Colombia hierve por estos días, en los que se juega su futuro. Después de cinco años de negociación, se acaba la guerra con las FARC, se acaba esa guerrilla comunista surgida hace medio siglo y se convierte en movimiento político.
El acuerdo para que esto ocurra se firma formalmente la tarde del 26 de septiembre al aire libre, en una explanada cerca a la muralla de los tiempos coloniales, en la ciudad de Cartagena de Indias.
Estarán presentes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, jefes de Estado y cancilleres, incluido el secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Su homólogo en el Vaticano, cardenal Pietro Parolin, abrirá la ceremonia con una liturgia católica.
El gobierno de Juan Manuel Santos recurre apenas unos días después a la refrendación de lo pactado en arduas negociaciones en La Habana.
Los colombianos votarán “sí” o “no” el 2 de octubre en un plebiscito, cuya única pregunta recoge el título del acuerdo: “¿Apoya usted el Acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. Las encuestas vaticinan un contundente respaldo en las urnas.
El presidente Santos ha pasado en Nueva York la semana previa a la firma. El miércoles 21, Día Internacional de la Paz, entregó formalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el texto del Acuerdo de La Habana, de 298 páginas.
“Saludo su visión, su coraje y liderazgo para poner fin, por medio de la negociación, a un conflicto que ha causado tanto sufrimiento para el pueblo de Colombia por tantas décadas”, dijo Ban a Santos.
El acuerdo confía a la ONU “responsabilidades importantes”, destacó su secretario general, en especial el monitoreo y la verificación del cese al fuego bilateral y la dejación de armas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Para el efecto, a pedido de la mesa de negociación se creó una Misión ad hoc de la ONU en Colombia. “Su presencia tiene como objetivo ayudar a asegurar que los compromisos cruciales serán mantenidos y para fomentar la confianza en el proceso de paz”, indicó Ban.
Por ahora están desplegados ya en terreno unos 200 observadores militares no armados, así como civiles, dedicados a implementar las zonas donde se reunirán las tropas guerrilleras para iniciar su proceso de desmovilización y dejación de armas.
Las armas de las FARC serán entregadas a la ONU por etapas en un plazo de seis meses a partir de lo que el acuerdo llama “Día D”, cuando comienza el cronograma de la dejación de armas.
A medida que avancen las distintas fases del acuerdo, el número de observadores de la ONU se incrementará rápidamente.
De hecho, este componente internacional en la verificación, bajo la égida del Consejo de Seguridad, es uno de los cambios esenciales de esta negociación, comparada con anteriores experiencias de paz fallidas en Colombia.
Ochenta millones de dólares ha recolectado en el escenario de la Asamblea General de la ONU la Iniciativa Global de Desminado para Colombia, convocada desde el 11 de septiembre por Estados Unidos y Noruega. Para la primera fase de desminado se necesitan 126 millones.
Mientras, en el Yarí, corazón de la Orinoquia, en el sur colombiano, las FARC adelantan del 17 al 23 de septiembre su X Conferencia Nacional Guerrillera, que equivale a su plebiscito interno, previo a la firma en Cartagena.
Los 200 delegados del histórico congreso también definirán el nuevo nombre para esa insurgencia, que pasará a convertirse en movimiento político sin armas.
Los delegados a la X Conferencia han planteado interrogantes sobre las condiciones de sus camaradas presos, unos 4.000 hombres y mujeres.
También sobre la creciente actividad de antiguos grupos paramilitares de ultraderecha, desmovilizados por el anterior presidente, Álvaro Uribe (2002-2010), que están de nuevo armándose. El asesinato de líderes campesinos y sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos no para.
Son varios los aspectos del acuerdo que se están implementando ya antes de la firma o de la refrendación.
Un ejemplo es el caso Unión Patriótica (UP), partido surgido en 1985 de un acuerdo de paz gobierno-FARC, pero que luego sufrió la matanza de 6.500 líderes y militantes.
El 15 de este mes, Santos convocó en la sede presidencial a unos 200 dirigentes y familiares de asesinados de UP. Allí reconoció la responsabilidad del estado al no evitar ni impedir el exterminio de ese partido, aunque no reconoció responsabilidad por acción.
Felipe Santos, secretario de esa organización, dijo en ese marco a IPS que “la UP nació de un proceso de paz, y este reconocimiento de responsabilidad por parte del estado por la matanza de la UP se hace a raíz de la firma de los acuerdos”.
“Pero va más allá, porque le abre espacios al proceso de paz y a un rumbo democrático”, estimó.
Los propios dirigentes de la UP no tienen idea de cómo las FARC se relacionarán ahora con ese partido que contribuyeron a crear, décadas atrás.
“Este es un entendimiento democrático que solo ha sido propicio por el Acuerdo de La Habana”, confirmó a IPS el periodista Carlos Lozano, comunista y uno de los gestores de las negociaciones gobierno-FARC. “El estado colombiano tiene mucho que ver en el genocidio de la UP. Hoy se ve obligado a aceptar esta circunstancia, después de negarlo durante años”, dijo.
El acuerdo prevé que Santos buscará revivir, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un procedimiento de acuerdo amistoso en el litigio contra Colombia por esta matanza, el caso colectivo más grande en la historia de la Corte.
Bajo el principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, el 24 de agosto se terminó de negociar en Cuba la agenda de seis puntos que las partes lograron pactar en 2012.
El acuerdo crea un tribunal ad hoc que juzgará los delitos de guerrilleros, militares y civiles en la guerra.
Los delitos más graves serán sancionados. Si los autores reconocen su responsabilidad, pagan con penas de entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de libertad”, que no necesariamente implica prisión.
Si no reconocen responsabilidad, las condenas serán de hasta 20 años de cárcel.
Hasta la fecha, no hay consenso entre el gobierno y las FARC sobre cuándo es el Día D. El acuerdo no lo estipula con precisión.[related_articles]
Para el gobierno, el Día D es la firma del acuerdo en Cartagena por parte de Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), el lunes 26.
Sin embargo, en los últimos días, las FARC plantearon que la dejación de armas comenzará solo cuando se tenga una ley de amnistía. Esto retrasaría el Día D.
El ministro de Justicia, Jorge Londoño, declaró que dicha ley se tramitará de inmediato si gana el “sí” en el plebiscito. No puede hacer otra cosa, pues el Acto Legislativo para la Paz aprobado en julio indica que las reformas legales se podrán emprender solo a partir de la refrendación.
Así las cosas, el Día D ¿es el 26 de septiembre, cuando se firma el acuerdo? ¿En la primera semana de octubre, cuando el gobierno radique el proyecto de ley de amnistía después del plebiscito?
¿Semanas después, cuando la ley se apruebe mediante “la vía rápida”? Esa vía rápida acelera el trámite previsto en el Acto Legislativo para la Paz.
¿O el Día D será otros cinco meses más tarde, cuando la Corte Constitucional le de su visto bueno a la ley de amnistía?
En todo caso, la presión de la opinión pública no permitirá muchas demoras.
Editado por Estrella Gutiérrez
