El enredo de aristas políticas en que se metió la presidenta Dilma Rousseff dificulta la ejecución de medidas para superar los problemas económicos de Brasil, y viceversa.
Este círculo vicioso y debilitante estimula acciones y ambiciones en una oposición que poco amenazó el poder del Partido de los Trabajadores (PT) en sus 12 años de gobierno. Además fomenta divisiones en la amplia alianza gubernamental.
“La combinación negativa de política y economía se retroalimenta y deja al mercado, los aliados (del gobierno) y la sociedad en general asustados, porque el gobierno no muestra capacidad de reaccionar a los hechos, todos malos”, evaluó André Pereira, cientista político y consultor independiente en Brasilia.[pullquote]3[/pullquote]
La coalición oficialista sufrió seguidas derrotas en la Cámara de Diputados, cuyo nuevo presidente, Eduardo Cunha, se destaca como adversario aunque sea miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, la principal fuerza de la llamada “base aliada”, que conforma con el PT la mayoría progubernamental en el Congreso legislativo.
Las primeras decisiones de la legislatura iniciada el 1 de febrero fueron contrarias al Poder Ejecutivo. Una de ellas crea nuevamente una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción que golpeó duramente a la corporación petrolera estatal Petrobras.
Otra favorece las enmiendas legislativas mediante las cuales los diputados pueden destinar recursos financieros para proyectos de su interés. Eso afecta la austeridad fiscal con que el gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y quita al Ejecutivo la posibilidad de liberar esos fondos, negociando a cambio un apoyo parlamentario.
Además, diputados del mismo PT sabotean el ajuste fiscal adoptado por la presidenta desde que comenzó su segundo mandato el primer día del año, al proponer cambios en las medidas de reducción de gastos, que restringe derechos laborales o previsionales, como plazos mayores para obtención del seguro-desempleo y pensiones de viudedad.
Organizaciones sindicales y otros movimientos aliados del PT comenzaron a protestar contra recortes en derechos y beneficios al trabajador, poniendo fin al apoyo o la tolerancia con el gobierno que los sacó de la calle desde que en 2003 llegó a la Presidencia Luiz Inácio Lula da Silva.
“La política está desgobernada”, con una coalición inestable de apoyo al gobierno y un núcleo cercano a la presidenta que “no responde a las demandas y preocupaciones de la sociedad”, sostuvo Pereira en diálogo con IPS.
La demanda de la inhabilitación de la presidenta, solo un mes después de iniciar su segundo cuatrienio, se convirtió ya en una consigna de movimientos opositores. Es “golpismo”, asegura Rousseff, que sucedió a Lula en 2011.
Pereira consideró que es poco probable que tal propuesta tenga éxito, al no contar con “el trípode que sostiene el impedimento”, es decir una razón jurídica basada en un hecho concreto, como un delito de corrupción, el factor político involucrando partidos decididos a esa acción extrema y la movilización social.
Pero se trata de una bandera de movilización y radicalización opositora, ante decisiones de gobierno que contradicen el discurso electoral de la presidenta y una economía que tiende este año a la recesión, combinada con una tasa de inflación de más de siete por ciento, alta para esta potencia latinoamericana.
El hundimiento de la popularidad de Rousseff alienta las osadías. Solo 23 por ciento de los entrevistados valora positivamente a la presidenta, según un sondeo de comienzos de este mes del Instituto Datafolha. Representa su peor valoración histórica y una brusca caída respecto a fines de 2014, cuando 42 por ciento tenían una opinión favorable.
Los que consideran su gestión mala o pésima subió de 24 a 44 por ciento en dos meses. Además, 77 por ciento de los entrevistados creen que la presidenta tenía conocimiento de la corrupción en Petrobras y 60 por ciento la acusan de haber mentido durante la campaña electoral del año pasado.
“Habrá gente en las calles, tensión y violencia, pero es difícil que eso se encauce hacia una polarización”, analiza para IPS otro cientista político, Fernando Lattman-Weltman, profesor de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro.
Una radicalización, con manifestaciones callejeras, sería un juego peligroso para la oposición, porque provocaría una reacción de los militantes del PT, quienes tienen mayor experiencia y capacidad de poner las masas en las calles, acotó.
Buena parte del rechazo al gobierno del PT obedece a la corrupción. La desviación de miles de millones de dólares de Petrobras durante la década pasada, mediante pactos ilícitos entre sus directores y empresas proveedoras, para entregar abultadas sumas a los partidos, se suma al escándalo de 2005 conocido como el “mensualón”.[related_articles]
Varios dirigentes del PT fueron encarcelados como responsables de fraudes que creaban fondos para sobornar parlamentarios y asegurar su fidelidad al oficialismo. Se habló de pagos mensuales, de ahí el apodo de “mensualón”. El escándalo no impidió, pero complicó la reelección de Lula al año siguiente.
El ahora apodado “petrolón”, por centrarse en la empresa petrolera, va a sacudir el mundo político en los próximos meses, cuando se revelarán los parlamentarios y dirigentes políticos involucrados. Las investigaciones policiales se basan principalmente en delaciones de 13 acusados que canjean revelaciones por penas más cortas.
Los políticos estaban preservados hasta ahora porque los que tienen cargos de elección popular cuentan con el llamado “foro privilegiado”, por el que solo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal.
Por ello, la tensión política actual se alimenta mucho de la ansiedad y la incertidumbre. Se desconocen los efectos políticos del escándalo o cómo responderá el gobierno a la crisis, ante el silencio de Rousseff sobre la situación política.
“La intranquilidad y la insatisfacción seguirán porque la economía no mejorará pronto, tampoco la crisis del agua y energía, y las investigaciones de corrupción se prolongarán. Quizás el gobierno pueda respirar dentro de seis meses”, anticipó Lattman-Weltman.
En su opinión, más que la corrupción es la economía la que amenaza a la presidenta. Y muchos factores de esa área no dependen del juego político, como la coyuntura internacional, la crisis energética que se agravaría si sigue la escasez de lluvias, destacó.
Sí el programa de austeridad tiene éxito y se reduce la inflación y se retorna al crecimiento económico, mejoraría la situación política, sostuvo.
En ese objetivo puede ayudar el negociar con el parlamento y mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, algo que depende de la capacidad de quien gobierna, señaló.
Pero una sombra preocupa al gobierno y a la oposición en este cuadro de deterioro político y económico. Las protestas callejeras que sacudieron Brasil en junio de 2013 pueden salir de la hibernación de casi dos años y romper el juego actual de confrontación política y disputas canalizadas por vía institucional.
La campaña “Fuera Dilma” en reclamo de su inhabilitación y la amenaza de llevar a las calles las polarizadas disputas son apuestas con muchos riesgos, que la oposición deberá calibrar y moderar, según los analistas. Si lo hacen, se sabrá en poco tiempo en Brasil.
Editado por Estrella Gutiérrez
