La imagen de Muktinath Adhikari, el director de una escuela secundaria que fue asesinado durante la guerra civil de Nepal (1996-2006), se convirtió en una representación icónica de la brutalidad del conflicto, que ahora se dispone a investigar una Comisión por la Verdad y la Reconciliación (CVR).
El entonces Partido Comunista de Nepal – Maoísta (PCN-M), que lideró los 10 años de lucha armada contra la monarquía, mató a Adhikari en 2002 luego de que el director de la escuela secundaria Pandini Sanskrit, en la occidental localidad de Lamjung, se negara a «donar» 25 por ciento de su sueldo a la causa y a asistir a actos organizados por los rebeldes.[pullquote]3[/pullquote]
«Nuestra vida cambió drásticamente para peor después del asesinato de mi padre. El recuerdo de él muerto con sus manos atadas a la espalda todavía nos persigue. Queremos justicia para seguir adelante con nuestras vidas», reclamó Suman Adhikari, el hijo del director.
Ocho años después de que terminara la guerra en noviembre de 2006, finalmente el 10 de este mes se conformó la demorada CVR, que junto con la Comisión de Investigación de las Desapariciones Forzadas tomarán el caso de la familia Adhikari y de miles más que todavía esperan que se haga justicia.
Las comisiones surgieron de un acuerdo de 12 puntos entre el entonces PCN-M y la Alianza de Siete Partidos, que incluía al Congreso Nepalés, actualmente en el poder, y al Partido Comunista de Nepal (Unificado Marxista Leninista), y del Acuerdo General de Paz de 2006.
Según datos del no gubernamental Centro de Servicios del Sector Informal, una organización no gubernamental, 13.236 personas fueron asesinadas durante la insurgencia maoísta, mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja registró más de 1.350 casos de desapariciones.
Ambas comisiones tienen el cometido de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y la situación de los desaparecidos, así como fomentar la reconciliación de la sociedad nepalesa.
Muchos esperan que un sólido proceso de reconciliación también revitalice la economía, ya que 25 por ciento de los 27 millones de nepaleses viven por debajo del umbral de la pobreza.
¿Una amnistía para los criminales de guerra?
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, entre otras organizaciones internacionales, se sumaron a los activistas nepaleses para expresar su preocupación ante la posibilidad de que la ley de la CVR no cumpla con los compromisos internacionales de Nepal y conceda una amnistía para los crímenes de guerra.
Un comunicado de las tres organizaciones expresó el temor, compartido por los nepaleses, de que fallas en la ley excluyan a miles de casos del proceso de reconciliación.
Otros se quejan por la falta de consulta previa a la designación de los miembros de la CVR.
Mohana Ansari, portavoz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que el comité de recomendación de la CVR no tomó en cuenta los nombres sugeridos por su organismo. «La cultura de la impunidad no debe alentarse a cualquier precio», subrayó.
Otros temen que una ley defectuosa de la CVR genere una «reconciliación forzada», por la cual los sobrevivientes estarían obligados a acompañar un proceso que no representa sus intereses.
Surya Kiran Gurung, el novel presidente de la CVR, también tiene dudas sobre el mandato de la Comisión.
Es necesario “modificar la ley de la CVR, ya que no está claro qué sucederá con los casos que fueron presentados e investigados en los tribunales. La jurisdicción paralela puede crear problemas en el futuro”, advirtió.
Sin embargo, confía en que la CVR recomendará la modificación de la ley que la creó con el fin de asegurar el consenso y el consentimiento de las víctimas en el proceso de reconciliación. También se manifestó consciente de la necesidad de superar la desconfianza entre los sobrevivientes del conflicto y la Comisión.
«Vamos a entrar en contacto con ellos, aunque no estén dispuestos a presentarse», señaló.
Kalyan Budhathoki, de 53 años y de la central localidad de Ramechap, no comparte el optimismo de Gurung.
Él y 35 familiares huyeron de su aldea en 2000, cuando los rebeldes amenazaron con matarlos y se apoderaron de sus propiedades después de que se negaron a pagar una «donación» de un millón de rupias nepalesas.
«¿Por qué estos culpables están libres y por qué no se tomaron medidas contra quienes vendieron nuestro ganado y confiscaron nuestra propiedad?», se preguntó Budhathoki, un partidario del gobernante Congreso Nepalés, que trabaja como jornalero en Katmandú. «Aún no sentimos la presencia de la ley y el orden en este país», afirmó.
Miles de futuros en juego
El Ministerio de Paz y Reconstrucción formó un grupo de trabajo en 2006 para recopilar datos sobre los muertos, los desplazados, los discapacitados y aquellos que sufrieron daños a la propiedad durante la guerra.[related_articles]
De las 79.571 personas desplazadas internamente, solo unas 25.000 recibieron fondos de ayuda por parte del gobierno y regresaron a sus hogares antes de octubre de 2013. Un total de 14.201 familias que perdieron a un ser querido recibieron asistencia.
«Dirigentes locales que no son víctimas del conflicto recibieron indemnización y paquetes de ayuda mediante la presentación de documentos falsos y gracias a su influencia política», denunció Budhathoki. «En esta situación, ¿cómo podemos creer que la CVR, con sus miembros elegidos por los partidos políticos, no será sesgada?», cuestionó.
Activistas de derechos humanos también creen que los partidos políticos llegaron a un acuerdo sobre la amnistía general, incluso para los presuntos implicados en graves violaciones de derechos humanos.
Algunos políticos opinan que castigar a los responsables solo será un obstáculo para el esfuerzo de paz y reconciliación.
Sin embargo, Gurung, el presidente de la CVR, confía en que la labor de la Comisión no se verá afectada por la interferencia política.
«Vamos a cumplir estrictamente el mandato de la CVR de encontrar la verdad e investigar los asuntos de la época de la guerra», afirmó.
Hizo hincapié en que habrá audiencias públicas que arrojarán luz sobre toda clase de atrocidades, para que el país pueda empezar a avanzar en el proceso de reconciliación.
Aquellos como Suman Adhikari opinan que el proceso no llegará lejos sin la participación activa de los afectados. «La consulta… a las víctimas del conflicto y su participación son una necesidad para que concluya con éxito la transición a la justicia», dijo a IPS.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
