Mientras América Latina sigue talando sus bosques para expandir su frontera agrícola, uno de sus países, Costa Rica, lleva décadas remando en sentido contrario, y ahora representa un modelo de convivencia entre producción de alimentos y conservación de su masa forestal.
El informe sobre El Estado de los Bosques del Mundo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), revela que 70 por ciento de la deforestación de la región fue para dar paso a la agricultura comercial, entre 2000 y 2010.
“Eso mismo que la FAO menciona que ocurre en países latinoamericanos, que deforestan para hacer espacio para cultivos agrícolas y ganadería, Costa Rica lo vivió en la década de los 70 y los 80”, explicó a IPS el director del costarricense Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), Jorge Mario Rodríguez.[pullquote]3[/pullquote]
En su punto máximo de deforestación, en la década de los 80, la cobertura boscosa de este país centroamericano se limitó a tapizar solo entre 21 y 25 por ciento de su superficie. Ahora, los bosques cubren 53 por ciento de los 51.100 kilómetros cuadrados de la superficie del país, donde viven cinco millones de habitantes.
Aún más, el país ha logrado contener y repeler la frontera agrícola mientras ha elevado los niveles de seguridad alimentaria, según la FAO, que señala que Costa Rica mantiene un nivel de subalimentación menor a cinco por ciento, que la organización considera como “cero hambre”.
“Aquí hablamos de que hay una lección aprendida: no es necesario talar los bosques para producir más alimentos”, señaló a IPS el director de la FAO en Costa Rica, Octavio Ramírez.
Pese al incremento en cobertura forestal, la FAO señala que el valor medio de la producción de alimentos por persona aumentó 26 por ciento entre los periodos 1990-1992 y 2011-2013.
La organización atribuye la mejoría boscosa a “los cambios estructurales realizados en la economía y la prioridad otorgada a la conservación y la gestión sostenible de los bosques”, que se traducen en una coyuntura socioeconómica específica que las autoridades costarricenses supieron aprovechar.
“Tiene que ver un poco con la crisis de ganadería de esos años pero también el Estado costarricense le da prioridad al manejo de los bosques”, apuntó Ramírez, nacido en Nicaragua y nacionalizado costarricense.
En el Estado de los Bosques, lanzado el 18 de julio, la FAO explica que durante gran parte del siglo XX los bosques costarricenses se consideraban “bancos de tierra”, que podían utilizarse según fuera necesario para satisfacer las necesidades agrícolas.
“Era una mala acción el hecho de no botar (talar) el bosque. Era un sinónimo de vago o de no trabajar la tierra”, explicó Ramírez.
Pero en los años 80, dos factores se aliaron a favor de la protección forestal, contó a IPS el economista ambiental Juan Robalino.
Los precios de la carne se desplomaron y el turismo ecológico empezó a abrirse paso como una actividad de peso en el país, explicó el especialista de la Universidad de Costa Rica y del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
“Esto abrió posibilidades para generar políticas interesantes como el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) “, dijo Robalino, uno de los académicos que más ha estudiado la cobertura forestal costarricense.
El estudio de la FAO atribuye gran parte del éxito precisamente al PSA, un reconocimiento financiero por los servicios ambientales generados en las actividades de conservación y manejo de bosque, reforestación, regeneración natural y sistemas agroforestales.
La esencia de este programa, establecido en 1997 y bajo manejo de Fonafifo, es sencilla: si un propietario conserva la cobertura forestal en su finca, el Estado le pagará, bajo el principio de reconocer los servicios ecosistémicos que brindan los bosques.
Desde su fundación hasta 2015, las inversiones en proyectos PSA alcanzaron los 318 millones de dólares. Sus fondos procedieron en 64 por ciento de los impuestos a los combustibles fósiles y en 22 por ciento de créditos del Banco Mundial.
Tras estudiar por años el impacto del PSA, Robalino explica que en el 2016 el reto es buscar propietarios con menores incentivos para proteger sus bosques y convencerlos con el reconocimiento financiero.
“Siempre la idea es ver quiénes van a cambiar su comportamiento con este programa”, apuntó Robalino.[related_articles]
Por las propias limitaciones presupuestarias, el programa debe priorizar cuáles fincas atiende, pues las solicitudes de inclusión son cinco veces superiores a su capacidad, según explicó Rodríguez, el director de Fonafifo.
Así, se han enfocado en los servicios ecosistémicos: la captura de carbono, la protección del agua, la belleza escénica y la protección de la biodiversidad.
“En Costa Rica aprendimos que el bosque vale más, no por la madera, sino por los servicios ambientales que generan”, destacó Rodríguez.
Ahora Fonafifo busca aliarse con el Ministerio de Agricultura y Ganadería local para empezar un nuevo programa, dirigido hacia pequeños propietarios que requieran más apoyo técnico, un camino al que también apunta la FAO.
“El desarrollo agrícola para el mercado interno no requiere necesariamente la expansión de áreas de cultivo, sino coexistir con el bosque e intensificar la producción mejorando la productividad y la competitividad de los productores nacionales”, explicó Ramírez, su representante local.
Tanto la FAO como los especialistas locales consultados por IPS coinciden en que el PSA aprovechó una coyuntura nacional e internacional para lanzar un proyecto exitoso, pero que dista de ser el único motivo.
“El éxito de Costa Rica no obedece exclusivamente al PSA, sino también a otras políticas como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y también a la educación”, explicó Rodríguez.
Más allá de este programa, el país cuenta con una amplia tradición ambientalista: cerca de una cuarta parte del territorio está protegido, la ley forestal prohíbe el cambio del uso de la tierra con cobertura boscosa y son ilegales la caza deportiva, la minería metálica a cielo abierto y la explotación petrolera.
En el artículo 50 de su Constitución se plasma el derecho a un ambiente sano.
“Yo me acuerdo de la niña (la maestra de primaria) diciéndonos en la escuela que había que proteger los bosques”, recordó Robalino.
Sin embargo, la recuperación de la cobertura boscosa no ha alcanzado a todos los ecosistemas del país y dejó olvidado en particular a los manglares, que han visto reducida su extensión en las últimas décadas.
Según el informe que el país remitió en 2014 al Convenio sobre Diversidad Biológica, la cobertura de mangle pasó de 64.452 hectáreas en 1979 a 37.420 en 2013, una reducción de 42 por ciento.
Este ecosistema es particularmente vulnerable a las grandes plantaciones de monocultivos de la costa del océano Pacífico, donde el Tribunal Ambiental Administrativo del país denunció que desaparecieron 400 hectáreas entre 2010 y 2014 por quemas, talas e invasiones.
Editado por Estrella Gutiérrez
