Organizaciones de derechos humanos exhortan a la comunidad internacional a presionar a Sri Lanka para que permita una investigación independiente sobre supuestos abusos cometidos por el gobierno en la guerra contra los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam (LTTE).
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, debatirá esta semana una resolución clave sobre esta nación insular del océano Índico. La iniciativa cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
Se trata de la tercera resolución sobre Sri Lanka en ese órgano desde 2012, pero la primera en que llamaría a realizar una investigación internacional sobre abusos cometidos durante la guerra civil.
El gobierno de Mahinda Rajapaksa considera que una indagación de esa clase supone una violación a la soberanía del país.
“Hemos llegado al punto en que es demasiado tarde como para esperar que Sri Lanka investigue sus propios abusos a los derechos humanos”, dijo a IPS la subdirectora para Asia Pacífico de la organización Amnistía Internacional, Polly Truscott.
“Después de años de promesas vacías del gobierno, ahora está en manos de la comunidad internacional llevar a cabo una investigación independiente”, añadió.
Otras organizaciones que apoyan la iniciativa son Human Rights Watch, el Grupo Internacional de Crisis, y la Comisión Internacional de Juristas.
“Creemos que hay grandes posibilidades de que el Consejo de Derechos Humanos ordene en esta sesión una investigación internacional”, sostuvo Sheila Varadan, consejera legal en el programa de Asia meridional de la Comisión Internacional de Juristas, en diálogo con IPS.
“Quizás no influya de inmediato en la postura del gobierno srilankés, pero enviará un fuerte mensaje de que la comunidad internacional no está dispuesta a ceder en (su exigencia de) que se rindan cuentas”, añadió.
La guerra civil en Sri Lanka enfrentó a los separatistas LTTE con el gobierno por más de dos décadas y media.
Los rebeldes exigían la autonomía del norte para la minoría tamil. La guerra concluyó en mayo de 2009, cuando el LTTE fue derrotado, con un saldo de 70.000 muertos.
En vísperas de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Lalith Weeratunga, secretario del presidente srilankés, dijo que la comunidad internacional estaba olvidando las grandes obras hechas por el gobierno en el norte.[related_articles]
Al hablar con un grupo de corresponsales en la residencia presidencial en Colombo, el funcionario destacó que la administración de Rajapaksa había gastado más de 4.500 millones de dólares en obras viales y de infraestructura en zonas tamiles.
Además, subrayó que en los últimos cinco años se removieron las minas antipersonal en 94 por ciento de la zona de conflicto.
“¿En qué otro lugar se ha visto un trabajo como este?”, preguntó Weeratunga, añadiendo que el gobierno ahora necesita más tiempo para dedicarse a temas delicados como reconciliación y reparto del poder.
Colombo también comenzó a trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja para evaluar las necesidades de las familias de los desaparecidos en el conflicto, informaron a IPS funcionarios de esa organización.
Weeratunga dijo que el gobierno espera para fines de este año las recomendaciones de la Comisión Presidencial abocada a estudiar las desapariciones.
Sin embargo, críticos de Rajapaksa sostienen que estas medidas son tardías y en su mayoría solo cosméticas.
“Es difícil no concluir que la comisión dedicada a las desapariciones es poco más que un escaparate para la comunidad internacional. Sri Lanka tiene una larga historia de comisiones similares creadas para momentos políticamente oportunos y que logran escasos resultados”, dijo Truscott.
“Probablemente es otra táctica de dilación de parte del gobierno, que intenta dar la impresión de que hace lo correcto, cuando en realidad evita asumir una genuina responsabilidad”, sostuvo.
Varadan coincidió. “No se puede confiar en que los procesos nacionales realicen investigaciones creíbles. La independencia del sistema judicial ha sido socavada en forma significativa. La única opción real son las investigaciones internacionales”, afirmó.
Para Colombo, estas opiniones son promovidas por simpatizantes del LTTE.
Rajapaksa responsabilizó a la “diáspora tamil” de la postura contra su gobierno adoptada por Gran Bretaña y Canadá.
También sostuvo que la vecina India podría apoyar la resolución en Ginebra, cediendo a la presión de los habitantes de su sureño estado de Tamil Nadu.
Asimismo, el gobierno srilankés teme perder el histórico respaldo de Japón luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visite Tokio a fines de abril.
Weeratunga ironizó que algunos de los que critican a Sri Lanka ni siquiera pueden ubicar a la isla en el mapa. “Sería injusto que aprobaran una resolución contra un país que no conocen”, afirmó.
Colombo al menos contaría en Ginebra con el apoyo de China y Rusia, así como de un importante bloque de países africanos y latinoamericanos, según dijeron diplomáticos a IPS.
