El bangladesí Ataur tenía 18 años cuando llegó a Estados Unidos sin documentos, en 1991. Trabajaba en dos lugares a la vez y ganaba unos 35 dólares diarios en total.
El chino Vincent ingresó a Estados Unidos de forma clandestina en 2001. Sus condiciones laborales fueron incluso peores que las que encontró Ataur 10 años antes. Trabajó en varios restaurantes chinos, entre 60 y 70 horas semanales, por unos 300 dólares al mes, a un promedio de un dólar por hora.
Ambos pidieron ser identificados solamente con sus nombres de pila.
“En Nueva York, si uno va por la calle y les pregunta a 10 personas, estoy seguro de que por lo menos cinco o seis son indocumentadas”, dijo Vincent a IPS, tomando un café en el barrio chino de esta ciudad.
En Estados Unidos viven más de 11 millones de trabajadores indocumentados, y se estima que dos millones de inmigrantes trabajan en Nueva York.
Son taxistas, trabajadoras domésticas, empleados en restaurantes, en la construcción y en el comercio minorista. Cobran menos de los 7,25 dólares por hora que constituyen el salario mínimo en Nueva York, y a menudo padecen malos tratos de sus empleadores.
Pero sus vidas pueden cambiar drásticamente si la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley de inmigración, al que el Senado dio luz verde a fines de junio.
La iniciativa ofrece a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de tramitar la ciudadanía, pero también refuerza la seguridad fronteriza y permite que las empresas revisen los números de seguridad social de los trabajadores mediante un programa de verificación electrónica.
[related_articles]El programa pondrá “a cada persona indocumentada a un clic de distancia de que la notifiquen o la deporten”, según Monami Maulik, directora ejecutiva de Desis Rising Up and Moving (Drum), una organización de inmigrantes de bajos ingresos procedentes de Asia meridional, ubicada en Jackson Heights, Queens, y que cuenta con 2.000 integrantes.
“Nuestros miembros y muchos de otras comunidades de inmigrantes están realmente desilusionados con esta ley. Está resultando cada vez más represiva, con medidas más duras”, dijo. “La seguimos muy de cerca”, añadió.
Después de los latinoamericanos, los sudasiáticos constituyen el mayor grupo de indocumentados en Nueva York, agregó.
Salarios robados, presión mental y temor
“Los empleadores tienden a decir: ‘Te contrato aunque seas ilegal, así deberías agradecer sin importar cuánto te pague’”, explicó Vincent a IPS.
Como hay tantas personas indocumentadas dispuestas a trabajar a cambio de salarios extremadamente bajos, otros trabajadores necesitados sienten la presión de aceptar las mismas condiciones, independientemente de cuáles sean su estatus inmigratorio y su nacionalidad.
La hermana de Ataur, Amana, llegó legalmente a Estados Unidos, pero igual cobró por debajo del salario mínimo durante ocho años.
La presión mental en el lugar de trabajo también es enorme. “Cuando uno llega tarde, lo despiden. Cuando uno está enfermo, lo despiden. Cuando uno se queja de algo, ellos pueden despedirlo”, dijo Vincent.
Maulik señaló a IPS que, “a menudo, los patrones pasan una semana, o incluso meses, sin pagarles a sus trabajadores. En una ocasión estuvieron un año sin pagar. Ellos hacen cosas como retener los pasaportes (de los empleados) o amenazar con llamar a Inmigración si reclaman los salarios” adeudados.
En 2009, Drum lanzó las “clínicas de derechos de los trabajadores”, instancias mensuales para ayudar a los inmigrantes a reclamar los salarios robados y para crear conciencia sobre sus propios derechos.
En una entrevista telefónica, la bangladesí Sayma Jun relató a IPS cómo se las arregló para recuperar, con la ayuda de Drum, 5.000 dólares que le debía su empleador anterior.
De modo similar, en 2008, Vincent, junto con otros 35 compañeros de trabajo, presentaron una demanda contra su patrón, en este caso con la ayuda de la Asociación de Personal y Trabajadores Chinos (CSWA, por sus siglas en inglés), con sede en el barrio chino de Nueva York.
Pero apenas presentaron la demanda, el restaurante en el que trabajaban cerró. Reabrió sus puertas un tiempo después, en un lugar diferente y bajo un nuevo nombre, estrategia ampliamente utilizada por propietarios chinos para evitar demandas, según Vincent.
“Según las leyes federales, esto no debe ocurrir. Incluso los trabajadores indocumentados están protegidos bajo las leyes laborales estadounidenses en lo relativo a un salario mínimo”, dijo Maulik a IPS.
Para iniciar una investigación en ese vecindario sobre el respeto a los derechos de los trabajadores, el Departamento de Trabajo necesita cierta cantidad de denuncias individuales. Pero a menudo, los empleados son reticentes a presentarlas por temor a que sus patrones tomen represalias y a que los deporten.
El esposo de Nadera Kashem, una bangladesí que integra Drum, corre el riesgo de que lo deporten desde que lo atraparon, el año pasado, durante un operativo policial en la perfumería en la que trabajaba. Como no tenía documentos, lo enviaron a un centro de detención de inmigrantes, donde permanece desde hace 17 meses.
En estos casos, “el empleador debe ser castigado, pero eso siempre significa que el trabajador es el que recibe el castigo”, dijo Maulik.
En el plano local, son los policías quienes hacen cumplir las normas de inmigración, y las organizaciones de derechos de los inmigrantes suelen acusarlos de discriminación.
“El mayor temor de una persona indocumentada es el oficial de policía local, porque es quien lo va a detener, le pide su identificación y, posiblemente, lo deporte”, señaló Maulik.
En junio, el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó dos proyectos de la Ley de Seguridad Comunitaria que establecen mecanismos de responsabilización para el Departamento de Policía de esta importante urbe, y que permiten a los ciudadanos presentar denuncias por mala conducta de sus oficiales.
Alentando a reclamar
“No vemos un futuro. ¿Por qué todavía trabajamos como esclavos? Es por eso que organicé a mis compañeros de trabajo. Queríamos mejorar las condiciones laborales, y no solo para nosotros”, dijo Vincent a IPS.
Antes de integrarse a la CSWA, explicó, ni siquiera sabía que existiera un salario mínimo o qué significaba “horas extra”.
Kazi Fouzia, una activista comunitaria nacida en Bangladesh que se unió a Drum en 2010, suele decirles a otros trabajadores inmigrantes: “Organizarte te protege, nunca te mete en problemas”. Su objetivo es alentarlos a hablar y a plantear sus reclamos.
Fouzia trabajaba en un comercio de venta de “saris”, en Jackson Heights, Queens. Su empleador tenía tres locales. Un día le pidió que fuera a buscar algunas prendas al negocio de enfrente. Mientras cruzaba la calle, un automóvil la atropelló y la arrojó a casi cuatro metros de distancia.
Su empleador no le permitió llamar al 911 porque no tenía documentos. Sufrió múltiples fracturas en su hombro, pero no tenía seguro, así que apenas le prescribieron unos analgésicos. Al día siguiente descubrió que la habían despedido.
