Los reclamos territoriales de cientos de comunidades indígenas, que se extienden por casi toda la extensa geografía argentina, irrumpieron sorpresivamente en la agenda pública de un país construido por y para descendientes de colonizadores y de inmigrantes europeos, acostumbrado a mirar como ajenos a los pueblos originarios.
Todo comenzó con la desaparición de Santiago Maldonado, un artesano de 28 años que el 1 de agosto participaba en la sureña y patagónica provincia de Chubut en una protesta del pueblo indígena mapuche, que fue desalojada de manera violenta por una fuerza de seguridad. Desde entonces, nada se sabe sobre su paradero.
Ese hecho movilizó a amplios sectores de la sociedad y sacó de las sombras un conflicto que en los últimos años ha provocado numerosos hechos de violencia pero al que históricamente se le ha prestado poca atención.[pullquote]3[/pullquote]
“Ojalá el hecho desgraciado de Santiago Maldonado sirva para que en la Argentina se entienda que es necesario y posible encontrar soluciones legales y políticas a la cuestión indígena”, dijo Gabriel Seghezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz).
“Es imprescindible trabajar para desactivar los conflictos, porque si no la violencia va a continuar”, agregó a IPS el máximo dirigente de la organización que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en la porción argentina del Chaco, el gran bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia.
Fundapaz fue una de las organizaciones que trabajó durante más de 20 años en un reclamo de territorios rurales en la provincia noroccidental de Salta, que culminó en 2014, cuando el gobierno local transfirió la propiedad de 643.000 hectáreas a las familias que las habitaban.
Se reconoció la propiedad comunitaria sobre 400.000 hectáreas a integrantes de los pueblos indígenas wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote, mientras que las restantes se otorgaron en condominio a 463 familias campesinas criollas.
Ese suceso, sin embargo, fue apenas una excepción feliz, ya que la enorme mayoría de las comunidades indígenas del país no tienen título de propiedad sobre sus tierras.
Hace 10 años, el Estado lanzó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, en el que se registraron 1.532 comunidades. Al día de hoy, solo 423 tienen concluido el relevamiento, aunque no cuentan con título de propiedad, y hay otras 401 que están en proceso.
Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), esas 824 comunidades reclaman que se les reconozcan como ancestrales 8.414.124 hectáreas. Es una superficie mayor a la de varios países del continente, como Panamá o Costa Rica, pero que equivale solo a aproximadamente tres por ciento de los 2.780.400 de kilómetros cuadrados del territorio argentino.
En el resto de las comunidades, ni siquiera se inició el relevamiento.
Así, el Estado argentino está en deuda con su propia Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y garantiza no sólo “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”, sino también “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Esos principios fueron incorporados a la Constitución en 1994, durante la última reforma, y marcaron un cambio de paradigma fenomenal para una nación que históricamente consideró al indio un elemento extraño, al que había que someter.
De hecho, antes de 1994, la ley fundamental de Argentina instruía a las autoridades a “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Sin embargo, el extraordinario avance sobre el papel parece haber traído pocas mejoras concretas para los indígenas, cuyo peso numérico en la población argentina es difícil de establecer.
En el último Censo Nacional, en 2010, se reconocieron como pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena 955.032 personas, 2,38 por ciento de la población total registrada entonces, de 40.117.096 habitantes.
Pero se cree que los indígenas son más, ya que no todos quieren reconocerlo, debido a la histórica discriminación que han sufrido. Los pueblos originarios con mayor población son los mapuches, en el sur, los tobas, en el Chaco, y los guaraníes, en el noreste.
“Luego de la reforma constitucional que reconoció a los pueblos indígenas, hemos tenido 23 años de fracaso absoluto de las políticas públicas para resolver la cuestión indígena. Ha habido una fatal demora de todos los gobiernos que pasaron en este tiempo”, dijo Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
Para Ferreyra, “los conflictos territoriales tienen una matriz clara, que son el avance descontrolado del monocultivo de soja, en el norte del país, y la extranjerización de enormes superficies de tierra, en el sur”.
“Lo que se necesita es diálogo, pero no hay voluntad ni herramientas”, aseguró en su diálogo con IPS.
Lo sucedido con la cuestión de las tierras es un buen ejemplo de la distancia que hay entre las normas y la realidad.
En noviembre de 2006, el legislativo Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, que estableció la “emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios indígenas” por cuatro años.
Durante ese lapso –que debía utilizarse para determinar cuáles son las tierras ancestrales de las comunidades, como paso previo a la titulación- quedaban prohibidos los desalojos, aun con orden judicial.[related_articles]
Sin embargo, no se avanzó en el relevamiento, a pesar de que el Congreso alargó los cuatro años del plazo original dos veces, y los convirtió en 11.
La última prórroga vence en noviembre y decenas de organizaciones sociales de todo el país han pedido su renovación hasta 2021, mientras el Congreso comenzará a debatir la suerte de la ley el 27 de este mes
El reclamo fue respaldado por cientos de intelectuales, a través de una carta pública en la que señalaron que “en la Argentina resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales con la expansión de los territorios rentables para el capital”.
De acuerdo a un estudio de la organización Amnistía Internacional, existen en el país 225 conflictos que involucran a comunidades indígenas, casi todos por cuestiones territoriales.
En 24 de ellos hubo hechos de violencia con intervención de fuerzas de seguridad, e incluso muertos. Como Javier Chocobar, dirigente de una comunidad diaguita de la también noroccidental provincia de Tucumán, por cuyo asesinato, en 2009, todavía no hay culpables.
“En todos estos años, muchos jueces han seguido ordenando desalojos de comunidades indígenas a pesar de lo dispuesto el Congreso Nacional. Por eso creemos que si la emergencia no se prorroga la situación va a empeorar”, explicó Belén Leguizamón, coordinadora del área de Derechos Indígenas de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
A su juicio, “la ley es un paraguas con agujeros, pero un paraguas al fin”.
“El relevamiento de los territorios indígenas de Argentina ya tendría que estar hecho y hoy deberíamos estar estudiando la titulación. Tenemos que trabajar en la fuerte discriminación que no solo existe de parte de las autoridades y los principales medios de comunicación, sino también de sectores de la sociedad”, planteó a IPS.
A título de ejemplo, detalló que “en las escuelas de la Argentina se sigue enseñando que los pueblos indígenas pertenecen a un pasado que ya no existe”.
Editado por Estrella Gutiérrez
