Adnan Jan, de 20 años, fue una de las ocho personas condenadas por tratar de asesinar al expresidente pakistaní Pervez Musharraf (2001-2008). El proceso fue dudoso, al igual que su desaparición hasta que el tribunal castrense emitió su fallo.
“Mi hermano no era un terrorista”, dijo Abdul Qadoos a IPS. “Las agencias de seguridad lo detuvieron (en 2004) diciendo que tenía vínculos con Al Qaeda y el Talibán”, indicó el joven residente de la agencia Jyber, una de las siete de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).
La familia lo buscó varios años. La tentativa de asesinato ocurrió en diciembre de 2003.
“En febrero de 2005 presentamos una demanda de habeas corpus ante la Corte Superior de Peshawar, pero las agencias de seguridad negaron tenerlo en custodia y el caso fue desestimado”, indicó Qadoos.
“En junio de ese mismo año presentamos otra demanda y logramos enterarnos de que una corte marcial general de campo llevaba adelante un juicio contra Adnan y otras personas”, relató.
Hace dos años, Jan compareció ante la corte marcial que lo condenó.
“No hubo justicia porque mi cliente no tuvo derecho a un juicio justo”, dijo Habibur Rehman Afridi, abogado de Jan, en entrevista con IPS.
Pero podría decirse que la familia de él tuvo suerte, pues unas 8.000 personas detenidas por las fuerzas de seguridad nunca más aparecen.
Arif Jan, quien estudia 60 casos de desapariciones forzadas, dijo que el problema apareció en Pakistán poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
La Dirección de Inteligencia Inter-Services y la inteligencia militar detuvieron a una gran cantidad de personas en las provincias de Jyber Pajtunjwa, de FATA, de Balochistán y de Sindh.
“En la mayoría de los casos, las agencias de inteligencia negaban tener personas desaparecidas, pero luego se encontraron algunas en sus dependencias”, puntualizó Jan.
Amina Massod Janjua, cuyo marido Masood Janjua, de 44 años, está desaparecido desde el 30 de julio de 2005, creó la organización Defensa de los Derechos Humanos de Pakistán, que lleva adelante una campaña contra este problema y trata de encontrar a las personas con paradero desconocido.[related_articles]
“Recurrimos a la justicia para recuperar a unas 4.000 personas, de las cuales 1.700 de Balochistán, Kyber Pajtunjwa y FATA. Unas 2.000 de ellas se entregaron a los estadounidenses”, dijo Janjua, madre de tres niños, en entrevista con IPS.
“Mi esposo era un hombre bondadoso. Tenía un colegio de tecnología de la información y no tenía nada que ver con Al Qaeda ni con el Talibán”, explicó.
Ella cree que muchas de las personas desaparecidas están en centros de detención estadounidenses, como Bagram y Herat, en el oeste de Afganistán.
“Las dificultades y la tortura psicológica de hermanas, madres, hijas, padres, hijos y hermanos continúa. Esperemos que el nuevo primer ministro Nawaz Sharif tome medidas prácticas y contundentes para cerrar los centros clandestinos de tortura y que recuperemos a todos los desaparecidos”, añadió Juanjua.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán dijo que la vasta mayoría de las personas detenidas de forma ilegal tenían vínculos con partidos nacionalistas de Sindh y Balochistán, los que mantuvieron una fuerte oposición contra el gobierno militar de Musharraf.
Un caso que salió a la luz pública fue el de la médica Afia Siddiqui, desaparecida desde 2003 y de quien se sospechaba que tenía vínculos con la red extremista Al Qaeda, y que finalmente apareció en un centro de detención de las fuerzas de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Pakistán, la Corte Superior de Lahore y la Corte Superior de Peshawar logaron liberar a unas 2.000 personas detenidas por el aparato de seguridad.
Los defensores de los derechos humanos no saben si los desaparecidos están vivos o muertos.
El abogado Farhatullah Jan, un mayor retirado, dijo que el esposo de su cliente, Shaukat Ali, y su cuñado, Sardar Ali, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en agosto de 2010 en el distrito de Mardan, en Jyber Pajtunjwa.
Pocas semanas después apareció el cuerpo de Sardar Ali en el distrito de Kohat, en la misma provincia. Pero Shaukat Ali sigue desaparecido.
En septiembre de 2007, Amnistía Internacional dijo que agentes de la inteligencia pakistaní secuestraban gente con pocas o ninguna prueba de tener vínculos con Al Qaeda y se la vendían a Estados Unidos.
El Comité parlamentario sobre Seguridad Nacional dijo el 8 de enero de este año que cualquier agencia o departamento que prive de libertad a una persona debía ajustarse al artículo 10 de la Constitución y que las actividades de las agencias de inteligencia debían estar reguladas.
Las personas detenidas deben comparecer ante un tribunal dentro de las primeras 24 horas después de su arresto.
Pero no cambió nada en el funcionamiento de las agencias de seguridad, se lamentó Amina Janjua.
En septiembre del año pasado, el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para desapariciones forzadas o involuntarias, de cuatro miembros, aplaudió “la voluntad declarada del gobierno pakistaní de atender esta cuestión”, pero observó que tiene “serios desafíos” por delante.
Los expertos de la ONU aplaudieron el papel desempeñado por la justicia. Pero señalaron que faltaba información.
“Vemos que se siguen denunciando casos, pero hay discrepancias sobre las cifras y sobre la naturaleza de la práctica de la desaparición forzada”, explicó Olivier de Frouville, presidente del grupo.
El gobierno informó a la Corte Superior de Peshawar a principios de este año que las fuerzas de seguridad habían enviado a las más de 400 personas detenidas durante la ofensiva contrainsurgente realizada en 2009 en el distrito de Swat a centros de internamiento, donde las familias podían visitarlas.
El juez retirado Javid Iqbal, presidente de la comisión para personas desaparecidas, creada por el gobierno, dijo que había 560 personas con paradero desconocido en Pakistán, entre las cuales 18 de Islamabad, 117 de Punjab, 174 de Sindh, 170 de Jyber Pajtunjwa, 57 de Balochistán y 12 de Azad Kashmir y otro tanto de FATA.
Pero Amina Janjua discrepa con la cifra oficial, “rondan los miles de personas”, aseguró.
