Las protestas en Santiago de Chile contra la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, del 21 al 23 de marzo, son una muestra de la molestia que genera en las sociedades de los países participantes en el flamante Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).
“Fuera Bolsonaro”, repetían carteles que lo acusaban de racismo, homofobia, misoginia y fascismo al mandatario de extrema derecha, en protestas en la calle de centenares de chilenos. Por su parte, líderes parlamentarios de oposición se negaron a participar en un almuerzo en su honor ofrecido por el presidente chileno, Sebastián Piñera.
En el pasado fueron muchos los elogios de Bolsonaro, un antiguo capitán del Ejército, al general Augusto Pinochet, que encabezó la dictadura chilena de 1973 a 1990, acusada de haber asesinado, torturado o encarcelado a más de 40.000 personas, muchas aún “desaparecidas”, sin contar los exiliados.[pullquote]3[/pullquote]
El jefe de su Casa Civil, Onyx Lorenzoni, equivalente a ministro de la Presidencia, agravó el rechazo de muchos chilenos, al declarar, en la víspera a comenzar la visita, que el “baño de sangre” promovido por Pinochet sirvió para implantar las “bases macroeconómicas” mantenidas luego por ocho gobiernos de centro e izquierda y un ejemplo a seguir en Brasil.
También Alfredo Stroessner, dictador de Paraguay de 1954 a 1989, mereció de Bolsonaro el homenaje a un “estadista”, el 26 de febrero, durante la investidura de los nuevos directores de Itaipú Binacional, la central hidroeléctrica compartida y construida en la frontera entre los dos países hace 35 años.
Bolsonaro estuvo en Chile para participar en el Encuentro Presidencial de América del Sur, que dio vida a Prosur, un instrumento promovido en su mayoría por gobiernos de derecha, luego de abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), surgida en la primera década del siglo, por impulso de gobiernos de izquierda, que entonces dominaban el escenario del área. Luego realizó también una visita oficial al país.
Internamente, Bolsonaro, elegido con 55,1 por ciento de los votos válidos (57,7 millones de sufragios) en octubre de 2018, sufrió una rápido deterioro de popularidad, muy inusual en los primeros meses de gobierno en este país de 208 millones de personas.
De 49 por ciento en enero, su aprobación popular cayó a 34 por ciento, según una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, con entrevistas del 16 al 19 de marzo.
Medidas polémicas, como facilitar la posesión de armas por civiles, sospechas de corrupción en la familia presidencial, disputas entre sus aliados y mensajes conflictivos del presidente y sus hijos por las redes sociales, profundizaron el deterioro de la imagen de un gobierno paralizado por peleas internas y en guerra contra molinos de viento.
Las crisis se suceden, todas provocadas dentro del propio gobierno, ya que la oposición no logró aún definir acciones de resistencia al llamado bolsonarismo, ni concertar campañas críticas.
La política marcada por el divisionismo amenaza con obstaculizar la principal meta oficial, la aprobación parlamentaria de una reforma de previsión social, considerada indispensable por el gobierno y casi todos los economistas y empresarios para contener el déficit fiscal y, así, impulsar un crecimiento sostenido de la economía.
El ministro de Economía, Paulo Guedes, presentó una propuesta que ahorraría, según su estimación, más de un billón de reales (260.000 millones de dólares) en las cuentas públicas durante los próximos diez años.
Bien acogida en términos generales, por eliminar las mayores inequidades entre las jubilaciones del sector público y el privado, sufrió críticas por reducir beneficios a sectores pobres, como ancianos, discapacitados y trabajadores rurales.
Sin embargo, cualquier debilidad negociadora puede hacer inviable el proyecto.
Como se trata de una enmienda constitucional, su aprobación exige mayoría de 60 por ciento de los diputados y senadores, en dos votaciones en cada una de las dos cámaras del legislativo Congreso Nacional. Es una mayoría difícil de obtener en un parlamento fragmentado en 30 partidos.
