La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania expresó su inquietud por las atrocidades cometidas contra la minoría étnica rohinyá, así como por la negativa del gobierno birmano a denunciar la violencia y la discriminación contra esa comunidad.
«Que el gobierno siga defendiéndose cuando se denuncian persistentemente acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos, es cuando… parece cada vez menos creíble», declaró la relatora Yanghee Lee, en conferencia de prensa.[pullquote]3[/pullquote]
La sudcoreana Lee agregó que esta respuesta «no solo es contraproducente, sino que está drenando la esperanza que estaba recorriendo al país» del sudeste asiático, también conocido como Myanmar.
Después de medio siglo de dictadura militar, Birmania celebró sus primeras elecciones democráticas en 2015 cuando Aung San Suu Kyi llevó a la Liga Nacional para la Democracia a una victoria mayoritaria.
Sin embargo, la dirigente política, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su resistencia al régimen militar, recibió críticas por no proteger a los rohinyás, que profesan la fe musulmana en el país mayoritariamente budista.
El gobierno birmano niega que los rohinyás sean ciudadanos birmanos y ha promulgado políticas discriminatorias que incluyen restricciones a su circulación y su exclusión de la asistencia sanitaria, lo que en los hechos empobreció a la mayoría de esa población y los convirtió en apátridas.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los rohinyás constituyen una de las comunidades más «excluidas, perseguidas y vulnerables del mundo».
La violencia recrudeció luego de varios ataques contra puestos de control fronterizos realizados en octubre, en el estado occidental de Rakhine, lo que provocó una ofensiva militar, que aún persiste.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) denunció casos de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones realizadas por las fuerzas militares y policiales desde entonces.
Un testigo ocular dijo a la OACDH que los militares golpearon a sus abuelos, los ataron a un árbol y los prendieron fuego. El organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) también concluyó que más de la mitad de las 101 mujeres entrevistadas fueron violadas o soportaron otras formas de violencia sexual, entre ellas mujeres embarazadas y preadolescentes.
Los ataques «parecen haber sido generalizados y sistemáticos, lo que indica la probable comisión de crímenes contra la humanidad», resumió el informe.
Aproximadamente 90.000 personas huyeron del área desde los ataques. Se cree que unos 66.000 rohinyás habrían cruzado la frontera hacia el vecino Bangladesh.
Lee dijo que la respuesta que le dio el gobierno con respecto a la ofensiva militar fue que había «lanzado con razón una respuesta de seguridad». Aunque las autoridades deben responder a los ataques contra los puestos fronterizos, la relatora especial de la ONU añadió que esa acción debe acatar plenamente el estado de derecho y los derechos humanos.
«Vi con mis propios ojos las estructuras quemadas en (la aldea atacada de) Wa Peik, y es difícil para mí creer que estas sean consecuencia de acciones tomadas de forma apresurada o al azar», afirmó.
La OACDH constató que centenares de casas, aldeas y mezquitas rohinyás fueron objeto de incendios intencionales. Un testigo observó que solo las viviendas budistas quedaron intactas en su aldea.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) calcula que al menos 1.500 construcciones fueron destruidas, lo que obligó a los rohinyás a abandonar sus hogares.
El gobierno niega las acusaciones y le aseguró a Lee que fueron los aldeanos quienes quemaron sus propias casas con el fin de que actores internacionales les ayudaran a construir viviendas mejores. Las autoridades también dijeron que esto fue parte de una campaña de propaganda de los rohinyás para difamar a los servicios de seguridad del país.[related_articles]
«Me parece bastante increíble que estas personas desesperadas estén dispuestas a quemar sus casas para quedarse sin hogar, potencialmente desplazadas… solo para darle al gobierno un mal nombre», argumentó la relatora especial.
«Debo recordar una vez más que estos ataques tuvieron lugar en el contexto de décadas de discriminación sistemática e institucionalizada contra la población rohinyá», subrayó.
Los que logran huir enfrentan otros problemas en las naciones anfitrionas. Bangladesh ha sido uno de los principales receptores de rohinyás, pero debido a la presión demográfica y sus problemas de seguridad, el país de 160 millones de habitantes intenta limitar el ingreso de refugiados.
Según Amnistía Internacional , las autoridades de Bangladesh le han negado asilo a los refugiados rohinyás, y han detenido y repatriado a centenares de ellos. El gobierno bangladesí también había propuesto trasladar a los refugiados a una isla.
«No podemos simplemente abrirles nuestras puertas a personas que vienen por oleadas», sostuvo la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina.
La crisis actual provocó el pedido de grupos y líderes internacionales de medidas que incluyan el acceso humanitario sin restricciones al estado birmano de Rakhine.
Aunque el gobierno anunció la creación de una comisión que investigará la situación en el estado fronterizo, HRW también instó a Birmania a que invite a la ONU para ayudar en una investigación imparcial.
«Bloquear el acceso y un examen imparcial de la situación no ayudarán a las personas que ahora están en grave riesgo», afirmó el director de HRW para Asia, Brad Adams.
En diciembre, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, también pidió a sus vecinos asiáticos y a la comunidad internacional que abordaran la crisis.
«El mundo no puede quedarse sentado y ver cómo sucede el genocidio», exhortó Razak mientras reclamaba por la violencia contra la minoría rohinyá.
«Debemos defenderlos, no solo porque son de la misma fe, sino porque son seres humanos, sus vidas tienen valor», continuó.
Además de aceptar la ayuda de actores internacionales, Lee alentó al gobierno birmano a «llamar a todas las comunidades… a ser más abiertas y comprensivas unas de otras, a respetarse mutuamente en vez de tomar a otros de chivos expiatorios con el fin de promover sus propios intereses”.
«Estoy lista para ayudar en el camino hacia un Myanmar más libre y democrático», concluyó Lee.
La relatora especial presentará en marzo su informe definitivo sobre su visita a Birmania al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Traducido por Álvaro Queiruga
