En Colombia crece la sensación de que el proceso de paz con la guerrilla comunista FARC está cerca de terminar. La expresión puede ser para bien o para mal, como anota el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.
En su apartamento con vista al mar de la ciudad caribeña de Cartagena de Indias, el veterano periodista colombiano Juan Gossaín le hizo una entrevista al exvicepresidente De la Calle (1994-1996). Ambos fueron compañeros en el panel matutino de RCN Radio, que Gossaín dirigió por 26 años, hasta 2010.
La entrevista denota identificación entre periodista y entrevistado, y no parece haber tenido una sesión de repreguntas. Fue distribuida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para ser publicada este domingo 5.
El jefe negociador, de suyo reacio a hablar con los medios de comunicación, advirtió que el gobierno podría pararse de la mesa: “Yo sí quiero decirles a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con toda seriedad: ‘Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana’”.[pullquote]3[/pullquote]
“La paciencia de los colombianos se agota. El riesgo es real”, dijo De la Calle, aunque matizó que el proceso también puede llegar a su fin “porque logremos un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo”.
El hecho es que, como dice De la Calle, “aunque parezca una paradoja, el proceso ha encontrado más apoyo afuera que aquí adentro”.
Nunca lo ha hecho en la mesa de negociación, sino solo a través de los medios, pero el gobierno ya ha amenazado en el pasado con salirse de las negociaciones que el presidente Juan Manuel Santos abonó meticulosamente, y en secreto, desde su posesión en agosto de 2010.
Dos años más tarde la negociación saltó a la luz y se instaló oficialmente en octubre de 2012 en Oslo, escoltada por Cuba y Noruega como garantes y Chile y Venezuela como acompañantes. Desde entonces los diálogos se llevan a cabo en La Habana, donde se adelanta estos días el ciclo 38 de reuniones.
Bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en 32 meses se han aprobado tres, de los seis puntos de la agenda.
Hay preacuerdo sobre una amplia gama de aspectos relacionados con desarrollo agrario integral, apertura democrática y sustitución concertada de cultivos destinados al tráfico de drogas.
Los puntos pendientes tienen que ver con la larga lista de víctimas de parte y parte, y cómo se va a honrar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación; qué hacer con tropas y armas guerrilleras; y cuáles serán los mecanismos de implementación, verificación y refrendación del acuerdo.
La negociación se adelanta en medio de la guerra, pero una cláusula que establece que nada de lo que pase en el campo de batalla puede afectar la mesa parece haber caído en el olvido.
La intensificación de las hostilidades cuesta vidas y desastres ambientales y el respaldo a la opción militar, en vez de insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz, ha vuelto a asomar las orejas.
Pero no es un fenómeno que no se presentaba hace 15 años, como afirma De la Calle a Gossaín, al menos no según la encuesta Gallup emitida el 30 de junio.
A la pregunta “¿Cuál cree usted que es la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla en Colombia?”, la respuesta en junio de 2015 es un empate entre quienes prefieren “Insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo de paz” y quienes optan por “No dialogar y tratar de derrotarlos militarmente”.
Ese empate se repitió en julio de 2003, marzo de 2004, octubre de 2010 y junio de 2011, mientras que en el resto de las ocasiones, la mayoría optó por la solución política.
En el historial de mediciones, el diálogo se mantiene siempre por encima de la solución militar, a excepción del periodo diciembre de 2001-julio de 2003. Eso sí, desde diciembre de 2001 los encuestados dejaron de creer que la guerrilla colombiana llegue algún día a tomarse el poder por las armas.
Por todo ello, no es verdad que “la gente haya caído al nivel más bajo del escepticismo”, como afirma De la Calle. Las mediciones indican que, pase lo que pase, “la desesperanza” que evoca el jefe negociador, y que subraya su entrevistador, es episódica.
“Tenemos que tener la honestidad de decirles a los colombianos que el proceso de paz está en el peor momento desde que iniciamos las conversaciones”, según De La Calle.
Pero, ¿por qué? Se trata de la justicia, dice: “Es el territorio más difícil de la negociación. Las FARC tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. El Estado también, naturalmente”.
De la Calle expresa que el gobierno condiciona el cese al fuego bilateral a que los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad de las FARC pasen una temporada en la cárcel, aunque el jefe negociador describe que sería una privación de libertad “en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas”.
También reconoce que las FARC “han dicho que están dispuestos a aceptar un sistema de justicia que tenga esos componentes”.
Si esto es así, no es tan claro dónde está el quid de la actual crisis.
En febrero la Fiscalía General de la Nación reveló que impulsará investigaciones contra más de 14 mil empresarios, ganaderos, políticos y miembros de la fuerza pública, comprometidos con el paramilitarismo de ultraderecha, hoy parcialmente neutralizado.
Casi simultáneamente el expresidente César Gaviria (1990-1994) propuso para estos no combatientes “indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas”.[related_articles]
Varios sectores empresariales y políticos recibieron bien la propuesta, así fuera para debatirla, otros la rechazaron y otros más se preocuparon y se molestaron. El hecho es que no tardó mucho tiempo en enrarecerse el siempre vulnerable ambiente en torno a la negociación de paz.
Al tiempo, la Mesa de La Habana anunciaba el acuerdo en torno a un asunto espinoso para quienes se mantienen no solo en la impunidad, sino tras bambalinas en el anonimato: la Comisión de la Verdad, que, se dice, no tendrá efectos jurídicos.
Más allá de la discusión sobre justicia y penas, De la Calle afirma que “buena parte” del bloqueo actual del proceso son las contradicciones sobre un cese al fuego bilateral, «la prioridad de las FARC», a su juicio. La guerrilla también tendría que cortar fuentes de ingreso como la extorsión y sus nexos con traficantes de drogas.
¿Cese bilateral del fuego cuando “hay otras fuentes de violencia, distintas a las FARC”, como con razón apunta De la Calle?
En efecto, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), con menos combatientes, parece estar esperando los resultados de la negociación con las FARC antes de lanzarse a su propio proceso de paz, pero mientras sigue en actividad. Además, en el territorio están los paramilitares que no se desmovilizaron o nuevos que surgieron, y que el gobierno llama Bacrim (bandas criminales).
“No podemos decirle a la fuerza pública que se esté quieta. Si quieren un cese del fuego, el Gobierno está dispuesto a anticiparlo, para lo cual son fundamentales las zonas de concentración”, dijo.
Estas “zonas rurales de concentración”, propuestas a las FARC desde sus épocas de gobierno por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se destinarían a “recluir guerrilleros condenados, sin que entreguen sus armas” por un tiempo, explicó De la Calle.
Por correo electrónico, IPS intentó recabar la reacción del jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, a algunas afirmaciones de De la Calle, pero no obtuvo respuesta oportuna, aunque la publicación de este artículo fue pospuesta durante 15 horas con ese fin.
Editado por Estrella Gutiérrez
