Marta Cairo coloca una gruesa capa de ramas de almacigo sobre una caja de mangos, para que maduren rápido y puedan procesarlos en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, en el municipio de San Miguel Padrón, en la periferia de la capital de Cuba.
“Aquí no utilizamos madurador para el mango. Todo lo que comercializamos está libre de elementos contaminantes”, explicó esta agrónoma que defiende la necesidad de “hacer extensivo el trabajo de la agroecología en el país” y lograr un reconocimiento diferenciado de las ecofincas y los alimentos sanludables.
Encargada de la comercialización en La Ignacita, Cairo conversó con IPS en la parcela donde se erige la fábrica, edificada gracias al Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), destinado a crear cadenas de valor en las cooperativas cubanas y un sistema participativo de garantía agroecológica.
Con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la oenegé holandesa Hivos, el Ministerio de la Agricultura y la no gubernamental Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (Actaf) implementaron una primera fase del PAAS entre 2013 y 2017 y desde el año pasado siguen con la segunda, que culminará en 2022.
En la primera etapa, la iniciativa benefició a 18 unidades productivas ecológicas, en especial cooperativas, de ocho provincias cubanas, gracias a lo cual 630.000 personas accedieron a 6.000 toneladas de alimentos saludables.
Desde 2018, han aumentado hasta 22 entidades agrícolas en 11 de las 15 provincias cubanas.
A pesar de contar con un movimiento agroecológico de 30 años, Cuba carece todavía de una certificadora nacional para este tipo de alimentos, al punto que debe contratar servicios de empresas extranjeras para avalar las exportaciones orgánicas que realiza como las de azúcar y miel de abeja.
“Llevamos frutas ecológicas a un mercado y nos la pagan igual que otras”, puso como ejemplo Luis Enrique Vivanco, el propietario de las cinco hectáreas de la parcela de La Ignacita.
Eso pese a que “llevan un tiempo mayor de producción que las que no lo son”, abundó a IPS el integrante de la Cooperativa de Créditos y Servicios “Manolito Domínguez”.
“Estamos tratando de que se valore lo ecológico, pues no tenemos contacto con químicos, y dar un mensaje a la población de que la fruta ecológica es la más saludable”, continuó el productor. “Queremos certificar una compota con mango ecológico”, añadió.
Mediante manejos amigables para la naturaleza, los seis trabajadores de esta finca obtienen cada año 33 toneladas de frutas y vegetales, que abastecen mercados locales y la pequeña fábrica que procesa más de 18 productos, como dulces, jugos y vinagres, que se venden en el mismo municipio.
La miniplanta también procesa materia prima de los 62 asociados de la cooperativa y de otras de los municipios vecinos de Guanabacoa y Cotorro.
A la entrada de la parcela se ubican las instalaciones cuidadas y pintadas de la industria, que da empleo a otras 20 personas, a las que se suman otras temporales durante los picos de cosechas.
“Hemos tenido problemas con productores que usan madurador… ese químico corrompe la pulpa hasta luego de cocinada y debemos botarla”, detalló Vivanco.
“La población sigue nuestros productos en conserva y ya conoce la marca La Ignacita, que está registrada”, abundó. “Faltaría la parte de la certificación ecológica”, dijo, sobre un asunto pendiente que es decisivo para los productores y los consumidores.
Con un alcance por precisar, algo que mejoraría con la certificación de fincas, se conoce que están bajo manejos ecológicos las pequeñas parcelas, huertos y patios productivos del programa de Agricultura Urbana y Suburbana, con 14 por ciento de las tierras agrícolas del país, que suman 6,3 millones de hectáreas.
Especialistas aseguran que también gran parte de la agricultura familiar sigue este modelo, que se extendió en el agro cubano de forma casi obligatoria luego de la abrupta pérdida de insumos de la agricultura convencional provocada por la profunda crisis económica con la que convive este país insular caribeño desde 1991.
Según cifras oficiales, 43,5 por ciento de las tierras aptas para la agricultura están en manos de cooperativas mientras 24 por ciento es manejada por pequeños agricultores.
“El principal objetivo de PAAS es apoyar la seguridad alimentaria a nivel local”, explicó Pedro Gavilanes, especialistas de Actaf y del proyecto, que contribuye a la urgencia nacional de satisfacer la demanda y reducir así las importaciones de hasta 70 por ciento de la alimentación de los 11,2 millones de habitantes.
Las cooperativas reciben apoyo para crear cadenas, de modo que “todos los procesos de producción, insumos en fincas, producción primaria, su procesamiento y comercialización ocurran a nivel local”, apuntó a IPS este agrónomo, para quien lograr un sistema participativo de garantía (SPG) agroecológica es parte del valor agregado.
El PAAS replica en los municipios experiencias de otros países, donde a nivel local se han creado sistemas de garantías agroecológicas, que logran inspecciones a las ecofincas por parte de entidades locales para crear confianza entre productores y consumidores.
“Este SPG, cuando se culmine, funcionará para el nivel local”, reveló Gavilanes. A su juicio, resulta viable comenzar por un sistema local, armado por “las mismas estructuras del municipio, productores, las universidades, vecinos de la comunidad y medios de comunicación, además de educación y salud pública”.
“Nos dimos cuenta que no nos debíamos ceñir solo a lo orgánico, es decir, a los productos, sino lograr también una certificación agroecológica, de los procesos en la finca”, apuntó el especialista, sobre un aspecto del proyecto que ya cuenta con una metodología y los primeros grupos de productores.[related_articles]
Los SPG agroecológicos deben estar implementados a escala municipal en 2022, cuando aspiran tener las primeras fincas certificadas y darles visibilidad. “A partir de ahí, dependería de las autoridades agrícolas llevar la certificación a otros niveles”, detalló.
No obstante, el PAAS aportaría un sistema que puede ser replicada por otros municipios cubanos y facilitaría la creación de una certificadora agroecológica nacional o al menos una línea específica dentro de la estatal Oficina Nacional de Normalización, que se dedica a las certificaciones.
El proyecto creó siete pequeñas industrias para frutas y dos centros de procesamiento de hortalizas, que redujeron las pérdidas postcosechas, junto a una cadena para miel de abeja y otra para oleaginosas.
Ahora se fortalece lo ya implementado y se trabaja en encadenamientos para el pollo y el ganado caprino, además de trabajar en la incorporación de las energías renovables dentro de las cooperativas y los procesos productivos, para propiciar la sostenibilidad desde las mismas fincas agropecuarias.
El empoderamiento de la mujer rural y la equidad de género se incluyen también en el proyecto.
Entusiasmada, la operaria de la fábrica La Ignacita, María Esther Cobas, dijo que a sus 48 años este es su primer empleo fuera del hogar. “Trabajo aquí desde hace poco, porque con el pico de producción contrataron a más personas”, amplió antes de contar que también es la primera vez que ha oído hablar sobre agroecología.
Edición: Estrella Gutiérrez
