La libre circulación de personas debe estar incluida en el Pacto Mundial sobre Migración que se negociará dentro de la ONU en 2018, planteó América Latina y el Caribe, en la primera reunión de una región del mundo para fijar posición sobre el contenido del futuro acuerdo.
Casi un centenar de especialistas en migración de la región participaron en el encuentro, realizado en la sede de la Cepal en Santiago de Chile el 30 y 31 de agosto, que convocó a representantes de gobiernos, organismos internacionales, de la sociedad civil y de la academia.
Louise Arbour, representante especial del secretario general de la ONU y quien debe redactar el “Borrador Cero” del Pacto antes de finalizar este año, dijo a IPS que “esta es la primera reunión regional y nos da mucha información sobre lo que hoy está sucediendo con las personas. Confirma muchas ideas, una de ellas lo que pasa con la migración irregular y los derechos de las personas”.
Antes, durante la clausura de la reunión, Arbour planteó que hasta ahora “la movilidad de migrantes, mujeres y niños se manejó muy mal. Se habló primero de ilegales y peyorativamente de migrantes económicos”.
“La xenofobia es una expresión de enojo y de falta de confianza de los gobiernos”, aseveró Arbour, para añadir que la agenda sobre los migrantes está “sobresecurizada”. Abogó para que la preparación y negociaciones para redactar el Pacto se mantengan “llenas de ímpetu a favor del desarrollo”.
”La misión es facilitar una migración regulada. No es nuestra agenda detener la movilidad” aseveró, sobre el previsto Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular al que se avanza dentro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Anticipó que el Borrador estará “anclado en una agenda del desarrollo” y apuntará a “un pacto centrado en las personas, que mire hacia adelante y que sea realísticamente ambicioso”.
Por su parte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), consideró imperativo que “la igualdad esté en el centro del Pacto, aunque a lo mejor hay que pasar primero por la equidad”.
“El ADN del pacto es la cooperación”, planteó, tras aseverar que con ese acuerdo “la migración deja de ser seguridad y derechos humanos y se convierte en un tema de desarrollo, en un asunto estratégico de la gobernanza mundial”.
Para Bárcena, los seis debates en las diferentes regiones del mundo que van a preceder a la propuesta del Borrador y a las negociaciones del Pacto en 2018 son “un proceso irrepetible y una oportunidad de la que no sé si la comunidad internacional es consciente”.
Juan José Gómez, embajador mexicano ante la ONU y cofacilitador de las consultas y negociaciones intergubernamentales para el Pacto, consideró que “es casi un milagro” debatir mundialmente el tema de la migración porque “por décadas las puertas de la ONU estuvieron cerradas a este problema”.
Debatir primero y negociar después “nos salvó de negociar sobre la base de percepciones, prejuicios y mala información. La etapa de debates regionales permitirá tomar una radiografía a la migración para sustituir la retórica y los prejuicios por evidencias, datos y realidad”, afirmó.
Gómez requirió que el documento que se proponga “debe ser creíble y aceptable por los Estados miembros para que sea respetado”.
Subrayó, además, que “la migración es una ganancia neta para los países de destino”. Puso como ejemplo que 85 por ciento de los ingresos anuales de los trabajadores migrantes se quedan en los países receptores, lo que representa tres billones (millones de millones) de dólares.[pullquote]1[/pullquote]
Por su parte, Laura Thompson, directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), subrayó que el Pacto reflejará “principios y entendimientos comunes” y abogó por que impere una “capacidad de gestionar la migración” lo que incluye, en primer lugar, “proteger los derechos humanos de todos los migrantes”.
Diego Beltrand, director regional para América del Sur de la OIM, acotó a IPS que el encuentro regional significó “avances y logros, porque en una discusión muy amplia no solamente se han identificado desafíos y problemas sino propuestas y experiencias concretas que serán de tremenda utilidad para la discusión final del Pacto”.
Esther Cuesta, parlamentaria ecuatoriana por los migrantes de su país y quien fue ella misma emigrante por 19 años, afirmó a IPS que en la región “urge erradicar la pobreza porque no podemos prevenir abusos, explotaciones, trata de personas y de migrantes si no creamos sociedades con un mayor bienestar y de paz para que la gente no tenga que desplazarse y huir de su lugar de origen en condiciones extremadamente precarias y de una explotación totalmente inhumana”.
“En el sistema de estado nación en que vivimos, altamente capitalista, se ha desarrollado una libre circulación de capitales”, analizó.
“El capital se mueve a paraísos fiscales, en una evasión que ha empobrecido a muchos estados en nuestra región. Pero mientras hay libre movilidad de capitales, se restringe la circulación de seres humanos, cuando no hay capital sin seres humanos y no tiene sentido el capital sin la vida humana”, criticó la legisladora.
Valter Bittencourt, coordinador de la Red de Trabajadores Migrantes de la Confederación Sindical de las Américas, con 60 millones de afiliados de unas 60 centrales, aseveró a IPS que “el Pacto debe considerar la libre circulación de las personas, de las y los trabajadores, el derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar dignamente”.
“Los y las migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales derechos que los demás ciudadanos”, enfatizó el dirigente sindical brasileño.
A su juicio, “la migración en condición irregular agrava la vulnerabilidad de los trabajadores a la explotación por parte de manos inescrupulosas que se benefician de esta condición”.
“Las deficientes condiciones de desarrollo y oportunidades de trabajo en los países de origen son el detonante de este tipo de migración, de la cual algunos sectores en países de destino se aprovechan para tener mayores ganancias”, reflexionó.
“Los afectados son los sectores más pobres y vulnerables, los migrantes forzosos que no tienen otra posibilidad que trasladarse desprotegidos, dispuestos a realizar cualquier trabajo para sobrevivir. A ellos y ellas se les ha negado el derecho a no migrar”, sostuvo Bittencourt.
Para Salvador Berumen, director general adjunto de política migratoria en la Secretaría (ministerio) de Gobernación de México, “lo más importante es lograr los consensos mínimos entre países, sobre todo con una nueva narrativa que este más a favor de los derechos humanos”.
”México tiene desde hace cinco años unos 12 millones de migrantes en Estados Unidos. Continuamente se retiran alrededor de 200.000, equivalente al que cada año migran”, explicó a IPS.
Otra visión sobre la política migratoria de México es la de Perseo Quiroz, enlace con la ONU para temas de América Latina de Amnistía Internacional.
“México retornó forzadamente a 147.370 migrantes irregulares el 2016. Y de estos, 97 por ciento eran centroamericanos. Es una gobernanza de la migración enfocada más en detener y deportar que en velar por los derechos humanos de los migrantes”, declaró a IPS.[related_articles]
“Si queremos poner el tema de los derechos humanos de las personas migrantes en el centro, lo que tenemos que hacer es alejarnos del enfoque de seguridad en fronteras”, agregó Quiroz.
El representante de Amnistía pidió “limitar las detenciones por motivos de migraciones. Eso solamente puede ser una práctica excepcional, no una práctica automática”.
En las siete mesas de diálogo de la reunión regional se abordaron otras vulnerabilidades y derechos de los migrantes, como el alto costo de envío de remesas, el acceso a regularizaciones, la situación de las mujeres, la de los niños que viajan sin custodia, la violencia en las detenciones y las deportaciones.
También se tocaron temas como la situación del triángulo al norte de América Central, el tránsito por México de migrantes centroamericanos, los factores de expulsión y situaciones emergentes como la migración desde Haití y la creciente desde Venezuela.
Editado por Estrella Gutiérrez
