Bolivia cuenta desde hace tres años con una ley para combatir la discriminación y el racismo, pero nadie ha sido castigado con ella, pese a los centenares de denuncias.
Así lo sufrió Rebeca Javier en la suroriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una joven periodista sin rasgos distintivos especiales a la que un hombre agredió y profirió insultos usados contra indígenas, mientras ella entrevistaba a gente en la calle. A las pocas horas, el agresor estaba libre, pese a que había evidencias grabadas y testigos.
“Yo le pedí justicia a la fiscal, pero ella no me escuchó”, lamentó Javier en diálogo con IPS.
“No se tiene una sola sentencia” porque fiscales y jueces no califican los actos de discriminación como delitos penales, explicó a IPS el director general de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Leoncio Gutiérrez.
“Si hay una ley, debe haber una sanción”, declaró a IPS la defensora encargada del Pueblo, Gricelda Sillerico, que condenó “la impunidad” que sigue sosteniendo la discriminación en este país de 10,3 millones de personas, la mayoría de ascendencia indígena y que desde 2006 tiene como presidente al aymara Evo Morales.
“Los encargados de promover los procesos no son contundentes, y la justicia no puede ser permisible y tolerante”, comentó. Para ella, el problema está en el sistema de administración de justicia en Bolivia, constitucionalmente un Estado plurinacional desde 2009.
El 31 de diciembre, la fiscala del caso liberó, tras ocho horas de arresto, a Víctor Hugo Soria, el agresor de Javier, pese a la existencia de pruebas y testigos de que había golpeado, escupido e insultado a la periodista, con frases como “colla de mierda”, que usan contra mujeres aymaras sectores racistas en el occidente del país.
Javier, periodista en español de uno de los canales de televisión más vistos en la región, describió su impotencia frente a la acción de la fiscala y contó que reiteró su denuncia. Ahora el caso es investigado por una Unidad de Víctimas Especiales de la policía.
En octubre de 2010, Morales promulgó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que nació con polémica porque incorporó sanciones contra medios de comunicación por la difusión de “ideas racistas y discriminatorias”, bajo sanción de “inhabilitación temporal” de hasta un año.
Los impulsores de la norma, muy aplaudida por los pueblos originarios, trabajan más de tres años después en su difusión en “instancias sociales”, a través de ocho comités departamentales, de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, según Gutiérrez. [related_articles]
La Ley “tiene por objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación, y consolidar políticas públicas de protección y prevención”, expresa su primer artículo.
Se tipifican como delitos penales las acciones cometidas por motivos racistas, así como la discriminación, la difusión e incitación al racismo o a la discriminación, la participación en organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias y los insultos y otras agresiones verbales. Las penas van de uno a siete años de reclusión.
Sillerico cree que los obstáculos en su aplicación tienen que ver, también, con la dificultad de desarticular un “estado colonial” enquistado en la sociedad boliviana e indiferente ante el problema.
“Llama la atención que no se conozcan acciones de cumplimiento de la norma que sanciona con cárcel a estos actos, y a tres años no vemos avances en el Órgano Judicial, que es el ámbito de aplicación”, comentó a IPS la secretaria general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), Verónica Sánchez.
Eso pasa también con casos que adquieren notoriedad internacional, como el de 10 adolescentes mujeres que en 2012 pidieron inscribirse en un colegio privado de la central ciudad de Cochabamba, hasta entonces exclusivo de varones.
La solicitud ocasionó protestas de los responsables del centro, padres y estudiantes, pese a que en Bolivia una norma prohíbe que haya segregación de sexos en la enseñanza, recordó a IPS la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño.
“Las madres de los estudiantes varones advirtieron que no eran responsables de posibles actos de violación a las nuevas alumnas”, recordó la abogada, que logró la imputación de ocho dirigentes, padres de familia y docentes que rechazaban el ingreso de las estudiantes.
Las alumnas ingresaron finalmente por un acuerdo entre las partes, pero la causa penal sigue muy lenta. “No buscamos la máxima sanción; pedimos que el delito no quede en la impunidad”, para que dé un mensaje contra la discriminación de género.
Entre enero y octubre de 2013, el Viceministerio de Descolonización admitió 135 denuncias por racismo o discriminación, la mayoría por motivos de orientación sexual y grado de instrucción y 57 por ciento en entidades públicas.
La Defensoría del Pueblo recibió 1.652 denuncias entre 2010 y octubre de 2013, y los casos están relacionados con personas adultas mayores, con discapacidad, campesinos, cultivadores de coca, internos de penitenciarias, emigrantes, jóvenes y mujeres embarazadas, entre otros.
La entidad pública cita las declaraciones del senador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, que en 2012 hizo un comentario xenófobo. “De 10 colombianos, ocho son delincuentes”, dijo el congresista para justificar la inseguridad ciudadana.
“No me gustaría que nadie esté en la cárcel por un tema de discriminación, es lo peor que puede pasarnos” como sociedad, declaró a IPS el diputado afroboliviano y principal impulsor de la ley, Jorge Medina.
“La ley no es necesariamente punitiva, y su espíritu no es llenar la cárcel con discriminadores”, aclaró el legislador, también del MAS.
Medina es partidario de métodos de conciliación a través de una disculpa del agresor, pero no ocultó su preocupación por la falta de seguimiento a casos que deben ser resueltos en la justicia ordinaria.
La secretaria general de la APDHLP propuso una educación en valores de respeto a las diferencias con programas para estudiantes. “Es un tema de estructura mental” que debe cambiar con formación y políticas, remarcó.
Hasta el momento, el caso con mayor repercusión ha sido la apertura de un proceso judicial contra la agencia de noticias Fides y los periódicos El Diario y Página Siete, a los cuales el gobierno acusa de incitar al racismo por una supuesta distorsión de un mensaje pronunciado por el presidente Morales el 15 de agosto de 2012.
