“Antes yo pescaba 200 kilogramos por semana, ahora logro 40 cuando tengo suerte”, se quejó Raimundo Neves, culpando a las dos centrales hidroeléctricas construidas en el río Madeira, una arriba y otra abajo de Jaci Paraná, el pueblo donde vive en el noroeste de Brasil.
“Una tonelada solo alcanzan los que pescan al pie de la presa de Jirau”, afirmó. Es que los peces intentan subir el río, pero son bloqueados por el murallón del embalse y se concentran allí “dando vueltas”, a merced de pescadores ilegales, explicó a IPS.
Los barcos pesqueros invaden el área vedada por razones de seguridad, para eludir el control.
Está prohibido acercarse a menos de 2,8 kilómetros de la presa, un límite impuesto por la Marina, ante los riesgos de turbulencias provocadas por la operación del vertedero y de las turbinas, explicó la empresa concesionaria de Jirau, Energía Sustentable de Brasil (ESBR).
El vuelco en la vida de pescadores como Neves ilustra el pecado original de las hidroeléctricas: cambiar la naturaleza del río, interrumpiendo su flujo para generar energía para el país.
En el caso de Jirau y Santo Antonio, la otra central, se trató de represar el Madeira, el afluente más caudaloso del río Amazonas, que recibe aguas de la pendiente oriental de la cordillera de los Andes y de grandes cuencas de Bolivia y Perú.
Esas plantas, cerca de Porto Velho, capital del estado de Rondonia, inauguraron una nueva generación de grandes hidroeléctricas en Brasil, con nuevas tecnologías y una legislación acumulada durante las tres últimas décadas, destinada a reducir daños ambientales y sociales, y a compensar a la población afectada.
Aprovechando el fuerte caudal -superior a la pequeña caída del río, de unos 20 metros en cada caso-, se usaron por primera vez las horizontales turbinas bulbo en gran escala, 50 en cada una, con una capacidad total de 6.900 megavatios.
Así se limitó la superficie conjunta de los dos embalses a 710 kilómetros cuadrados, poco más que la del río en las crecidas y una de las menores proporciones de área inundada por energía generada, arguyen las empresas concesionarias de las centrales.
Pero ello no impidió las críticas al desplazamiento forzado de comunidades ribereñas tradicionales, a la deforestación y sumersión de bosques, daños a la reproducción de los peces y caos social por la criminalidad, prostitución y falencia de servicios públicos, ante el arribo de miles de personas atraídas por los empleos en las obras.
El Movimiento de Afectados por Represas (MAB, en portugués) y un creciente número de investigadores condenan los impactos que consideran subestimados en los datos de las empresas que construyeron y tienen la concesión de las hidroeléctricas por 35 años.
“Cada año aumentan los afectados no reconocidos por Santo Antonio y por ende las quejas ante la justicia. Los reasentados recibieron tierras infértiles y sin la reserva forestal legal que debe de ser 80 por ciento de cada propiedad en la Amazonia”, acusó a IPS un coordinador del MAB en Rondonia, João Dutra.
A los desplazados no se indemnizaron los “ingresos cesantes”, como a los pescadores y otros ribereños, incluso porque “en general ejercen varias actividades”, muchas no reconocidas, acotó.
Parte de las familias desistieron del reasentamiento y muchas otras siguen dependientes de una “ayuda mensual”, cinco años después de desplazadas, sentenció Dutra.
Santo Antonio Energía (SAE), concesionaria de la hidroeléctrica aguas abajo, asegura que invirtió unos 620 millones de dólares al cambio actual, en 28 programas “socioambientales”. Equivale a 10 por ciento por ciento del costo de construcción de la central.
La implantación de varias unidades de salud, incluso dos hospitales, más la contratación y capacitación de profesionales permitió a la red local de salud ampliar en mil consultas su labor diaria y elevar a 74 los puestos de salud familiar, el doble de algunos años antes, detalló la empresa.
