A medida que los Estados y las organizaciones de la sociedad civil están actuando cada vez más para abordar el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos dirigidas a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), los diálogos y las alianzas se han convertido en una herramienta importante para enfrentar conjuntamente estos desafíos.
De ahí, la motivación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para trabajar en la promoción de este tipo de iniciativas basadas en el principio de la Agenda 2030; escuchar las voces y alcanzar a aquellos que se quedan más atrás.
En la República Dominicana, el PNUD en asociación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) organizó recientemente un Diálogo Nacional LGBTI con la presencia de participantes de instituciones gubernamentales, representantes del Congreso (legislativo), organizaciones de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas, líderes religiosos, academia, instituciones privadas, medios de comunicación, organizaciones internacionales, embajadas y activistas LGBTI.
Durante dos días, hablaron sobre cómo promover políticas públicas e iniciativas del sector privado que aseguren la inclusión social y económica de esta parte de la población, en el marco de la Agenda 2030 y su compromiso fundamental sin dejar a nadie atrás.
A diferencia de otros países de la región y el globo, la República Dominicana no penaliza las relaciones del mismo sexo entre adultos. La Constitución del país garantiza el principio de no discriminación independientemente de cualquier condición, y protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Durante el diálogo, el gobierno dominicano presentó sus esfuerzos para reducir la discriminación contra las personas LGBTI en respuesta al VIH a través del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).
También presentó acciones específicas para promover la igualdad de las personas LGBTI en su Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Igualdad de Género, así como las iniciativas del Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
No obstante, aún existen muchos desafíos, algunos de ellos son la prohibición de la discriminación o la violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género por el código penal y el código laboral.
Se necesitan más esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, salud, educación superior, justicia y reducción de la pobreza. En todo el mundo, las minorías sexuales y de género están con frecuencia entre las más marginalizadas y, como tal, requieren atención e inclusión específica para impulsar la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Diálogo Nacional en República Dominicana fue el resultado de muchos años de movilización por organizaciones de la sociedad civil LGBTI, que aprovecharon este espacio para acercarse de las instituciones gubernamentales y otros actores de relevancia.
Entre las recomendaciones derivadas del diálogo está la creación de una ley contra la discriminación que establece efectivamente el artículo 39 (“Derecho a la igualdad de trato”) de la Constitución dominicana.
Eso incluye el delito de homicidio agravado y tortura, debido a delitos de odio, en el Código Penal nacional; una ley de identidad de género que garantiza a las personas trans el derecho a cambiar su nombre, imagen, sexo / género en sus documentos de identidad de acuerdo con su identidad de género; y trabajar para eliminar el estigma y la discriminación en el cumplimiento de los derechos de salud, educación, seguridad, empleo y acceso a la justicia.
Asimismo, los resultados de esta iniciativa se incluirán en el primer informe “Ser LGBTI en República Dominicana”, un documento con información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el país, junto con los resultados de la primera encuesta nacional de LGBTI y un Informe Intersex regional, que documenta las realidades de este grupo en cuatro países del Caribe.
A día de hoy, existe una seria carencia de datos que capturen la realidad que vive la comunidad LGBTI; por lo que el informe y la encuesta mencionados ayudarán a reflejar esas realidades, a menudo invisibilizadas.
Queda mucho por hacer, pero las instituciones gubernamentales y los representantes del congreso han demostrado la voluntad política tan necesaria para defender los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI, esenciales para garantizar una República Dominicana más justa e inclusiva.
Al mismo tiempo, una encuesta realizada en 2015 por PNUD, UNFPA y UNICEF a estudiantes de secundaria reveló que el 80% de las alumnas y el 72% de los varones respetarían a las personas con una orientación sexual diferente a la suya, lo que sugiere que puede haber un alcance potencial para movilizar a los jóvenes a favor de este grupo.
Ahora la República Dominicana tiene la oportunidad única de establecer una prioridad en el avance de los derechos humanos y las políticas públicas de las personas LGBTI, que podrían servir como ejemplo y liderar la agenda en la región.
El Diálogo LGBTI ha mostrado que una respuesta integral del Gobierno es necesaria, desarrollando planes de acción; estableciendo foros de consulta que incluyan a la comunidad LGBTI y trabajen con socios de sociedad civil para derribar las barreras que impiden a las personas LGBTI beneficiarse de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Para lograr un desarrollo sostenible, la comunidad global debe garantizar que todos y todas, al margen de nuestra orientación sexual, identidad de género o estatus intersex, aprendamos y crezcamos en espacios seguros; cuando los individuos se sienten bienvenidos en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades; cuando las personas se sienten seguras, respetadas, amadas y libres, todas las naciones ganan.
RV: EG
