El mal olor golpea al entrar a las vistosas casas del barrio Náutico, que dan al delta del río Quibú, en la capital cubana. “La basura se acumula, huele y hasta hay movimientos de ratas”, dijo María Angélica Suárez, una vecina que se resiste a vivir así.
“La situación de la desembocadura siempre ha sido muy desfavorable… y estamos peor”, aseguró a IPS esta jubilada de 69 años, que sufre los efectos de que los desechos urbanos contaminen al Quibú, entre otras causas, por la débil inspección y aplicación de las leyes ambientales.
“La basura baja desde río arriba, se acumula y forma islotes enormes. También se amontona en el solar yermo de la otra orilla. Hace llorar ver convertido en vertedero un lugar con una vista tan linda”, lamentó Suárez, una de los 1.200 habitantes de este barrio costero y residencial.
Ella habita justo donde desemboca, tras nacer 12,1 kilómetros antes de la confluencia de los arroyos Auditor y Quiebra Hacha, en la periferia de La Habana, donde viven 2,1 millones de los 11,2 millones de habitantes de esta isla caribeña.
En su recorrido recibe agua de arroyos, pero también basuras de asentamientos rurales, urbanos y tugurios de cuatro municipios capitalinos.
Varias viviendas de Náutico y la escuela primaria Eliseo Reyes, con 280 estudiantes, se ubican junto a la de Suárez, al margen de la desembocadura.
El vertido de aguas albañales y desechos sólidos urbanos fueron señaladas entre las principales fuentes contaminantes de la cuenca del Quibú, por el proyecto “Sostenibilidad Ambiental en la Provincia Ciudad de La Habana”, publicado en 2008 y fruto de un consorcio entre universidades europeas y latinoamericanas.
Otros factores de la contaminación de sus poco profundas aguas se vinculan, de diversas maneras, a la actividad del central azucarero Manuel Martínez Prieto, de empresas biofarmacéuticas, policlínicas y hospitales o la agricultura, a pesar de existir lagunas de oxidación y una planta de tratamiento de líquidos residuales en la cuenca.
Raquel Duarte, otra vecina de Náutico, contó a IPS que “el problema es grave cuando pasa un tiempo sin llover. El río se seca y no lleva hasta el mar” los volúmenes de botellas, bolsas de plástico, neumáticos, sedimentos y otros desechos. Esa situación se agrava por el cambio climático, que intensifica las sequías, entre otros desajustes.
“Lo que han hecho las instituciones es cortar a veces los matorrales de enfrente y limpiar con excavadoras. Pero sigue pasando… y seguirá mientras continúen tirando tantas cosas al río”, opinó esta trabajadora de 57 años. “He tenido ratas aquí aunque todo lo mantengo limpio. Vienen de allá”, aseguró señalando el solar yermo. [related_articles]
“Esas basuras tienen nombre y apellido. ¿Qué les pasa a las personas que las tiran? ¿La policía y los inspectores las multan o castigan?”, se preguntó otra vecina que prefirió no identificarse.
Ángel Alfonso, director de la estatal Unidad de Medio Ambiente de Matanzas, dijo a IPS que “todos los mecanismos estatales de inspección no trabajan unidos contra las violaciones ambientales”, al ser preguntado sobre irregularidades observadas en la vigilancia e inspección ambiental.
“Falta personal y recursos”, dijo el experto. Detalló que en su área, encargada de velar por la protección ecológica de la provincia occidental de Matanzas, dispone solo de tres inspectores especializados. Por ello, su equipo capacita a otros inspectores estatales para que apliquen artículos del Decreto Ley 200, vigente desde 1997.
Esa norma prevé multas “en materia de medio ambiente” de entre ocho y 90 dólares para quien “vierta desechos de cualquier naturaleza a la zona costera” y hasta de 200 dólares, en caso de ser peligrosos. También se castigan los vertidos en general, según Alfonso.
“La gente tiene que sentir más el peso de la ley”, aseveró el funcionario, que aboga por “ampliar el diapasón de las contravenciones”.
Por su parte, los juristas Alcides F. Antúnez y Rafael Batista apostaron por “pasar del pago de multas, hacia (…) la amenaza penal, debido al incesante aumento de las violaciones ambientales” en esta nación caribeña, en un artículo publicado por la revista argentina Pensamiento Penal, en febrero de 2013.
Según estos profesores de la Universidad de Granma, a 730 kilómetros de la capital, el Código Penal debe incluir un capítulo o sección dedicado a los “delitos ecológicos”, de manera que proteja al ambiente como “bien jurídico”. Indicaron que esa sería una garantía más de la prevención, la medida más eficaz para proteger la naturaleza.
El parlamento local comenzó en octubre de 2013 las modificaciones del Código Penal de 1987 y la Ley de Procedimiento Penal de 1977, en busca de “mayor efectividad en la prevención y el enfrentamiento al delito”.
Mientras, la gente de Náutico revela otra causa poco conocida de la situación de la desembocadura de Quibú, en el oeste habanero.
El 23 de mayo de 2006, las aguas sucias del río cubrieron casi toda la barriada, un hecho sin precedentes según Duarte, quien vive en el barrio desde 1978. Para evitar más desbordamientos, se emprendió la ampliación del lecho con el financiamiento de la estatal Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos.
Duarte, auxiliar de contabilidad, ha observado que “ahora el río está menos hondo y se acumula mucho más la basura”, si bien “no han sucedido otras inundaciones”.
Suárez acotó que “no se profundizó en la ampliación”, lo que “empeoró el problema de los desechos”.
Tocando puertas, en 2007 Suárez recogió 42 firmas de vecinos y vecinas de la comunidad, que avalaron una misiva que narraba la situación deplorable del río y su desembocadura, con fotografías de apoyo. Después, entregó el documento al gobierno y las autoridades ambientales locales.
“Esta fue la única respuesta que recibimos”, dijo la jubilada, mientras extendía una carta del 17 de julio de 2007, firmada por el ingeniero Tomás Rivera, del estatal Centro de Inspección y Control Ambiental. Según la comunicación, esta entidad conversó entonces con el promotor de la obra en busca de una respuesta.
“Está previsto concluir el proyecto en el segundo semestre del año 2007, con este objetivo se deberán extraer los sedimentos y desechos acumulados en la desembocadura del río”, expresa el texto mostrado por Suárez, donde la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos se compromete, entre otros asuntos, a realizar un dragado anual.
La comunidad asegura que la obra quedó a medias y que dragaron una sola vez. “Necesitamos que se vierta menos basura y que se realicen acciones sistemáticas de higiene”, dijo Suárez.
“Las limpiezas voluntarias son más bien simbólicas”, indicó sobre las campañas que varias veces en el año organiza el proyecto de educación ambiental Acualina, surgido en Náutico. Esa iniciativa ciudadana convoca a niños, niñas, adolescentes y demás personas a aportar su granito de arena recogiendo residuos del Quibú.
