Un año después del fin de la guerra civil en Malí, a expertos en Washington les preocupa cada vez más que ese país pueda volver a la violencia, particularmente cuando las autoridades malienses continúan marginando al intranquilo norte sin realizar reformas significativas en materia política y económica.
De hecho, los separatistas tuaregs del norte citaban la marginación como su principal motivo de rebelión.
Los tuaregs se han disputado el norte de Malí desde los años 90, lanzando cuatro rebeliones y finalmente saliendo victoriosos gracias a armas que obtuvieron durante el levantamiento en Libia contra Muammar Gadafi, en 2011.
En 2012, grupos vinculados a la red extremista Al Qaeda se aprovecharon de la insurgencia y de un golpe militar para controlar el área, aunque el gobierno finalmente logró expulsar a los rebeldes islamistas con la ayuda de Francia.
Esto condujo, en junio de 2013, a un pacto de cese del fuego conocido como Acuerdo de Ouagadougou, que permitió al gobierno apostar soldados en el norte y cimentó el camino para la realización de elecciones democráticas el pasado verano.
Pero analistas advierten que los tuaregs siguen insatisfechos, pues consideran que el gobierno no cumplió con sus promesas.
“Los tuaregs en su totalidad lamentan su alianza temporal con los extremistas que los expulsaron, pero bajo ningún concepto están del todo reconciliados con el gobierno”, dijo J. Peter Pham, director del Centro de África en el Consejo Atlántico, un grupo de expertos con sede en Washington, en diálogo con IPS.
“Se hicieron promesas de mayor desarrollo y autonomía local, pero la estrategia del gobierno maliense es simplemente comprar al líder de la rebelión y no abordar las causas subyacentes. La gente tiene que ver alguna clase de beneficio por ser parte del estado, y ese no ha sido el caso”, agregó.
El domingo 12, el presidente Ibrahim Boubacar Keita concluyó un viaje de tres días a Mauritania, donde firmó una declaración conjunta para aumentar la cooperación militar bilateral, mientras Francia continúa reduciendo su presencia en suelo maliense.
Analistas del Grupo Internacional de Crisis (ICG), con sede en Bruselas, advierten que la seguridad interna del país sigue siendo frágil.
Un nuevo informe del ICG alerta que “la urgente necesidad de estabilizar la situación (de seguridad) no debería dejar de lado la implementación de significativas reformas de gobernanza y a un diálogo verdaderamente inclusivo sobre el futuro del país”.
A la misma conclusión llegó la última misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Malí.
“El crecimiento en Malí debe ser más equitativo y más inclusivo”, escribió la semana pasada Christine Lagarde, directora gerenta del FMI, en un blog.
“Esto significa que todos los sectores de la economía de Malí deberían tener acceso a las oportunidades, incluido el sector educativo, y participar en los beneficios del crecimiento”, añadió.
Una reconciliación limitada
La incapacidad del gobierno para incluir de modo adecuado al norte en el crecimiento económico maliense, que Lagarde elogió recientemente, ha obstaculizado los intentos de reconciliación.
Una vez terminado del conflicto, funcionarios públicos comenzaron a regresar lentamente al norte, aunque aún no se ha reconstruido la infraestructura en la zona.
La falta de servicios y de ayuda económica en el norte ha vuelto aún más impopular al gobierno, dando pie a varias protestas. A fines de noviembre, por ejemplo, el ejército abrió fuego contra civiles que participaban en una manifestación.[related_articles]
El ICG sugiere que las autoridades malienses se centren en el restablecimiento y la mejora de la salud, la educación y el sistema judicial. El informe también llama al gobierno a poner fin a su dependencia de grupos armados independientes para establecer el orden y a iniciar investigaciones sobre los abusos del ejército y el acoso a los civiles.
El malestar también ha obstaculizado el envío de ayuda humanitaria, mientras el país continúa careciendo de los recursos para restablecer los servicios en el norte.
En octubre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, informó que alrededor de 65 por ciento de los centros de salud en las áreas afectadas por el conflicto o bien funcionaban parcialmente o bien estaban totalmente destruidos, mientras que la mitad de las escuelas permanecían cerradas.
Pese a la impopularidad del gobierno en el norte, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma) trabaja para apoyar a la Comisión Nacional para el Diálogo y la Reconciliación Nacional, creada en marzo de 2013 para fomentar mejores relaciones entre el gobierno y los separatistas.
Pero en un informe de octubre, Ban describió al “diálogo y las actividades de reconciliación” como “limitados”.
El gobierno también organizó una serie de conferencias sobre descentralización, dando más autonomía a los separatistas tuaregs.
Sin embargo, el nuevo análisis del ICG advierte que “las reuniones deberían ser más inclusivas… y derivar en acciones prontas y tangibles”, como la postergada transferencia de algunos recursos estatales a las autoridades locales.
Quienes critican las conversaciones para la reconciliación señalan que se trata de iniciativas verticales surgidas de Bamako, la capital del sur del país, en vez de estar lideradas por la comunidad. Como consecuencia, grupos armados en el norte se han negado a participar, arguyendo que al gobierno no le interesa un diálogo real.
Una seguridad volátil
Mientras, la situación general de seguridad es frágil, con significativas transiciones en marcha.
“A causa de los limitados recursos, las quejas por el presupuesto y la demanda en otras partes, pronto se quedarán apenas 1.000 soldados franceses” en el país, advirtió Pham, del Consejo Atlántico.
La mayor parte de estos serán apostados en el sur, y no en los dos tercios norteños, dejando una fuerza de tamaño y equipamiento menor al necesario, además de ser predominantemente africana, que apenas intentará controlar un territorio muy vasto, agregó.
Rinaldo Depagne, director del ICG para África occidental, dijo a IPS que, aunque el gobierno de Malí no violó los términos del cese del fuego de junio de 2013, “hay una especie de voluntad de salirse del marco del acuerdo”.
Sin embargo, Depagne cree que hay motivos para tener esperanzas.
“Aunque ciertas partes del acuerdo aún no se respetan, eso no significa que no las respeten en el futuro cercano. No sabemos si ellos están listos para aceptar plenamente el acuerdo, pero es predecible que puedan” hacerlo, señaló.
Mientras, Ban concluyó que ambas partes habían violado el cese del fuego mediante el “movimiento descoordinado de tropas”.
Como consecuencia, las fuerzas malienses y las milicias del norte continúan enfrentándose en medio del “bandolerismo armado, nuevos ataques yihadistas (combatientes islámicos) y violencia entre las comunidades”, según el informe.
Pham también cuestionó el éxito de la intervención francesa. “Si uno cree en los números presentados por los portavoces franceses o por los africanos, alrededor de 600 insurgentes fueron asesinados en el último año, y aproximadamente poco más de 400 fueron tomados como prisioneros”, dijo.
“Esto nos deja con más de 1.000 insurgentes sin aparecer y que están o bien esperando su oportunidad escondidos en las comunidades a las que están muy integrados o bien en las montañas”, agregó.
La Minusma desempeñó un rol activo en el mantenimiento de la paz desde la ofensiva de Francia en esa zona.
Depagne dijo que aunque, actualmente hay 6.000 cascos azules en Malí, “debería haber más de 10.000”, y sugirió que las fuerzas de la ONU se desplieguen “a plena escala” en los próximos meses.
