El espacio de acción para la ciudanía organizada en varios países africanos, entre ellos Burundi, Eritrea, Mozambique, Somalia, Sudán, Tanzania y Zambia, se está reduciendo gradualmente, por la preponderancia de líderes autoritarios y regímenes represivos.
Los ataques se dirigen en gran medida contra los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y particularmente contra los medios de comunicación.
En febrero se clausuró la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Burundi, ante la insistencia de su gobierno. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su «profundo pesar» por un cierre que puso fin a 23 años de trabajo en el país.
Desde que se estableció esa Oficina en 1995, “trabajamos con el gobierno en la consolidación de la paz, la reforma del sector de la seguridad, la reforma del sector de la justicia y ayudamos a desarrollar la capacidad institucional y de la sociedad civil en toda una serie de cuestiones de derechos humanos», destacó Bachelet.
Recordó que esa dependencia ayudó a impulsar la inclusión de la dimensión de derechos humanos a la implementación de los Acuerdos de Arusha, que en 2000 establecieron la paz en la pequeña nación de África Oriental y cimentaron el proceso de estabilidad desde entonces.
La Oficina ejerció un papel de liderazgo en el establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como en el paquete de reformas legislativas y en el surgimiento de solidas organizaciones de la sociedad civil, agregó Bachelet.
Judy Gitau, coordinadora Regional para la Oficina de Igualdad de África, dijo a IPS que «la sociedad civil está siendo atacada por regímenes represivos en varios países africanos».
Un ejemplo es Tanzania, aseguró, donde el Estado restringe las libertades básicas como la asociación y la reunión pacífica, y las OSC enfrentan la amenaza de ser clausuradas si informan sobre las violaciones de los derechos humanos.
“Se están introduciendo e invocando todo tipo de leyes para restringir las acciones de la sociedad civil y evitar a los medios que se expresen libremente en línea o que publiquen en cualquier plataforma digital”, dijo Gitau.
A su juicio, actualmente en Tanzania los ataques a la sociedad civil organizada van mucho más allá que las limitaciones a la libertad de movimiento y de asociación en sus operaciones, sino que exige que algunos de sus miembros estatales sobre sus actividades diarias.
Las OSC también están preocupadas por la seguridad de su información y de sus datos dentro de sus instalaciones, así como y la privacidad de su comunicación interna y externa.
«Burundi hizo que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) cerrara su oficina local de derechos humanos después de 23 años, porque su gobierno consideró que se había avanzado lo suficiente en materia de derechos humanos, de manera que ya no se justificaba la existencia de esa oficina de las Naciones Unidas”, comentó.
Sin embargo, informes independientes coinciden en indicar que desde 2015, cuando el actual presidente, Pierre Nkurunziza, anticipó que se postularía para un tercer mandato, algo que impide la Constitución burundesa, las violaciones de derechos humanos han proliferado en el país. Esto incluye los ataques contra activistas de la sociedad civil que denuncian las violaciones a la Constitución y a los derechos ciudadanos.
«La presencia de un organismo intergubernamental independiente en un Estado que experimenta algún tipo de descontento civil puede dar lugar al seguimiento y al registro de violaciones que pueden utilizarse en futuros procedimientos penales internacionales”, destacó Gitau.
Entonces resulta sintomática que decida cerrarse la Oficina de la ONU en medio de infracciones desde el poder a las normas legales, incluidas las que afectan a la sociedad civil.
El 2 de abril, Robert Palladino, portavoz adjunto del estadounidense Departamento de Estado manifestó su profunda preocupación porque Burundi haya decidido prorrogar indefinidamente la suspensión de transmisiones desde su país de la Voz de América (VOA), mientras revocó la licencia para operar a la British Broadcasting Corporation (BBC).
Esta decisión plantea serias preocupaciones por la libertad de expresión consagrada en el artículo 31 de la Constitución de Burundi, así como por las obligaciones internacionales de derechos humanos de Burundi.
«Hacemos un llamado al gobierno para que revoque su decisión e instamos al gobierno de Burundi a permitir que todos los periodistas operen en un ambiente libre de intimidación. Un medio de comunicación libre e independiente es indispensable para una democracia vibrante y que funcione, así como para unas elecciones libres y justas, en 2020, «declaró.
Mientras tanto, Human Rights Watch (HRW) ha condenado la prohibición al principal periódico de Tanzania, The Citizen, señalando que es parte de una serie de ataques contra la libertad de expresión por parte del gobierno del presidente John Pombe Magufuli.
El año pasado, varias OSC, incluido el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, instaron a Magufuli a poner fin a los ataques contra periodistas y reconocer el papel fundamental que desempeñan la sociedad civil y los medios independientes en la promoción de una sociedad pacífica.
»Todo esto es parte de un patrón más amplio de represión que apunta a la libertad de expresión en los últimos años, incluida la creación de una tarifa excesivamente alta para bloguear, criminalizar la publicación de cierto contenido en línea, multar a los canales de televisión y prohibir la publicación de estadísticas independientes sin el permiso del gobierno», advirtió HRW.
En marzo, el CPJ acogió con satisfacción una decisión de la Corte de Justicia de África Oriental, según la cual varias secciones de la Ley de Servicios de Medios de Tanzania restringen la libertad de prensa y la libertad de expresión, e instó al gobierno de Tanzania a que anule la ley.
Este mismo mes, el CPJ y otras 37 organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta instando a las autoridades de Mozambique a liberar en forma inmediata e incondicional al periodista de una radio comunitaria Amade Abubacar, quien está en prisión preventiva desde su detención el 5 de enero.
Sobre la situación en Sudán, Clement Nyaltesossi Voule, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, criticó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos en el país.
Según un informe, más de 20 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas desde el 6 de abril, además de los arrestos y ataques generalizados contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad.
En tanto, una comisión de investigación de la ONU ha pedido a Eritrea que investigue las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas de seguridad, incluida la tortura y la esclavitud de cientos de miles, que se remontan a 2016.
Mientras, la organización ActionAid denunció en un informe publicado en marzo, titulado «Espacio de reducción en Zambia: Tiempo para la acción», que Zambia tiene una serie de normas que le dan a las autoridades poderes muy amplios para silenciar la libertad de expresión y limitar la libertad de reunión.
«Algunas de estas leyes, como el Código Penal, que data de 1930, fueron utilizadas por primera vez por los británicos para reprimir los movimientos anticoloniales. Otras, como la ley sobre la organizaciones no gubernamentales, la ley de radiodifusión independiente y el proyecto de ley de delitos cibernéticos, se introdujeron recientemente para regular y restringir las nuevas formas de expresión y asociación», se aseguró en el informe.
En un comunicado publicado por Bachelet recordó a las autoridades en Sudán su deber global de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas y abstenerse del uso de la violencia.
«Este es un momento muy crítico e inestable para Sudán y existe una profunda incertidumbre e inquietud sobre el futuro», dijo Bachelet.
La alta comisionada explicó que «estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y pedimos a las autoridades que se abstengan de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos y que garanticen que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales actúen en total conformidad con el estado de derecho y las obligaciones internacionales de los derechos humanos de Sudán».
Para la alta funcionaria de la ONU, «la crisis en Sudán tiene sus raíces en los reclamos de derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos. La solución también debe basarse en los derechos humanos”.
“Pido al gobierno que aborde las demandas de la gente. Es necesario que haya una esfuerzo concertado, con la participación determinante de la sociedad civil, para trabajar en resolver estas quejas», concluyó Bachelet.
T: EG