La construcción y reformas de escuelas aumentaron el cupo en 6.000 nuevos alumnos y se donaron equipos modernos a los bomberos y a la policía, incluyendo su rama ambiental, acotó la empresa. Lo más costoso fue construir 548 viviendas en siete reasentamientos.
“ESBR apoya el desarrollo de pequeños productores, a través de cooperativas, como la de Jirau que tiene 160 socios, impulsando el cultivo y la extracción de frutas amazónicas, como asaí (Euterpe oleracea) y cupuazú (Theobroma grandiflorum), y agroindustrias de harina de yuca y pulpas de frutas”, destacó a IPS el gerente de Ambiente y Socioeconomía de la empresa, Verissimo Alves Neto.
Entre sus 34 programas, señaló, se incluyen la piscicultura, la pesca con manejo del pirarucú (Arapaima gigas), un pez amazónico que puede alcanzar 200 kilogramos, un barco-hospital para asistir poblaciones ribereñas y asistencia a aldeas indígenas que “en un caso está a 800 kilómetros de Jirau”, por exigencia de las autoridades ambientales.
Las dos empresas celebran también la contribución de sus masivas campañas al control de la malaria, antes un grave problema sanitario local.
Aportaron asimismo muchos conocimientos sobre el pasado y la fauna del Madeira. Miles de objetos arqueológicos enriquecerán museos y la universidad de Porto Velho.
“SAE impulsó la investigación de la ictiofauna, con una colección de casi mil especies que confirma en Rio Madeira como el de mayor diversidad de peces en la Amazonia”, reconoció a IPS el rector de la Universidad Federal de Rondonia, Ari Ott.
Después de muchos conflictos, incluyendo acciones judiciales buscando suspender las obras, huelgas salvajes y protestas con invasión de las plantas, las tensiones parecían superadas por el hecho consumado de las centrales en operación desde 2012 y 2013.[related_articles]
Pero lluvias torrenciales en 2014 trastornaron nuevamente el panorama.
Una crecida sin precedentes del Madeira desalojó temporalmente a cerca de 30.000 personas en Porto Velho y alrededores. El caudal del rio en algunos días de marzo superó en 70 por ciento el promedio histórico del mes. Pueblos, barrios enteros y varios kilómetros de carretera quedaron bajo las aguas.
Las dos centrales fueron acusadas de, al menos, agravar las inundaciones a lo largo del Madeira en Brasil y en el lado boliviano.
Se defendieron apuntando los fenómenos climáticos coincidentes que provocaron lluvias excepcionales en toda la cuenca y recordando crecidas similares, como la 1982. La intensidad de 2014 solo se repite cada 350 años, según expertos.
El desastre, de todas formas, amplió el área inundable por los dos embalses hidroeléctricos, según la Agencia Nacional de Aguas, obligando las empresas a reasentar o indemnizar nuevas familias amenazadas por inundaciones. Y acentuó incertidumbres para el futuro con el cambio climático.
Nuevas batallas surgieron con la expansión de la central de Santo Antonio, que agregó seis nuevas turbinas a las 44 ya operativas, para generar más 417 megavatios y alcanzar un total de 3.568. Eso elevaría el embalse en 80 centímetros desplazando más ribereños, pero depende de autorización ambiental.
ESBR pretende operar Jirau en la “cota 90 constante”. El embalse siempre a 90 metros de altitud, como naturalmente ocurre en las crecidas, permitiría generar 420 megavatios más durante el estiaje entre junio y diciembre, sin nuevas turbinas ni costos.
“Ganaríamos todos, nosotros, el gobierno, Bolivia y la población ribereña”, sostuvo Isac Teixeira, director de Operación de ESBR.
Depende de un acuerdo con Bolivia, que sería compensada con energía adicional, al aceptar el tramo fronterizo del Madeira siempre al nivel de crecidas. Y debe reactivar protestas de ambientalistas y ribereños.
Editado por Estrella Gutiérrez
