Organizaciones internacionales y locales de derechos humanos impulsan una intensa campaña mundial para que El Salvador modifique su draconiana ley que penaliza el aborto y encarcela a mujeres por esa práctica, incluso en algunos casos en que la interrupción del embarazo fue espontánea.
Actualmente, 15 mujeres están presas por delitos tipificados como abortos u homicidios, aunque su defensa asegura que se trató de abortos derivados de complicaciones en el embarazo. En total, al menos 129 fueron procesadas por interrumpir su embarazo entre 2000 y 2011, según datos parciales de organizaciones locales.
La campaña, promovida por Amnistía Internacional y organizaciones locales, reunió 300.000 firmas para denunciar la “brutal prohibición” del aborto y exigir un cambio en la legislación en este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes y uno de los muy escasos en el mundo que castiga con cárcel esa práctica en forma absoluta.
La campaña se lanzó justo cuando una mujer fue liberada por un tribunal de apelación luego de pasar 15 meses en prisión y ser condenada por homicidio por un tribunal de primera instancia.
Carmelina Pérez rompió en llanto de alegría cuando un juez la declaró inocente, el 23 de abril, al final de la audiencia celebrada en el Tribunal de Sentencia (superior) de la oriental ciudad de La Unión, capital del departamento del mismo nombre.
“Estoy feliz, porque podré estar con mi hijo y con mi familia, en libertad”, dijo Pérez a IPS, aún esposada. Ella tiene un niño de tres años, en su natal Honduras.
Pérez, de 21 años, trabajaba como empleada de servicio doméstico en la localidad de Concepción de Oriente, en La Unión, cuando sufrió un aborto espontáneo y fue sentenciada en junio del 2014 a 30 años de cárcel por homicidio, pero la defensa apeló el fallo y ganó en segunda instancia.
Aún hay 15 de 17 mujeres encarceladas por casos similares desde 1998, cuando la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para que el aborto fuera penalizado en todas sus formas, incluso en casos terapéuticos que se norman más comúnmente como excepciones: peligro para la vida de la madre, malformación fetal y violación.
Un año más tarde, se reformó el artículo 1 de la Constitución salvadoreña para que las personas fueran reconocidas como tales desde la concepción, volviendo más difícil modificar la legislación sobre el aborto.
Carmen Guadalupe Vásquez, de 25 años, fue parte de aquel grupo de 17 encarceladas, y recibió el indulto de la Asamblea Legislativa en enero del 2015, tras siete años en prisión, luego de que se reconocieran errores judiciales en el proceso. También en noviembre del 2014 Mirna Ramírez, de 47 años, quedó libre tras finalizar su condena de 12 años.
Otras cinco mujeres han sido ya condenadas y esperan en prisión el trámite burocrático para recibir su sentencia definitiva.
La mayoría de estas mujeres con complicaciones obstétricas u abortos espontáneos llegan a hospitales públicos buscando ayuda médica, pero allí son denunciadas por el personal hospitalario, temeroso de ser acusado de prácticas abortivas, y son enviadas de inmediato a la cárcel, bajo custodia policial.
“La prohibición total del aborto es una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres de El Salvador, como el derecho a la salud, a la vida y la justicia”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante un foro realizado en San Salvador, el 22 de abril.
Guevara añadió que la legislación salvadoreña sobre aborto “criminaliza a las mujeres más pobres del país”.
Pese a que no hay cifras recientes, una investigación realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, publicada en 2013, encontró que entre el 2000 y el 2011 un total de 129 mujeres fueron procesadas por abortos o por homicidios.
De ellas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto, y 26 por homicidio en distintos grados. En estos casos, la fiscalía impuso que la tesis de que los fetos nacieron vivos y la gestante es responsable de su muerte.
De las 129 enjuiciadas, siete por ciento eran analfabetas, 40 por ciento tenían educación primaria, 11,6 por ciento eran bachilleres y solo 4,6 por ciento eran universitarias.
Además, 51,1 por ciento de las procesadas no recibía remuneración económica alguna y 31,7 por ciento tenía escasos ingresos.
Del otro lado, se sabe que mujeres de estratos medios y altos realizan abortos clandestinamente en clínicas privadas, sin que sean delatadas por los médicos, ni detenidas ni enjuiciadas por la justicia.
Además de recolectar las 300.000 firmas para exigir al estado salvadoreño que modifique la penalización absoluta del aborto, Amnistía también pidió que proporcione a las mujeres y las niñas acceso a un aborto seguro y legal, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la gestante, sea fruto de una violación o exista malformación grave del feto.
Solo El Vaticano, Haití, Nicaragua, Honduras, Suriname y Chile mantienen la prohibición absoluta del aborto, aunque en el último país se tramita una nueva ley para despenalizarlo en los supuestos terapéuticos.
Delegadas de Amnistía, de la Agrupación Ciudadana y del Centro de Derechos Reproductivos se reunieron el pasado 22 de abril con representantes del presidente Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para demandarle la flexibilización de la ley.
También tuvieron encuentros con los presidentes de los poderes legislativo y judicial, con el aval de las 300.000 firmas recolectadas.
“Por lo menos está la voluntad de dialogar, vemos una apertura”, señaló a IPS la activista Paula Ávila, del Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional con sede en Estados Unidos.
Ávila añadió que en la medida que se sigan contando la historia de las mujeres que sufren esos casos, en esa medida va a existir una necesidad del estado de sentarse a hablar.
El Centro, junto a la Agrupación Ciudadana y a la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, exigió una respuesta del Estado salvadoreña a una comunicación enviada el 20 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que le urge a establecer su responsabilidad en la muerte de “Manuela”.
Manuela, como se conoce a una mujer que nunca consintió en revelar su identidad completa, sufrió una emergencia obstétrica, fue erróneamente acusada de haberse provocado un aborto y condenada a 30 años de prisión por homicidio.
Más tarde se supo que ella padecía de un cáncer linfático y que la enfermedad pudo provocar la interrupción de su embarazo. Murió en 2010, en prisión, sin ningún tipo de asistencia médica.
La CIDH ha aceptado el caso y da al Estado salvadoreño tres meses para responder por su responsabilidad en esa muerte.
En el debate sobre la flexibilización de la ley que penaliza totalmente el aborto privan el machismo de la sociedad salvadoreña y enfoques moralistas y religiosos, con gran presión de las jerarquías de la Iglesia Católica y de confesiones evangélicas, lo que dificulta que haya cambios políticos.
En tanto, la liberación de Carmelina Pérez, en La Unión, despierta esperanzas en procesos judiciales similares.
Por primera vez un juez de una cámara de apelaciones desestimó la declaración de la ginecóloga que atestiguó contra de la procesada. Esa decisión fue clave para anular el juicio en primera instancia, en que se condenó a Pérez a 30 años de prisión.
Editado por Estrella Gutiérrez
