Un año después de endosar los principios de la economía verde en la cumbre de Río +20, América Latina presenta un avance dudoso hacia modelos de desarrollo sostenible.
Esta es al menos la opinión dominante entre fuentes expertas consultadas por IPS.
La región «en general está en una situación precaria; si bien ha habido esfuerzos de política pública por integrar el capital natural como objeto de sostenibilidad económica, los casos son muy contados. No hay un enfoque transversal y comprensivo», dijo a IPS la directora del Instituto Global para la Sostenibilidad (IGS), Isabel Studer, del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Los países «han basado su crecimiento económico en la explotación de los recursos naturales y esto ha agravado una situación que de por sí no era de lo más halagüeña. No se ha integrado la sostenibilidad ambiental dentro de la política económica», indicó.
El IGS participa en un estudio comandado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre experiencias exitosas de economía verde en naciones desarrolladas y en desarrollo, que concluiría a finales de este año.[related_articles]
Pero, ¿de qué estamos hablando al mentar «economía verde»?
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es «un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escaseces ecológicas significativas».
Para el PNUMA, la inversión verde puede contribuir a reducir la demanda de energía y agua y la huella de carbono de la producción de bienes y servicios, además de aportar al combate de la pobreza y la desigualdad social.
«Primero hay que conocer las condiciones de la economía y luego las que pueden ser aplicadas. Primero viene un análisis de las maneras y los sectores prioritarios para transitar hacia una economía verde», analizó Dolores Barrientos, representante del PNUMA en México.
«El avance fundamental es el reconocimiento de fallas en el sistema económico, que eventualmente pueden ser subsanadas con mejores políticas públicas y que puedan incluir los grandes temas de la economía verde», señaló.
La declaración «El futuro que queremos», adoptada en junio de 2012 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, considera que la economía verde es uno de los instrumentos más importantes para lograr la sostenibilidad y que puede ofrecer alternativas para la formulación de políticas.[pullquote]3[/pullquote]
Al mismo tiempo, reconoce los diferentes enfoques, visiones y modelos, en función de las circunstancias y prioridades nacionales.
Gobiernos, universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas registraron ante el secretariado de la conferencia 741 iniciativas voluntarias en sectores como energía, transporte, agricultura y salud. Brasil inscribió 72, México apuntó 47 y Perú, 25.
El PNUMA ha dicho que se necesitan anualmente más de 1.300 millones de dólares en iniciativas sustentables para contrarrestar el agotamiento de los recursos y disminuir la producción de sustancias contaminantes.
Para 2030, México requerirá inversiones de 64.000 millones de dólares en generación eléctrica, petróleo y gas, agricultura y silvicultura, consumo de energía y transporte para generar menos emisiones contaminantes, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial.
El Banco prefiere hablar de «crecimiento verde e inclusivo» y pone el acento en experiencias que ya se están aplicando en muchos países de la región.
Pero gobiernos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, especialmente del mundo en desarrollo, cuestionan los postulados de la economía verde con el argumento de que se mercantilizará la riqueza natural, sin dar respuesta a problemas de fondo, como la pobreza y la desigualdad, que es muy grave en América Latina.
En su estudio «Estrategias de desarrollo de países latinoamericanos y caribeños seleccionados y su aproximación a la economía verde. Un análisis comparativo», el PNUMA evaluó los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, cuyos gobiernos descreen de la presentación de la economía verde.
El documento constató que, «a pesar de que la mayoría de países analizados han integrado en sus estrategias de desarrollo ciertos elementos que rigen la relación de personas y comunidades con el ambiente y las rutas para alcanzar la sustentabilidad, hay una brecha entre las posturas de los países, a menudo muy innovadoras expresadas en la esfera internacional, y sus actuales políticas de desarrollo».
«El reto es hacer cambios sustantivos de manera integral en la economía nacional. Las políticas públicas pasan por las políticas macroeconómica, financiera, fiscal y de innovación. (La economía verde) puede ser motor para corregir desigualdades», precisó Studer.
La académica opina que «la economía verde no es opcional, porque se van a agravar los problemas existentes. Ofrece oportunidad de desarrollo de nuevas industrias, de energía renovable, de reciclaje de materiales; pero requiere de un esfuerzo gigantesco para incluir externalidades en los precios y evaluar costos de oportunidad».
En agosto se ofrecerán resultados sobre buenas prácticas en Alemania, China y Australia, vinculadas al manejo del agua e incentivos a las energías renovables.
En general, los especialistas coinciden en que es urgente adoptar medidas para hacer más eficiente el uso de la energía y los recursos hídricos y para manejar los residuos y el transporte.
México está por concluir un estudio sobre agricultura, capital natural, transporte, agua y empleos verdes, que puede ser insumo para que los tomadores de decisiones diseñen políticas.
Otros países de la región empiezan a estudiar y analizar diferentes sectores bajo esta óptica.
«La clave es que los países se convenzan de las recomendaciones de la economía verde, que luego hagan un análisis importante sobre dónde hay oportunidades para aplicarla, y que ejecuten esas acciones», planteó Barrientos.
El estudio del PNUMA aconseja establecer mecanismos internacionales que garanticen que una economía verde contribuirá a la erradicación de la pobreza, respetará la soberanía de las naciones, facilitará la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y permitirá una distribución equitativa de la riqueza.
