendo 28 europeos y cuatro sudamericanos, para tener plena vigencia.
Ese proceso puede durar de dos a cinco años, según estimaciones diplomáticas.
Las negociaciones se arrastraron por dos décadas debido a la complejidad de integrar dos bloques heterogéneos.
El Mercosur, integrado desde 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha vivido entre altibajos y aún no se consolida como unión aduanera (de políticas comerciales comunes) y ni siquiera el comercio intrabloque es totalmente libre.
Durante algunos años incorporó a Venezuela en un proceso conflictivo y en otros suspendió a Paraguay, debido a una polémica destitución del presidente Fernando Lugo en 2012, lo que habría violado la cláusula democrática del bloque.
En el pasado discrepancias económicas e inestabilidades políticas demoraron e incluso llevaron a suspender las negociaciones para el acuerdo alcanzado ahora.
Los gobiernos del Mercosur temían, como aún temen los políticos izquierdistas, que el acuerdo acentuaría la asimetría entre una Europa industrial y el Sur americano agroexportador, mientras los agricultores tradicionales de la UE se resistían a ceder mercados y perder su modo de vida, ante la obligada renuncia a subsidios.
Ahora las divergencias se ampliaron casi al ámbito de civilización, con la presidencia de Bolsonaro. No se trata de una cuestión política, ya que la UE también tiene países con gobiernos de extrema derecha, xenófobos y homofóbicos, como Hungría, Polonia e Italia.
Pero en Brasil, el país con la mayor biodiversidad y volumen de agua dulce del mundo, el tema ambiental se hace dramático.
“El presidente no parece llevarlo en serio, acusó de ‘psicosis ambientalista’ a sus críticos”, en la cumbre de las mayores economías del Norte y del Sur, en el G20 en Osaka, recordó Ramos.
Ese calificativo es de religiosos ultraconservadores y un movimiento que busca restablecer la monarquía abolida en Brasil en 1889.
Mientras el ministro Salles desmantela órganos de control y extingue consejos que permitían la participación social en decisiones ambientales, también las poblaciones indígenas enfrentan medidas que amenazan su supervivencia física y cultural, garantizada por la Constitución de 1988.
Bolsonaro trata de someter la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, pese al conflicto de intereses, mediante decretos rechazados por el legislativo Congreso Nacional y en el Supremo Tribunal Federal.
La Fundación Nacional del Indígena, el órgano gubernamental para apoyar a los pueblos originarios, así como los servicios de salud especial para sus pobladores, también perdieron recursos y autonomía.
Para el presidente, los indígenas “deben ser iguales” a los blancos, prosperando con actividades económicas indiscriminadas en sus tierras, una visión de asimilación a la sociedad envolvente superada hace cinco décadas, que equivale al etnocidio, la muerte cultural.
Además Bolsonaro busca armar al máximo de personas, retrocediendo la seguridad pública al individual, y abolir o ablandar reglas de tránsito, en un país donde mueren más de 100.000 personas al año por homicidios y accidentes automovilísticos.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son tratadas muchas veces como enemigas del desarrollo o del país, especialmente por muchos militares que integran el gobierno.
El ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira, un general retirado del Ejército, teme que algún grupo indígena amazónico, instigado por ONG, se autoproclame como nación independiente.
Es una ironía que el acuerdo comercial con la UE sea firmado por autoridades brasileñas que idolatran al presidente estadounidense, Donald Trump, el de “América primero”, y que rechazan el “globalismo” como una conspiración marxista, como por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo.
El mismo gobierno que ahora se ve forzado a reafirmar su adhesión al ambientalismo.
De todos modos, el libre comercio con la UE, si avanza, puede impulsar la economía brasileña, aún sumida en el estancamiento tras la brutal recesión de 2015-2016, pese a que el acuerdo va a tener sus perdedores y ganadores internos.
El sector agrícola es el que más celebra las ganancias futuras, aunque tenga que contener sus tentaciones antiambientales.
Edición: Estrella Gutiérrez
