Activistas e investigadoras dedicadas al estudio de la violencia de género en Cuba consideran cada vez más necesaria una ley integral que proteja a las víctimas y prevenga el flagelo, ignorado públicamente hasta hace pocos años en este país caribeño.
La legislación es necesaria “porque aun cuando el ideal de nuestra sociedad se basa en la justicia y la equidad, persisten desde lo social expresiones de violencia contra las mujeres que se invisibilizan y contribuyen a la impunidad del maltratador”, explicó a IPS la psicóloga Valia Solís.
La profesional del no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo – Cuba, situado en Cárdenas, en la occidental provincia de Matanzas, agregó que esta ley no debe limitarse a la sanción de la privación de libertad, pues la violencia requiere de un abordaje preventivo antes de que el comportamiento y sus consecuencias se agraven.[pullquote]3[/pullquote]
Varios artículos de la Constitución cubana, el Código Penal y otros cuerpos legales incluyen normativas relacionadas con la equidad de género, pero no existe una legislación adecuada y específica dirigida a enfrentar la violencia machista ni los instrumentos suficientes para proteger a las víctimas.
Las personas sujetas a maltratos por motivo de género se encuentran “en estado de vulnerabilidad y una ley podría atenuar este hecho”, consideró Aida Torralbas, profesora e investigadora de la Universidad de la oriental provincia de Holguín, quien alerta que este fenómeno suele pasar inadvertido y en la impunidad.
En su opinión, aunque la respuesta punitiva no es la mejor opción, pues actúa después que ha ocurrido el hecho, tiene el valor de reconocerlo como censurable y como acción que atenta contra la integridad de otra persona. Torralbas coincide con otras estudiosas en que el factor educativo es fundamental.
“Por eso una ley de este tipo debe contemplar también la posibilidad de influir en la educación en valores no patriarcales y sexistas que modifiquen maneras de pensar y actuar en este sentido”, subrayó. Para esta experta, también es importante fortalecer la capacitación del sector judicial en la atención de estos asuntos.
“Es un hecho que los propios agentes de seguridad, la policía, desconocen cómo tratar estos problemas”, acotó Mercedes Abreu, trabajadora social del Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) de Pogolotti, en el municipio capitalino de Marianao, al ser consultada por IPS.
Los TTIB fueron creados en 1988 para el trabajo social en barrios desfavorecidos de la capital y están subordinados administrativamente al gobierno municipal.
“Muchas veces pasa que ni las mismas mujeres saben que son víctimas de violencia en la familia, en los centros de trabajo, en la comunidad. El desconocimiento nos lleva a ignorar estos hechos”, advirtió Abreu, quien consideró además que la población cubana tiene “muy poca cultura legal”.
Los TTIB y organizaciones de la sociedad civil han contribuido a sacar del “clóset” una realidad que es producto del predominio en la sociedad cubana de una cultura patriarcal que contradice los avances en equidad como salarios iguales a los percibidos por los hombres, incorporación masiva de la población femenina al estudio y el trabajo junto al acceso universal, gratuito y seguro al aborto.
El Centro de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” (OAR), por ejemplo, coordina anualmente desde 2007, junto a otras organizaciones, una Jornada Nacional por la No Violencia contra la Mujer, cuya agenda coincide con los 16 días de activismo mundiales entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.
Sin menoscabo del impacto logrado por ese activismo, Abreu opinó que el tema de la violencia es para trabajarlo todo el tiempo desde diversas aristas. A veces “sucede que se deja solo para la semana de la Jornada contra la violencia. Así no avanzamos”, alertó esta mujer con varios años de labor directa en una comunidad de bajos recursos.
En su opinión, este asunto debe involucrar a la familia, la escuela, el médico de familia, los trabajadores sociales, la Federación de Mujeres Cubanas, los decisores, los medios de comunicación, las iglesias, los activistas, los abogados y los jueces y la propia autoridad policial.
Elaine Saralegui, teóloga y pastora de la Iglesia Metropolitana en Cuba, de la occidental provincia de Matanzas, recordó a IPS que “la violencia tiene que ver con el orden establecido y con la relación entre personas o grupos en posiciones desiguales de poder”.
En ese sentido, consideró necesarias leyes que protejan y promuevan la libre expresión de la identidad de género. “Se hace muy frecuente que, cuando hablamos de género, se piense en el hombre y la mujer y tendamos a obviar otras expresiones de géneros que no entran en la heteronormatividad”, indicó.[related_articles]
Al abundar en ese sentido, insistió en que el país necesita ”leyes que puedan ofrecer amparo legal a toda esta problemática, de manera explícita, en las que se contemple cada uno de los rostros de las personas vulneradas por la heteronormatividad, el patriarcado y la violencia de género”.
“Estamos hablando, entonces, de las mujeres heterosexuales, pero también de las personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género”, concluyó.
En 2012, la primera Conferencia Nacional del gubernamental Partido Comunista de Cuba (PCC) se trazó entre sus objetivos “elevar el rechazo a la violencia de género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las comunidades”, en lo que se considera un importante reconocimiento oficial del tema.
El PCC convocó para abril de 2016 a su VII Congreso, con una agenda que incluye la evaluación del cumplimiento de los acuerdos del VI Congreso y la Primera Conferencia Nacional del Partido. La pasada cita partidista, realizada en 2011, aprobó el programa de reformas para actualizar el modelo socialista de desarrollo.
También el próximo año, los estatales Centro de Estudios de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadística e Información tienen previsto efectuar una encuesta nacional sobre igualdad de género, aunque se desconoce si incluye en sus indagaciones la violencia de género.
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un total de 20 países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con leyes de violencia contra las mujeres, aunque sólo en ocho se asignan recursos específicos en su presupuesto nacional.
En tanto, 14 países han tipificado el delito de feminicidio y dos lo han establecido como un homicidio agravado por razones de género en su legislación.
Editado por Verónica Firme
