Los esfuerzos de integración energética en América Latina han sido discontinuos, pese a que muchos tienen claro que no hay salvación si no es colectiva. Y hacia ese horizonte hay que avanzar, dicen expertos, para ahuyentar el fantasma del déficit y los altos costos que acosan a varios países.
Especialistas consultados por IPS coinciden en que las dificultades para concretar la integración energética se centran en las diferencias entre los programas de suministro de energía. Hay países con manejo estatal centralizado y otros con esquemas de participación público-privada.
También afectan la variabilidad de los precios de los combustibles, la incertidumbre en la disponibilidad de gas natural y los conflictos socioambientales en el desarrollo de megaproyectos energéticos.
Para avanzar, dicen, hay que adoptar reglamentaciones comerciales y técnicas para viabilizar el mercado internacional de la electricidad, operar sistemas de interconexión, incluyendo su armonización con las normas nacionales, y coordinar una planificación indicativa de los sistemas conectados de la región que propenda al desarrollo del mercado regional de esta energía.
[related_articles]También se deben definir criterios comunes de confiabilidad, prioridades en racionamientos y distribución de rentas de congestión.
El primer estudio a fondo sobre estos temas en América Latina se realizó en 1964, cuando se fundó la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER), que hoy componen 10 países, entre ellos los fundadores Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, además de siete empresas.
Hasta el momento, el CIER ha desarrollado una veintena de estudios que han establecido las posibilidades concretas de unión entre los sistemas eléctricos de la región.
Pero, a pesar de los estudios realizados, América Latina está lejos de concretar una integración energética, aseguró a IPS el uruguayo Oscar Ferreño, coordinador internacional de generación del CIER.
Entre los factores que impiden avanzar están la falta de voluntad política y las privatizaciones de grandes empresas públicas de producción y distribución energética, petroleras y gasíferas, que se multiplicaron en los años 90.
Ferreño precisó que sí existe un área interconectada de los países fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero advirtió que “hay una barrera natural difícil de sortear, que es la cordillera de los Andes”.
De cualquier modo, hay varias iniciativas de interconexión bilateral o multilateral que han sido analizadas. Algunas podrían concretarse, adelantó.
Un ejemplo es el proyecto de interconexión eléctrica impulsado por Uruguay y Brasil, que contempla 500 kilovoltios y una estación convertidora de alta tensión de corriente continua. La obra, cuya longitud es de unos 420 kilómetros y tiene una capacidad de 500 megavatios, se finalizaría este año y se estima que estará operativa a mediados de 2014.
Brasilia discute también con Buenos Aires y Asunción la construcción de una línea de 500 kilovoltios, de 321 kilómetros y capacidad de 2.000 megavatios para interconectar los complejos hidroeléctricos binacionales de Yacyretá, que comparten Argentina y Paraguay, e Itaipú, de Brasil y Paraguay.
El problema es que el contrato suscrito por Itaipú prohíbe la venta a un tercer país.
Mientras, en la zona andina, dos proyectos permanecen en los papeles. Uno es derivado del estudio elaborado en 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que alentó las complementariedades de los recursos energéticos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
El otro plan en ciernes es el de Interconexión Eléctrica Andina, en el que participan esos cinco países y que cuenta con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero la idea de establecer una red energética regional apunta a utilizar el petróleo de las reservas de Argentina y Venezuela, el gas de Perú y Bolivia, el sistema hidroeléctrico presente en Chile y Brasil y todo el potencial eólico y solar de la región.
Para Ferreño, “la integración energética es fundamental”, principalmente por la variación que producen las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, cuyo desarrollo tiene un vasto potencial en América Latina.
“El viento puede soplar en el sur en un momento y no en el norte, o puede estar nublado, entonces la integración facilita la homogeneización de todas las producciones energéticas naturales, lo que es fundamental”, dijo.
El director de la consultora TNS Latam, Fernando Meiter, coincidió en que “estamos lejos de una integración energética regional”. Es que “no la puede haber si no hay un marco para que, si un país tiene excedentes, se los pueda dar a un vecino. Ese es básicamente el problema”, añadió.
“Argentina tiene varios gasoductos hacia Chile y uno hacia Uruguay que en la actualidad no se usan. En el corto plazo, yo no veo” que se concrete la integración, apuntó.
Ese país exportó en forma regular gas natural a Chile hasta 2006, cuando pasó a vender pocas cantidades pues debió atender sus propias necesidades.
Chile, aún sin resolver la diversificación de su matriz energética, podría recurrir a Bolivia, otro gran productor. Sin embargo, ambos países están en constantes tensiones diplomáticas por las demandas históricas e infructuosas de La Paz de obtener una salida soberana hacia el océano Pacífico.
Actualmente, Bolivia exporta importantes volúmenes de gas a Argentina.
Según cifras de la Organización Latinoamericana de Energía, el consumo de electricidad regional alcanzó en 2010 los 1.073 teravatios/hora y altos precios, tanto en el sector residencial como en el industrial.
Datos oficiales indican que Chile se situó en 2011 como el sexto país con precios más elevados para el sector industrial entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 154 dólares el megavatio/hora.
Precisamente, explicó Meiter, entre los beneficios de la integración energética está el poder negociar precios en bloque.
“Por ejemplo, si Argentina, Chile, Brasil y Uruguay pudiesen comprar en conjunto el gas natural a cualquier productor árabe, si fuesen juntos a negociar volúmenes, el precio bajaría”, sostuvo.
A su juicio, la cordillera de los Andes no es una dificultad para la integración “porque la infraestructura ya está hecha. Entonces se trata de voluntad política”, enfatizó.
