Los indígenas masáis de la zona de Loliondo, en Tanzania, sufren desalojos y violaciones de derechos humanos, denunció la organización Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), basándose en “información confiable.”
Las violaciones se dan en la división de Loliondo, en el distrito de Ngorongoro, en la región de Arusha, informó IWGIA, lanzando una “alerta urgente basada en evidencia”, insistió.
“Los pastores masáis de Loliondo sufren en este momento graves violaciones de derechos humanos, desalojos, casas quemadas, propiedades y animales perdidos y grave acoso”, confirmó Marianne Wiben Jensen, asesora de derecho a la tierra de IWGIA, con sede en Copenhague, al ser consultada por IPS .
“Se encuentran en una situación muy grave de inseguridad alimentaria y empobrecimiento, y muchos sufren trauma psicológico”, añadió.
Nada nuevo
“Los pastores masáis de Loliondo ya sufrieron desalojos y violaciones de derechos humanos similares, en 2009”, precisó Wiben Jensen.
Es muy importante encontrar “una solución duradera que garantice que no habrán más expulsiones y los derechos de los pastores sobre sus tierras legalmente registradas”, subrayó.
Las violaciones de derechos humanos y los desalojos en detrimento de los pastores ocurren desde hace años en Tanzania, como documenta IWGIA en el informe: “Pastores de Tanzania amenazados: desalojos, violaciones de derechos humanos y pérdida de fuentes de ingreso”.
El estudia explora las expulsiones de pastores y otros conflictos en sus tierras, concentrándose en la última década.
“La mayoría de los desalojos y de los conflictos por la tierra han sido documentados, pero las consiguientes violaciones de derechos humanos y contra las conquistas legales generan cada vez más preocupación” entre miembros de la sociedad civil.
Pérdida de propiedad y de fuentes de ingresos
“Según testimonios de la comunidad recabados en el campo, se concluye que no solo los pastores pierden sus tierras legítimas mediante desalojos avalados por el gobierno y la invasión de sus tierras, sino que los procesos de expulsión y los conflictos les hacen perder sus fuentes de ingresos y sus propiedades”, detalla.
Además, las graves violaciones de derechos humanos se cometen durante su desalojo, un asunto que sigue sin atenderse, alerta el estudio.
“Los informes denuncian la quema de las casas (bomas) de los masáis, la pérdida de ganado, las multas impuestas, el acoso y las amenazas”, informó el IWGIA en su última alerta. También hubo denuncias de falta de agua y de alimentos, y de que los hombres, las mujeres y los niños y adultos mayores se ven obligados a dormir a la intemperie.
“Separan a las familias, y muchas personas sufren traumas por los desalojos y el acoso”, añade. Las expulsiones crean inseguridad alimentaria y empobrecimiento, añadió.
Sin hogar
La organización con sede en Copenhague, que apoya a los indígenas en la defensa de su derecho a la tierra, los recursos, la integridad cultural y su derecho al desarrollo, también señaló que no hay datos precisos en este momento, pero que según la información recibida, ocurrió lo siguiente:
– El 13 y el 14 de este mes, guardaparques de la Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro (NCAA, en inglés) y del Parque Nacional Serengueti (Senapa) quemaron unas 185 viviendas masáis, con apoyo de la policía de Loliondo.
Eso dejó a unas 6.800 personas sin hogar, casi sin propiedad y sin lugar para vivir ni alimentos ni agua. El número aumenta, ya que los desalojos continúan.
Los animales también quedan sin protección y se dispersaron por los alrededores.
– Todavía queda por definir cuántos animales se perdieron. Pero habrían sido unas 2.000 cabezas solo en la aldea de Ololosokwa.
Los desalojos comenzaron el domingo 13 en esa aldea, y al día siguiente se extendieron en las áreas de Oloosek, Illoibor Ariak, Endashata, en la misma comunidad de Ololosokwan, en el área de Oleng’usa, en Kirtalo, en el área de Oloorkiku, en Oloipiri, y en el área de Loopilukuny, en Oloirien.
“Todas las áreas afectadas están clasificadas como aldeas legalmente registradas, según la Ley de Tierras Comunales número 5, de 1999, y están bajo la administración de sus respectivos gobiernos comunales, según la Ley de Gobiernos Locales”, precisó IWGIA.
Es difícil con buenos datos porque los indígenas no están incluidos en los censos de población, pero se estima que hay unos 430.000 masáis en Tanzania.
Sequías severas
Las expulsiones ocurren cuando los pastores deben hacer frente a una grave sequía que afecta la zona, que redujo la calidad y la cantidad de pasturas para su ganado, indica IWGIA.
Las denuncias señalan que cuando llevan al ganado a pastar al Parque Nacional Serengueti, los guardaparques los obligan a pagar enormes multas, alertó la organización
“Incluso, hubo denuncias de que hasta los que llevaron su ganado a pastar afuera del parque debieron pagar multas. Y además de esto, se denunció que un guardaparque disparó por lo menos contra un joven de la aldea de Olosokwan, quien quedó gravemente herido”, indicó.[related_articles]
“En la actualidad, el acoso y los desalojos en curso, sumados a la sequía, dejan a las personas en una situación muy desesperada”, añadió.
¿Quién ordenó los desalojos y por qué?
No queda claro quién es el responsable, respondió IWGIA al ser consultada por IPS. Al parecer, no hubo consultas al gobierno local ni al consejo de distrito, como también se informó a las personas perjudicadas, lo que implica que no hubo un acuerdo sobre la medida.
Tampoco hubo ninguna alerta previa.
“Las expulsiones y las violaciones de derechos humanos estuvieron a cargo de guardaparques armados de Senapa y de la NCAA con apoyo de la policía de Loliondo”, confirmaron las fuentes.
Tampoco queda clara la causa de los desalojos. “Será importante aclarar quién ordenó las expulsiones y por qué para que las autoridades implicadas asuman las consecuencias”, subrayó IWGIA.
El último acontecimiento es un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio de Recursos Naturales y de Turismo que señala que el objetivo de la operación es sacar el ganado y las viviendas del Parque Nacional Serengueti, además de los que están en el límite y que registradas legalmente, y el comunicado de prensa deja claro que las casas están en las tierras comunitarias, alertó IWGIA.
Los desalojos, el acoso y las violaciones de derechos humanos ocurren en una zona donde ya hubo varios intentos de expulsión en los últimos años, como en 2009, 2010 y 2015, cuando miles de personas perdieron sus casas y sus propiedades, recordó la organización.
“Los líderes locales señalan que los actuales desalojos forman parte de una operación organizada para garantizar que no hayan personas ni animales en las comunidades de la zona”, indicó.
“El área, registrada legalmente y que comprende ocho aldeas, tiene 1.500 kilómetros cuadrados y fue entregada hace tiempo por el gobierno de Tanzania como el bloque clave de caza en el Área de Caza Controlada de Loliondo”, añadió.
Traducido por Verónica Firme
