Una mujer ayacuchana de 65 años busca a su hijo entre círculos formados por miles de pequeñas piedras grisáceas. Cada una de ellas, que caben en una mano, lleva tatuado el nombre de una víctima de los años de enfrentamiento en Perú entre las fuerzas de seguridad del Estado y las guerrillas izquierdistas.
“¡Aquí está mi hijito, aquí está!”, grita la mujer explotando en llanto. Su hijo desapareció hace 30 años, nunca encontró sus restos, una prenda, un rastro. Solo hoy esta piedra.
Se llama Venesia Ávalos y llegó a Lima desde Ayacucho para participar en las actividades de conmemoración por los 10 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó los crímenes perpetrados en el marco de la represión, entre 1980 y 2000, a las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
La CVR calculó que en ese lapso hubo más de 69.000 víctimas, la mayoría quechuhablantes.
Pero Ávalos no está sola. Decenas de familiares de las víctimas de las regiones más golpeadas por la violencia de esos años llegaron el miércoles 28 a Lima para reiterar principalmente dos demandas: reparaciones integrales y efectivas, y la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Son dos enormes deudas que aún el Estado no ha logrado atender de manera satisfactoria, remarca la resolución defensorial 162 que acaba de publicar la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Hasta marzo, el Estado cumplió con entregar las reparaciones individuales a solo 37 por ciento de las 78.000 personas registradas para recibir este beneficio, mientras que en reparaciones colectivas se avanzó en 33 por ciento, según cifras oficiales.
En la búsqueda de desaparecidos, el trabajo sigue más lentamente. Hasta abril se recuperaron 2.418 cuerpos de los sitios de entierro, de los cuales apenas 1.371 fueron entregados a sus familiares.
[related_articles]“Si consideramos que en 10 años se han recuperado unos 2.000 cuerpos, a este paso se necesitaría en el mejor de los casos unos 80 años para recuperar a las 16.000 víctimas que el Estado calcula (que están en los sitios de entierro) de manera subestimada”, señala el libro “Los muertos de Ayacucho”, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh).
Uno de los lugares donde se congregaron el miércoles las víctimas que buscan precisamente a sus muertos fue el Memorial “El Ojo que Llora”, donde Ávalos halló la piedra con el nombre de su hijo, Rigoberto Huamaní Ávalos.
Este espacio cuenta con un laberinto de cantos rodados y una roca instalada al centro, con un ojo insertado que lagrimea sin cesar al mismo tiempo que discurren los episodios de horror, la tristeza, los reclamos y la impotencia de los sobrevivientes.
“Compañeros del colegio de mi hijito ya son profesores, así también podía ser él. Ya tienen sus familias, así también podría estar mi hijo”, declaró Ávalos a IPS.
Rigoberto era su primogénito. En 1983, las fuerzas de seguridad se lo llevaron de su escuela junto a su maestro y otros compañeros, narró la madre llena de rabia y a quien le parece una burla haber recibido 10.000 soles (3.600 dólares) de reparación.
“¿Esa plata vale mi hijo?”, preguntó esta madre integrante de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú (Anfasep), que hace 30 años se fundó en Ayacucho para exigir la búsqueda de las víctimas. Preciamente, la CVR existió en respuesta al reclamo de estas mujeres.
Los familiares exigen que el gobierno cumpla con entregar como reparación económica individual el equivalente a 30 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), es decir 39.000 soles (unos 13.900 dólares) por cada víctima.
Isabel Coral, quien fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y se encargó de conseguir en 2011 este compromiso del gobierno, dijo a IPS que ese monto de reparación fue un acuerdo al que llegó directamente con el presidente de Perú, Ollanta Humala.
“Le expliqué a Ollanta que la violencia había sido tan atroz para estas personas, que se les había quitado todas sus estrategias para rehabilitarse y desarrollarse solos, que se necesitaba una reparación integral, efectiva y con urgencia”, relató.
Coral contó que aceptó redactar el capítulo referido a las reparaciones del plan de gobierno de Humala, a cambio de que cumpliera con las víctimas si asumía el gobierno, como ocurrió. Pero hoy no “hay voluntad política” ni se actúa de manera “consecuente” y se ha optado por repartir el dinero en “gotas”, advirtió.
Cada familia de la víctima recibe 10.000 soles que debe repartirse entre sus miembros: esposa o esposo, y los hijos. Pero la aplicación de las normas varía en cada caso.
Ervenciana Huancahuari perdió en la masacre de Lucanamarca (distrito de la región centroandina peruana de Ayacucho) a su mamá, a su esposo y a una hermana. A su vez, otras hermanas perdieron a sus esposos.
Ella es un eslabón de una cadena de desapariciones. Tiene 64 años y solo ha recibido 5.000 soles porque debe cumplir los 65, según la ley, para que le den la otra mitad del dinero.
El dinero que le entregaron a Huancahuari ya se repartió entre sus cinco hijos. Cada uno recibió 1.000 soles (357 dólares) que ya se esfumaron. Ella no recibió nada, refirió. “¿Sin comer vamos a estar? ¿Mi mamá (muerta) es una vaca? ¿Es un toro para que nos den 5.000 soles?”, cuestionó ante IPS.
El presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (Conavip), José Sayán, explicó a IPS que las 14 organizaciones de familiares que representa exigen la modificatoria del decreto 051-2011, que plantea la reparación de los 10.000 soles por víctima y que fue aprobado por Alan García en su segundo gobierno de 2006 a 2011.
Coral aseguró que en diciembre de 2011 presentó una propuesta para que el Poder Ejecutivo modifique el decreto con la aprobación de 11 ministerios, pero la cartera de Economía y Finanzas trabó la iniciativa.
Hasta ahora la modificatoria sigue congelada. Sayán y otros dirigentes se reunieron este miércoles 29 con los parlamentarios para que impulsen el tema.
Por su parte, Rocío Paz, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló a IPS que el gobierno ha avanzado en el plano normativo pero no en su implementación.
El interino defensor del Pueblo, Eduardo Vega, dijo que hay un “estancamiento” y un “retroceso” en las acciones de justicia y reparación. El presidente de Comisedh, Pablo Rojas, expresó la misma desazón, pero también rescató que la participación de los familiares en el décimo aniversario del informe de la CVR reafirma “la necesidad urgente de políticas públicas” para ellos.
En respuesta, el secretario ejecutivo de CMAN, Adolfo Chávarri, dijo el jueves 29 a la agencia oficial Andina que con este gobierno hay más avances que con el anterior, y que el apoyo no solo es económico sino que se otorgan becas educativas y se brinda acompañamiento psicológico a los familiares en la entrega de los restos de las víctimas.
Pero Dora Astuñaupa, quien perdió a su padre durante el conflicto, en la selva central de Satipo, reclamó no haber recibido nada hasta ahora. Tiene los ojos brillantes de tristeza y de ira. Asegura que una promesa ya no es suficiente.
