La inquietud por el creciente uso de agroquímicos en la agricultura y su impacto sobre la salud y el ambiente recorre Argentina y llevó al gobierno a mostrarse activo y comprometido en un tema en el que prefirió no actuar durante años.
Cuatro ministros de la administración de Mauricio Macri -de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia y Tecnología- se mostraron juntos el miércoles 11, en una imagen absolutamente inusual, durante la presentación de una serie de principios y recomendaciones “sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios”.
El objetivo, según explicó el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, es “llevar seguridad a la población, tanto a las comunidades locales que conviven con la actividad agrícola como a todo el resto de los habitantes de la Argentina, que consumen los alimentos que se producen”.
La empresa parece difícil. La intranquilidad por la cuestión de los agroquímicos, que no es nueva, quedó de manifiesto como nunca antes desde fines del año pasado hasta hoy, período en el cual distintos municipios prohibieron el glifosato, el herbicida de mayor uso en la agricultura nacional.[pullquote]3[/pullquote]
Uno de ellos es el municipio de Rosario, que es el tercero más poblado del país y además tiene una gran importancia simbólica en esta cuestión, ya que concentra en sus alrededores las plantas procesadoras de soja transgénica, cultivo que en las últimas dos décadas desplazó al trigo y al maíz y ocupa más de la mitad de la superficie sembrada.
En ese período, la tierra dedicada a la agricultura en este país de casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados pasó de unas 18 millones de hectáreas a 35 millones y, aunque no hay estadísticas oficiales ni privadas sobre el uso de agroquímicos, expertos estiman que este se triplicó.
De todas maneras, los cuatro ministros hicieron una defensa cerrada del modelo agrícola y, en particular, del glifosato, cuya licencia fue renovada en noviembre por un período de cinco años por la Unión Europea (UE) por 18 votos contra nueve, en una decisión que tuvo en vilo a los productores argentinos por sus implicancias económicas.
“No desconocemos que las sustancias químicas que se usan en la producción agrícola tienen potenciales efectos nocivos, pero nada es completamente inocuo. Uno se puede morir hasta tomando agua en cantidad”, sorprendió el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.
“La agricultura de hoy es tan dependiente de los fitosanitarios como la salud depende de los antibióticos. Y también los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales”, agregó.
También enfático, Etchevehere rechazó los cuestionamientos, cuando dijo que los agroquímicos “bien aplicados, no causan ningún tipo de daños” y que “todo depende de la dosis y de la manera” en que se apliquen.
“Entendemos que puede haber preocupación, pero no podemos guiarnos por afirmaciones ideológicas o militantes. Convocamos a una discusión con criterios científicos”, agregó.
Desde las organizaciones sociales y ambientales que llevan adelante la denuncia pública del impacto de los agroquímicos, sin embargo, no se confía en las intenciones oficiales.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a IPS: “Quieren simplificar la cuestión, calificando a nuestras afirmaciones como ideológicas y a las de ellos, como científicas. Es exactamente al revés”.
Viale agregó que “ellos son unos fundamentalistas del agronegocio y no están dispuestos a atender los estudios científicos que revelan que en la Argentina se está produciendo una tragedia ambiental por el uso de agroquímicos. Ahora, sólo buscan convalidar el modelo agrícola”.
La actividad agropecuaria es central históricamente en la economía argentina y lo sigue siendo hoy. Si se suman productos primarios o industrializados, el campo es responsable de cerca de 70 por ciento de las exportaciones y de 20 por ciento del producto interno bruto de este país sudamericano.
La estructura constitucional de Argentina es la de un país federal, donde las regulaciones en materia ambiental están en manos de las provincias.
Por eso, el documento elaborado por un grupo de expertos convocados por el gobierno nacional contiene 12 principios y 23 recomendaciones para la aplicación de agroquímicos, que no son vinculantes y apenas constituyen “un marco orientador” para las autoridades subnacionales, como lo llamó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
En todo caso, la Constitución argentina también prevé que el legislativo Congreso Nacional dicte leyes de “presupuestos mínimos de protección ambiental”, que deben ser respetadas obligatoriamente por las provincias.
En ese sentido, el documento recomienda que se impulse una ley que declare “de interés para la Nación la adopción de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios” y que establezca criterios para todo el país.
El presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti, integrantes de la alianza gubernamental Cambiemos, se mostró favorable a que el tema sea ordenado por una ley nacional.
“Es probable que discutamos en el Congreso este tema, que es muy complejo y que afecta de una u otra manera a todos los argentinos. Es muy importante que despejemos miedos”, dijo a IPS.
En realidad, en el Congreso existe ya desde al año pasado un proyecto de ley de agroquímicos presentado por el opositor Fernando Solanas, que es presidente de la comisión de Ambiente del Senado.[related_articles]
Solanas es, desde antes de incursionar en la política, un reconocido director de cine y este mismo año estrenó su última película, un documental que retrata el efecto de los agroquímicos en distintas zonas del país. Su título es “Viaje a los pueblos fumigados”.
Su proyecto de ley sostiene que 12 de los 44 millones de argentinos viven en zonas donde se aplican agroquímicos y están en riesgo.
La iniciativa propone que se prohíban de manera absoluta las fumigaciones aéreas y se restrinja la aplicación terrestre, en un área de 1.500 metros alrededor de las áreas urbanas, que quedaría constituida como zona de amortiguación.
Precisamente la de las zonas de amortiguación es tal vez la cuestión más conflictiva.
De hecho, el tema de los efectos de los agroquímicos llegó a la agenda pública en 2002, cuando un grupo de mujeres de un barrio de la ciudad de Córdoba, llamado Ituzaingó, denunciaron que las fumigaciones en las plantaciones de soja que estaban a pocos metros de sus casas habían provocado casos de cáncer y malformaciones.
El documento presentado por los ministros, sin embargo, no se pronuncia sobre la extensión que debe tener las zonas de amortiguamiento, ya que considera que debe ser “variable y funcional a las particularidades y escala de cada lugar”.
Entre 2003 y 2012 el uso de agroquímicos en Argentina creció 850 por ciento, de acuerdo a las estadísticas de la Cámara de Sanidad y Agropecuaria Fertilizantes (Casafe), que últimamente dejó de publicar sus números.
El director ejecutivo de esa cámara empresaria, Federico Landgraf, dijo a IPS que “el glifosato debe ser la sustancia más estudiada del planeta. Hay una demonización desde el punto de vista ideológico”.
Edición: Estrella Gutiérrez
