América Latina tiene dificultades para establecer su contribución a la reducción de emisiones, que todos los países deben presentar este año ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Las vicisitudes están ligadas a los mecanismos nacionales de financiamiento para solventar estas acciones voluntarias, tanto de adaptación al cambio climático como de mitigación o reducción de gases de efecto invernadero.
Hasta el 31 de marzo, el primer plazo para el registro de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, en inglés), únicamente México había cumplido con la tarea. Del resto del mundo, lo hicieron solo Suiza, la Unión Europea como bloque, Noruega, Estados Unidos, Gabón y Rusia, en ese orden.
“Los tiempos de las negociaciones internacionales y el debate sobre quienes son responsables del cambio climático no deben ser una excusa” para que los países latinoamericanos “no avancen en la prevención de riesgos” ante el cambio climático, dijo María Marta di Paola, investigadora de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina.
Sobre su país, la especialista criticó que el cambio climático ocupe “un rol marginal” en la política pública con “un carácter reactivo” ante inundaciones o sequías, secuelas del fenómeno, planteó la especialista a Tierramérica.
Brasil es el mayor emisor regional de gases responsables del recalentamiento global, con el lanzamiento anual a la atmósfera de 1.488 millones de toneladas de dióxido de carbono, seguido por México, con 608 millones y Venezuela, con 401 millones.
Les siguen Argentina, con 180 millones, Colombia con 75 millones y Chile con 72 millones.
Las mayores fuentes contaminantes en la región son la deforestación por el cambio de uso de suelo, la agricultura y la generación y uso de energía.
La región defiende la responsabilidad compartida pero diferenciada ante el cambio climático en foros internacionales y es particularmente vulnerable al fenómeno, con tormentas intensas, sequías devastadoras, temperaturas oscilantes, aumento del nivel del mar y derretimiento de los glaciares andinos, con altos costos humanos, sociales y económicos.
En sus INDC, México se comprometió a disminuir 25 por ciento sus emanaciones totales para 2030, respecto a las registradas en 2013. Eso lo alcanza mediante la reducción de 22 por ciento los gases de efecto invernadero y 51 por ciento el carbono negro -hollín desprendido del transporte a diésel y de la generación eléctrica con combustóleo- en ese mismo año.
Sus medidas incluyen frenar la expansión de la contaminación para 2026 y plantea también que podría acortarla a 2030 hasta 40 por ciento si accede a financiamiento adicional y a transferencia de tecnología, como parte de un acuerdo global.
Las metas primordiales abordan la energía, procesos industriales y usos finales, agricultura, residuos, cambio de uso de suelos y bosques, pero no explican detalles ni la ruta crítica para su cumplimiento.
“La clave está en los cómos, de dónde viene el financiamiento, la coordinación intergubernamental, la falta de capacidades locales”, sostuvo Javier Garduño, de la oficina mexicana del no gubernamental Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
Por ejemplo, dijo a Tierramérica, “en transporte, no hay un entramado legal para alinear movilidad y sostenibilidad”.
El establecimiento de las INDC se acordó en la 19 Conferencia de las Partes (COP 19) de la CMNUCC, celebrada en 2013 en Varsovia, donde se decidió que cada Estado parte tiene plazo hasta octubre como máximo, para comunicar las INDC, a fin de que sean analizadas en la COP 21, que se realizará en París en diciembre.
La CMNUCC elaborará para esta cumbre climática el informe sobre estos compromisos voluntarios que precisará si ellos son suficientes para controlar las emisiones en los niveles que los expertos han planteado y cómo incorporarlos al nuevo tratado universal y vinculante sobre cambio climático que se aprobará en París, para entrar en vigor en 2020.[related_articles]
Un análisis del Instituto del Nuevo Clima para Política Climática y Sostenibilidad Global de Alemania, la CMNUCC y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo encontró que de las 13 naciones de América Latina y el Caribe que respondieron a la consulta, 33 por ciento están en la fase de discusión nacional de las INDC.
Otro 25 por ciento se encuentran en su diseño técnico y 17 por ciento en el debate político, mientras que casi 17 por ciento no ha iniciado la preparación de las medidas y ocho por ciento finalizó el proceso interno de debate.
La región identificó entre retos y brechas en la preparación de las INDC una limitada experticia para evaluar las opciones técnicas, falta de certeza de lo que se debe incluir y lapsos cortos para desarrollar procesos.
También encontró falta de coordinación, de entendimiento y de acuerdos internos sobre las reducciones prioritarias, dificultad para involucrar a los actores relevantes, falta de acuerdo interno sobre el nivel deseado de ambición y conflicto con otras prioridades políticas.
Con excepciones como Chile o México, la queja regional recurrente es la escasa consulta e inclusión de la sociedad civil en los planes.
“Las acciones de Colombia deberían caracterizarse por tener un enfoque transparente, incluyente y participativo”, señaló a Tierramérica la investigadora Milena Bernal, de la no gubernamental Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia.
Eso es particularmente necesario, a su juicio, “si se determinan contribuciones específicas relativas al sector forestal, usos del suelo, generación energética y manejo de recursos financieros que puedan ser entregados al país”.
La mayoría de países latinoamericanos cuenta con leyes sobre cambio climático o asociadas al fenómeno. México aprobó esa legislación en 2012, donde se estipula una reducción de emisiones de 30 por ciento a 2020 y de 50 por ciento a 2050, y el Programa Especial de Cambio Climático.
Argentina prepara la Tercera Comunicación sobre Cambio Climático, un inventario de emanaciones ante la CMNUCC, y desde 2011 la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
Chile, por su parte, cuenta desde diciembre con un plan nacional de adaptación al cambio climático, con políticas específicas para el sector silvoagropecuario, la biodiversidad, pesca y acuicultura, salud, infraestructura, ciudades, turismo, energía y recursos hídricos.
Colombia construye su Plan Nacional contra el Cambio Climático, que debería contener las INDC, según los expertos.
“En Argentina existen leyes vinculadas como la ley de bosques nativos, glaciares y energías renovables, pero su aplicación es débil y se manifiesta en una tendencia a la baja en el presupuesto de los distintos programas”, lamentó Di Paola.
Para Bernal, es necesario definir cómo se alcanzarán los compromisos propuestos a lo largo de este año en las INDC.
“Se espera que sean contribuciones ambiciosas en el sentido de detallar no sólo los porcentajes de reducción de emisiones, sino también las acciones que se pretenden desarrollar con los recursos disponibles y acciones adicionales en escenarios de mayor flujo de financiación por parte de fondos internacionales”, planteó.
Publicado originalmente por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
Editado por Estrella Gutiérrez
