El habitual bullicio de los niños y niñas que suelen jugar por los vecindarios cubanos, se apagó en una parte del barrio de la ciudad de Cárdenas, donde vive la familia formada por Mayelín Cuéllar y Miguel Ángel González, desde que denunciaron a un vecino por la presunta violación de su hijo.
Atribulada por la dura situación que atraviesa, Cuéllar teme que “pasará mucho tiempo para que el niño salga de todo esto y vuelva a ser como antes”, dijo a IPS en la sede del no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD), en esta ciudad a 150 kilómetros al este de La Habana.
Esta familia, que asegura no profesar ninguna religión, recibe el acompañamiento especializado del CCRD, que mantiene desde 2014 una inusual alianza con la Dirección de Menores de la policía en la provincia de Matanzas, adonde pertenece Cárdenas, en los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.
Tal vez esta alianza entre sociedad civil y autoridades sea única en el país de gobierno socialista, que a finales de los años 80 permitió algunas oenegés como el CCRD, pero donde todavía hoy los activistas critican la incomprensión y escasas vías para el crecimiento legal de las iniciativas ciudadanas, en especial de derechos humanos.
La iniciativa constituye una muestra del espacio social ganado por las comunidades religiosas, en un país donde el vínculo entre las iglesias y el Estado todavía se reconstruye desde que en 1992 el Estado cubano dejó de ser ateo y pasó a ser laico, un estatus que mantiene la nueva Constitución vigente desde este 10 de abril.
“Como el niño iba solo a la escuela, no pensé que algo así pudiera pasarle con el vecino más cercano y en nuestra casa”, continuó la madre, entre lágrimas, sobre el abuso sexual del que su hijo fue presunta víctima hace tres años, cuando el hoy adolescente tenía 11 años.
González no es padre biológico del chico, pero cuida de él desde que era muy pequeño. “Fue a mí a quien se lo confesó, que el vecino había abusado de él. Es un niño con capacidades especiales y viendo un programa de televisión extranjero, se dio cuenta del problema”, contó González, que asiste junto a su esposa a las consultas del CCRD.
El hoy adolescente le detalló la agresión en su contra y tras ello la madre interpuso una demanda el 3 de abril, tras lo que se abrió el procedimiento y se realizaron los peritajes al chico. La pareja tiene dos hijos cada uno de anteriores relaciones, pero los demás son ya mayores y solo la presunta víctima vive con ellos.
“Ojalá en la televisión cubana pusieran casos de ese tipo y permitieran alumbrarlo más a uno”, opinó el transportista privado de esta ciudad, donde como en el resto del país el tema de la violencia sexual contra menores de edad constituye un tabú y algo que muchas familias ocultan por prejuicios y vergüenza.
En el “Informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas”, que el gobierno realiza usualmente cada año, las autoridades informan desde 2013 los casos de abuso sexual contra menores de edad, como parte de su política de tolerancia cero sobre el delito.
Las últimas cifras disponibles revelan que, en 2017, se reportaron 2.019 presuntas víctimas infantiles en el país, de las cuales sufrieron abusos lascivos (985), corrupción de menores (455), violación (293), ultraje sexual (206), pederastia (52), estupro (18) e incesto (nueve). En 2015, el reporte informó de 2.174 niñas y niños supuestamente afectados.
Las sanciones en el Código Penal cubano, vigente desde 1987, condenan estos delitos con agravantes como el grado de parentesco o responsabilidad del victimario con el menor. Las penas van desde multas hasta 30 años de privación de libertad o incluso la pena de muerte, aunque la última ejecución en este país sucedió en 2003.
“Sería importante replicar esta alianza con otras instancias”, conminó la psicóloga Valia Solís, que junto a sus colegas Rocío Fernández y Maidenys Aguerrebere participa en la colaboración iniciada en 2014 con la policía, cuando se comenzó a aplicar una nueva metodología para estos casos.
Las psicólogas participan junto a peritos y otros especialistas en las llamadas exploraciones de las víctimas, que en este caso designan las interrogaciones especializadas, entre cuyos objetivos está no dañar más a niños y adolescentes. Incluso el centro ofrece su sede como espacio amigable a las familias que prefieran hacer esas exploraciones fuera de su casa.
Ellas, al igual que otros especialistas, están obligadas por ley a reportar supuestos delitos que trasciendan en consulta. También reciben citaciones de tribunales penales para testificar como expertas. Por otro lado, las autoridades recomiendan a las familias la consulta especializada del CCRD.
“Uno de los principales aportes del centro es el acompañamiento especializado a las familias”, consideró Solís, sobre el servicio gratuito que ofrecen a través de la consulta para víctimas de violencia sexual en niños y adolescentes, la que ha atendido de 2014 a la actualidad 156 casos, sobre todo de la provincia de Matanzas.
Muchas familias acuden a esta consulta para recibir tratamiento psicológico y consejo.
“Yo no puedo estar todo el tiempo encerrada en mi casa, tengo que incorporarme al trabajo. Desde lo ocurrido, voy todos los días con el niño a la escuela”, contó Algeidris Pérez, que es la madre de un adolescente que presuntamente fue víctima de ultraje, un delito que consiste en mostrar genitales o realizar propuestas sexuales.
A comienzos de abril, Pérez envío a su hijo, de 14 años, a realizar una compra en una tienda cercana a su casa en el balneario internacional de Varadero, en Cárdenas. El adolescente no encontró allí el encargo y, sin pedir permiso, fue a otro comercio más alejado, donde sucedieron los supuestos hechos detectados por la policía.[related_articles]
“Ahora el niño se mantiene muy tranquilo, aunque siente un poco de vergüenza por haberme desobedecido y teme por lo que pueda pasar en el barrio, por los comentarios”, continuó preocupada Pérez, quien se declara fiel de la Iglesia evangélica y asiste junto a su hijo a la consulta del CCRD.
En su caso, aumenta el estrés porque el supuesto agresor salió bajo fianza y Pérez asegura que ha proferido amenazas y llama a su hijo mentiroso.
Sin dudar, la psicóloga Maidenys Aguerrebere promueve que la primera frase que debe escuchar un menor de edad supuestamente víctima de violencia sexual es “yo te creo”, sobre todo de la persona a la que se acerca para contarle su problema. Por ello, llamó a capacitar en ese sentido a las familias, personal de la salud y docentes.
“En la mayoría de los casos, las personas violentas mantienen hacia la sociedad una imagen de mucha corrección”, subrayó la experta sobre crímenes que suelen ser cometidos por personas cercanas a los menores de edad, aunque los adolescentes son vulnerables a personas desconocidas por la familia.
Una joven vendedora en una tienda que vive y trabaja Cárdenas también se atiende con Aguerrebere. “Cuando uno tiene hijos, sobre todo hembras, no puede dejárselas a otras personas”, contó esta madre sobre su niña de cinco años, que fue una supuesta víctima de abusos lascivos por parte de un pariente cercano.
“Muchas veces se piensa que el abuso sexual es solo contra las niñas. Son más los casos de niñas, pero últimamente aumentaron los varones”, explicó la psicóloga Rocío Fernández. “Este fenómeno pasa en todo tipo de familias, sean o no disfuncionales”, desmitificó.
Edición: Estrella Gutiérrez
