El Salvador debate una reforma del sistema de pensiones enteramente privado que hay en el país, en lo que abre la posibilidad de introducir cambios que erradiquen los vicios de un esquema previsional que ha discriminado hasta ahora a las mujeres.
“El sistema de pensiones tiene una visión androcéntrica, patriarcal, que no toma en cuenta las diferencias específicas que el mundo nos ha dejado a las mujeres”, dijo a Marta Zaldaña, secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (Feasies).
La lideresa de la organización que aglutina a una veintena de sindicatos de varios sectores, dijo e IPS que un ejemplo del trato sexista contra las mujeres es que hay 115.000 trabajadoras en el servicio doméstico que están fuera del sistema, y que no cuentan con ningún tipo de regulación, ni salario mínimo, ni opción a una pensión.[pullquote]3[/pullquote]
El sector informal de la economía está compuesto en 65 por ciento por mujeres, y este segmento no cotiza y no tendrá pensiones en la vejez, explicó a IPS la economista Julia Evelin Martínez, investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
El sistema “se ha diseñado teniendo en mente las experiencias laborales de los hombres y sus trayectorias de vida”, aseguró.
María Elena Rodríguez, de 54 años, vendedora de un puesto ambulante de frutas en una calle de San Salvador, señaló que su futuro en la vejez es sombrío.
«No tengo nada de cobertura, le pido al Señor que me dé fuerzas para trabajar hasta los 65 años, y de allí les digo a mis hijos que me vayan a dejar a un asilo, porque no tengo pensión, nada», señaló Rodríguez a IPS, mientras vendía unos trozos de papaya a los transeúntes.
Contó que tiene tres hijos, «pero yo no quiero ser carga de nadie», explicó para reflexionar que tras una vida de trabajo debería tener derecho a una vejez tranquila.
Los políticos y diputados nunca establecieron los parámetros para que personas del sector informal de la economía ingresen al sistema, que solo incluye a los asalariados en el área formal.
Los afiliados cotizan, con aportes del empleador, 13 por ciento del salario a sus cuentas individuales, manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que retienen 2,2 por ciento de comisión por invertir ese dinero.
Desde finales de 2015, el gobierno, empresarios, académicos y sectores sociales debaten en torno a qué hacer con un sistema previsional que, desde su privatización en 1998, no ha ampliado, como se ofreció, la cobertura ni mejorado las pensiones.
Hasta noviembre del 2015, había en El Salvador 2,7 millones de afiliados al Sistema de Ahorro de Pensiones, según informes de la Superintendencia del Sistema Financiero, en un país con 6,3 millones de personas y una población económicamente activa (PEA) de 2,8 millones.
Pero 65,7 de esa PEA sobrevive en el sector informal, mientras únicamente 24,7 de ella cotiza actualmente al sistema, aunque la casi totalidad esté afiliada, porque en algún momento se registró y quedó afiliada.
Eso significa que solo uno de cada cuatro de los integrantes de loa población activa estará cubierto cuando se jubile, así sea con pensiones bajas.
De momento, el debate se ha centrado en cómo mejorar la rentabilidad del fondo de pensiones, que en noviembre totalizaba 7.300 millones de dólares. Si aumenta esa rentabilidad, mejorarán las pensiones.
Alrededor de 58 por ciento de ese fondo está invertido en Certificados de Inversión Previsional, emitidos por el Estado, con un interés bajo, de entre 1,4 y tres por ciento. Legalmente, las AFP salvadoreñas no pueden invertir en el mercado bursátil internacional, dónde los rendimientos son mayores, aunque también los riesgos.
El gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén pretende ir más allá y está planteando una reforma que instituya un sistema previsional mixto, que conviva con el privado, una reforma a la que ya anticiparon su rechazo tanto empresarios como sectores de la derecha política.
De lo poco que ha trascendido, se asegura que el gobierno plantearía que los trabajadores con remuneraciones hasta 484 dólares mensuales pasarían a ser atendidos por un sistema público, y los demás por un esquema mixto.
En medio de ese debate, “queremos poder incorporar esa mirada de género” al sistema previsional, agregó Zaldaña, perteneciente también a la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres.
El gobierno ha reconocido que las mujeres son un sector desfavorecido en el sistema previsional. Se retiran a los 55 años, cinco menos que los hombres, lo que significa que aportarán menos a su cuenta y, al jubilarse, recibirán pensiones más bajas que la de los hombres.
A eso se suma el hecho de que ganan en promedio 15 por ciento menos que los hombres, aun cuando su escolaridad promedio es mayor, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2015, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Entre más bajos son los salarios, menos dinero llega a las cuentas individuales, según el sistema actual.
“El problema es que culturalmente la población aún no tiene conciencia de ese desbalance salarial”, señaló a IPS una trabajadora en una oficina gubernamental, Johana Peña.
Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, aseguró que ese desbalance de género es “un problema que debemos atender” en una eventual reforma, en declaraciones al portal informativo gubernamental Transparencia Activa.
En ese punto, dijo, hay coincidencias con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), que aglutina a las dos AFP existentes en el país.
Sin embargo, se desconoce qué cambios se estarían planteando en esa dirección y Lorenzana y René Novellino, director ejecutivo de Asafondos, no atendieron las solicitudes de entrevista por parte de IPS para ahondar en el tema.[related_articles]
La investigadora Martínez cree que el debate debe dirigirse a los cimientos de un sistema injusto para las mujeres, que no es exclusivo de los esquemas privados, aclaró.
«La reforma debe ser una oportunidad de rediseñar el sistema previsional desde sus fundamentos, para que sea un sistema con igualdad de beneficios para hombres y mujeres”, opinó.
Por ejemplo, agregó la economista, las mujeres con empleo formal dejan de cotizar al sistema durante los cuatro meses a los que por ley tienen derecho por maternidad. Si tienen un promedio de tres hijos, habrán dejado de aportar un año a su cuenta.
Ese tiempo perdido se suma a los cinco años que ellas no cotizan, por retirarse antes que los hombres.
“Allí viene una distorsión, es un bache, una discontinuidad, y eso se refleja en su historial laboral”, acotó Martínez.
Zaldaña, la lideresa de Feasies, dijo que esos periodos suspendidos deben ser computados como tiempo laborado, y el Estado debería de aportar los fondos que complementen ese tiempo, en una especie de bono. La propuesta ya la han planteado a Lorenzana, aseguró.
Una reforma similar se aplica en Chile desde julio del 2009. El Estado ofrece un bono por hijo a cada trabajadora.
La economista Martínez celebró que el movimiento sindical esté empujando esos cambios, mientras lamentó que las organizaciones feministas salvadoreñas no hayan dado esa batalla.
Mientras tanto, la vendedora ambulante Rodríguez dijo, sin dejar de atender a su clientela, que por el momento se gana la vida con los “centavitos que gano con mi puesto de fruta, pero no sé qué haré cuando esté viejita”.
Editado por Estrella Gutiérrez
