“¿A largo plazo, qué nos va a dar la regulación de las autodefensas? ¿Crees que yo tengo aptitudes o vocación profesional para ser policía?”, pregunta Juan Carlos Trujillo, un activista por la paz del estado mexicano de Michoacán.
Desplazado por la violencia y con cuatro hermanos desaparecidos, Trujillo, de la localidad michoacana de Pajacuarán, no espera mucho de la última estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para enfrentar la guerra que se libra en ese estado del sudoccidente.
Los protagonistas de la batalla son, por un lado, los Caballeros Templarios, el principal cártel del narcotráfico asentado en la región y, por el otro, las autodefensas de Michoacán, una suerte de confederación de grupos civiles armados ilegalmente, que se conformó en abril de 2013, ante la falta de respuesta estatal para garantizar su seguridad.
Después de meses de enfrentamientos armados, que llegaron a un punto culminante en enero, las autodefensas acompañaron a efectivos policiales y militares en la toma el domingo 9 del municipio de Apatzingán, considerado un bastión de los templarios, sin disparar un solo tiro y sin capturar a ningún capo de ese cártel.
Unos 100 miembros desarmados de las autodefensas realizaron una marcha por la paz y aseguraron que no se irán del municipio “hasta que no se limpie”.
Esta operación sigue a la firma, el 27 de enero, de un insólito convenio entre el gobierno de México, el gobernador michoacano, Fausto Vallejo, y los líderes de las autodefensas, que responde a la decisión de Peña Nieto de incorporar a 10.000 civiles armados ilegalmente en Michoacán a los Cuerpos de Defensa Rurales de las policiales municipales.
El primero de los ocho puntos de ese acuerdo establece que “las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales”. Para ello deberán presentar una lista con los nombres de sus integrantes, y el registro será controlado por el ejército mexicano.
Las autodefensas también se obligan a registrar las armas que poseen o portan, en tanto que las fuerzas federales se comprometen “a dotarlas de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación”.
En el complicado rompecabezas de Michoacán, el acuerdo no convence a nadie.
Especialistas en seguridad han advertido del peligro de legitimar un modelo paramilitar.
Erubiel Tirado, investigador de la Universidad Iberoamericana, declaró a la revista Proceso que el gobierno “combatió ilegalidad con ilegalidad” y que ha creado, con las autodefensas, una “versión posmoderna de Chucho el Roto”, sobrenombre de Jesús Arriaga (1858-1894), un mítico ladrón mexicano que, como Robin Hood, robaba a los ricos para dar a los pobres.[related_articles]
Otra preocupación, sobre todo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, es que las mismas reglas se apliquen a los distintos grupos de autodefensas que se han creado en este país en los últimos años.
“No puedes establecerse una medida general para todas las autodefensas. Hay que entenderlo caso por caso”, dijo a IPS la abogada Karla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
A su juicio, “hay que distinguir casos como los de Cherán o la Comunitaria de Guerrero, donde las autodefensas obedecen a una forma histórica de organización de los pueblos mediante sus usos y costumbres”.
“Tampoco tenemos que volvernos todos policías porque el Estado no cumple su obligación de garantizar la seguridad. Hay muchos, dentro de los grupos de autodefensas, a los que no les interesa mantenerse armados y a medida que el Estado haga su trabajo podrán dejar las armas”, insistió Salas.
El Concejo Mayor del pueblo indígena de Cherán, de unos 13.000 habitantes, también mira con desconfianza el acuerdo.
“Tuvimos cuidado de que no se registren nuestros nombres” en el acuerdo de regularización de las autodefensas, dijo a IPS uno de los integrantes del Concejo, Trinidad Ramírez.
“Lo que proponen es cooptarlos para integrarlos a la policía… pero si la policía ha sido frecuentemente enganchada por el crimen, no podemos esperar que eso sea bueno”, agregó.
Cherán es una comunidad purépecha que se hizo famosa porque en abril de 2011 se atrincheró contra grupos criminales que saqueaban sus tierras, desalojó a sus autoridades municipales e instauró un gobierno basado en sus tradiciones. Desde entonces, el pueblo está rodeado de barricadas y protegido por sus propios pobladores.
Por las cabezas de estos purépechas no pasa siquiera la posibilidad de desarmarse.
“No vamos a dejar las armas”, aseguró Ramírez.
“Tenemos lecciones aprendidas porque la gente tiene memoria. Y porque nadie está acabando con el crimen en Michoacán”, cuyas mafias “nada más se están reacomodando”, afirmó.
El dirigente purépecha subrayó que “desmantelar a uno de estos grupos va más allá de los líderes, porque tienen una estructura de organización que si cae uno, ya tienen a quien lo sustituya”.
El escenario no podía ser más complejo y el acuerdo entre el gobierno y las autodefensas deja por ahora más dudas que certezas, además de ser visto por muchos analistas como un golpe publicitario de Peña Nieto.
Nadie se atreve a aventurar una salida cercana del conflicto, en el que el gobierno mexicano ha tenido una actitud ambivalente.
Las autodefensas proporcionan información a las fuerzas regulares y varias veces las han acompañado en operativos o en avanzadas para recuperar un pueblo bajo control de los Templarios.
Pero en otros momentos han quedado solas. El 13 de enero, el gobierno lanzó un operativo para desarmar a los grupos de autodefensa, que terminó con tres civiles muertos.
Pero no hubo tal desarme, y el 21 de enero los Templarios y las autodefensas se enfrentaron a tiros durante tres horas en dos comunidades de los municipios de Parácuaro y Apatzingán, mientras un helicóptero del ejército sobrevolaba la zona con la orden de no intervenir, según narraron cronistas locales.
“Es la estrategia ‘Iodex’, de golpe y sobadita”, dijo Arturo Cano, un experimentado reportero del diario La Jornada, de circulación nacional.
Para los pobladores de Michoacán, las posibilidades de normalizar su vida parecen todavía lejanas.
“Yo quisiera regresar a mi pueblo y hacer una organización que señale y que vigile a los gobernantes”, contó el activista Trujillo.
“Creo que estos señores de las autodefensas podrían hacer lo mismo, pero no como grupos insertados en el Estado, sino como un observatorio ciudadano. Esa es mi humilde opinión, pero ahorita… pues no hay condiciones”, sentenció.
Trujillo es una más de las víctimas de la guerra mexicana contra los cárteles de la droga, que instauró el anterior presidente, Felipe Calderón (2006-2012) y que ha dejado más de 80.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas.