La propuesta sobre cómo quedarán los militares, se adelanta que provocará la mayor oposición. Ellos tienen un sistema propio, que no se considera de jubilación, ya que pasan a la reserva. Ese estamento se ofreció a participar en el esfuerzo fiscal, ampliando el período de actividad de 30 a 35 años y aportando parte de sus sueldos al sistema previsional.
Pero el gobierno propone a la vez reestructurar las carreras en las Fuerzas Armadas, elevando remuneraciones. Eso prácticamente anula el aporte militar en el ajuste fiscal.
Parlamentarios, incluso de la alianza gobernante, criticaron la propuesta que, en su evaluación, dificultan aún más la aprobación del conjunto de la reforma previsional.
Más grave es la inoperancia del Poder Ejecutivo en la articulación de una base parlamentaria mayoritaria, se quejó el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, de Demócratas, el partido más poderoso de la alianza gubernamental, y una figura clave para aprobar cualquier propuesta gubernamental.
Maia amenaza con abandonar sus esfuerzos por la reforma previsional, ante los ataques personales que sufre de ministros y de un hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro y coordinador de las comunicaciones del padre por redes sociales.
El suegro de Maia, Wellington Moreira Franco, ex gobernador de Rio de Janeiro y ex ministro de Minas y Energía, fue detenido el 21 de marzo, junto con el ex presidente Michel Temer (2016- 31 diciembre 2018), acusados de corrupción en la construcción de la central nuclear Angra 3, iniciada en 1984 e interrumpida varias veces.
Esas nuevas detenciones de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos) que desde 2014 llevó decenas de políticos a la cárcel, incluso el expresidente de izquierda moderada Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), también tiende a retardar la reforma previsional, al agitar los medios políticos.
La convicción generalizada, con excepción de opositores más radicales, de que contener el déficit en el sistema previsional es vital para la economía, convirtió el proyecto de enmienda constitucional en cuestión de vida o muerte para el gobierno de Bolsonaro.
Con los demás sectores del gobierno trabados por intrigas, incapacidad y desorganización, avances en la economía constituyen la posibilidad de estancar o recuperar la popularidad de Bolsonaro y su gobierno.
Pero el mismo presidente parece conspirar en contra, al rechazar como “vieja política” cualquier acción suya para captar apoyo parlamentario al proyecto. Aprobarlo es tarea del parlamento, el Poder Ejecutivo ya hizo su parte presentando la propuesta, sostuvo.
El mercado, ese conjunto difuso de empresarios e instituciones financieras que dictan la evolución de los indicadores económicos, puso al parecer, en tela de juicio, la disposición del gobierno en cumplir sus promesas de promover la reforma previsional.
Dirigentes de grandes empresas y de asociaciones empresariales se están reuniendo con el vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado que en estos tres meses de gobierno se destacó como un miembro sensato, equilibrado y más abierto al diálogo en este gobierno caótico.
Crecen las especulaciones de que se estaría preparando para asumir como titular.
Provocar divisiones parece una naturaleza intrínseca de Bolsonaro, cuyas afirmaciones asombrosas fueron claves para su triunfo electoral, según investigadores de las “guerras culturales” y la comunicación por redes sociales.
Pero gobernar orientándose por la comunicación directa con los grupos de apoyadores, como si continuara la campaña electoral, amenaza arruinar prematuramente su gobierno.
Configura una política de gran sectarismo, que ya defenestró un ministro, Gustavo Bebbiano, que ejerció la Secretaria General de la Presidencia solo 48 días, y ya provocó decenas de despidos en el Ministerio de Educación.
Bolsonaro, un gris diputado durante 28 años, conquistó la presidencia de Brasil al representar demandas populares contra el sistema político corrupto y la criminalidad organizada, y a favor de moral y costumbres tradicionales.
Juntó militares, religiosos conservadores, empresarios y economistas neoliberales, como Guedes que participó en la experiencia de Pinochet. Esa síntesis del momento electoral se dilucidará en la guerra por Twitter y WhatsApp.
Edición: Estrella Gutiérrez
